MIERCOLES Ť 25 Ť JULIO Ť 2001
Ť Su diagnóstico, sesgado; sólo favorece a la IP, dicen
Critican grupos sociales plan forestal del gobierno foxista
Ť Proponen la realización de consultas en zonas rurales para conocer el verdadero sentir de propietarios de la tierra
ROSA ROJAS
Un severo cuestionamiento al Plan Estratégico Forestal para México 2025 (PEF), del gobierno de Vicente Fox, hicieron líderes de las cinco organizaciones sociales forestales más importantes del país, al señalar que se parte de un diagnóstico "sesgado" que menciona que la principal causa de deforestación es el tipo de tenencia de la tierra, "lo que parecería sugerir que la solución a la deforestación sería la privatización de bosques y selvas".
Criticaron también que privilegia a la iniciativa privada como motor del desarrollo forestal y no toma en cuenta a ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios -dueños de 80 por ciento de los bosques y selvas del país- para la planeación y ejecución del mismo, ni hay en él un mecanismo de concertación con los productores.
La Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Mocaf), la Unión Nacional de Organizaciones de Forestería Comunal (Unofoc); la Unión Nacional de Ejidos y Comunidades Forestales de la Confederación Nacional Campesina (Unecof), la Unión Nacional de Productores Forestales y Frutícolas de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (Unprof) y Profoagremex, son las organizaciones que se han estado reuniendo para consensuar una posición común frente al PEF.
El PEF fue elaborado por una consultora finlandesa para la Comisión Nacional Forestal (Conafor), que preside Alberto Cárdenas Jiménez. El informe final, que ya está disponible en Internet, subraya que fue elaborado mediante un amplio proceso participativo "que involucró a más de 300 organismos e individuos", lo que "le otorga legitimidad al plan".
Valoración incompleta
En entrevista conjunta, líderes de los citados grupos -excepto Ramiro Robledo, de Unofoc, entrevistado por separado- señalaron que ha terminado la primera fase de validación del PEF "pero hay algunas inconformidades en el sentido de que la valoración no ha sido lo suficientemente amplia y hay el temor de que no se recoja el verdadero sentir o los intereses de los dueños de los bosques y selvas". Señalaron que deben realizarse consultas sobre el programa en las zonas rurales llevándolas incluso hasta el nivel municipal.
Gustavo Sánchez, de la Red Mocaf, improvisado vocero del grupo, precisó que un punto medular del PEF que el sector social forestal considera debe modificarse es la parte del diagnóstico, que parece sugerir que la solución a la deforestación sería la privatización de los bosques y selvas, "lo cual es una visión bastante sesgada a posiciones muy conservadoras".
Para las organizaciones sociales de productores forestales, "la principal causa de la deforestación es una política subordinada a la política agropecuaria y tradicionalmente los bosques y selvas han sido una especie de reserva territorial para la expansión de la agricultura y la ganadería y es hasta hace pocos años que se empiezan a manejar términos como producción sustentable o aprovechamiento sustentable. No es gratuito que apenas a partir de 1997 se generan los primeros esquemas de estímulos directos al sector como son el Prodefor (Programa de Desarrollo Forestal) y Prodeplan (Programa de Plantaciones)".
"Hay otros puntos en los que consideramos que no se está considerando la participación de los productores como es la vigilancia comunitaria, la prevención, control y combate de incendios forestales y las plantaciones comerciales. Se sigue considerando ésta una actividad exclusiva del sector privado, cuando en la última convocatoria del Prodeplan el sector social está rebasando ampliamente los recursos que hay disponibles".
En la convocatoria del Prodeplan para este año, "no llegaron a 20 las propuestas de empresarios, mientras que por parte del sector social hay alrededor de 600 solicitudes de apoyo. Tampoco es una posición de que queramos excluir al sector privado, cada quien tiene su papel, pero las plantaciones forestales no son exclusivas".
Robledo, de Unofoc, aseveró que desde 1997, cuando salió la primera versión del Prodeplan, sólo se tomaba en cuenta a la iniciativa privada. Eso ocasionó que buena parte de los recursos destinados a ese programa no fueran usados, "los funcionarios no tenían idea de qué estaban haciendo".
Al margen, el sector social
"El nuevo gobierno tiene su enfoque muy particular del sector forestal, dejando al margen al sector social". Indicó que también el Prodefor ha sufrido una serie de modificaciones pero muy parciales, "beneficia sobre todo a los prestadores de servicios (técnicos) y deja operativamente al margen a ejidos y comunidades".
Respecto al Prodeplan, Sánchez abundó: "Debe formarse una alianza entre el capital privado y el sector social pero en términos equitativos, no una relación leonina porque las empresas privadas que están plantando en el sureste se están enfrentando con la realidad de que están teniendo que ajustar seriamente sus metas porque no tienen el acceso a la tierra tan fácil; la gente no va a rentar sus tierras por cantidades insignificantes y el caso más concreto es el de Planfosur, que está reduciendo de 21 mil a 8 mil hectáreas sus metas precisamente por esta situación".
Manuel Montes, de Unecof, informó que otro acuerdo es que se va a exigir un lugar para los productores del sector social forestal en la junta de gobierno de la Conafor "en una forma parecida al Infonavit, al ISSSTE, incluso en Pemex los obreros son miembros del consejo de administración, aquí no, ni siquiera hay una gerencia de asistencia o concertación social".
Montes apuntó que el planteamiento del PEF de revisar la estructura de tenencia de la tierra -lo que requeriría reformar otra vez el artículo 27 constitucional- "no lo vamos a permitir, sería otro retroceso, es un sueño guajiro. ƑQué quieren, que regresemos a los latifundios?", cuestionó.
Al respecto, Federico Sánchez, de la Unproff, apuntó que la pequeña propiedad forestal es de 800 hectáreas, eso está bien definido y "cualquier modificación que se pretenda aplicar debe ser consensuada antes con los productores y con los actores del sector forestal".
"Los dueños de las tierras somos nosotros"
Montes criticó también el señalamiento del PEF de que será la iniciativa privada el motor del desarrollo forestal, porque "los dueños de las tierras somos nosotros y entonces Ƒdónde van a invertir empresarios?". Añadió que deben modificarse las leyes forestales y ambientales y la Ley Federal de Aguas para que se le paguen a ejidatarios y comuneros los servicios ambientales que prestan a la sociedad. "Si los dueños del bosque somos los que producimos el agua, por darle un ejemplo, nosotros tenemos derecho a que la Comisión Nacional del Agua nos pague un porcentaje por cada metro cúbico".
"Le voy a dar un dato: el agua de las presas en Sinaloa y en Sonora se produce en Durango y otra parte en Chihuahua, pero resulta que los duranguenses y los chihuahuenses no reciben ningún beneficio, sólo grandes exportadores, los ricos de Sinaloa. Ahora ya están preocupados porque no hay agua desde hace 10 años, debido a la deforestación".
Otro punto "es crear un fondo -como lo hacen los ganaderos y los cañeros- de productores forestales, y que por cada metro cúbico de madera se forme un fideicomiso para la asistencia de los productores sociales".
Alfonso Alvarez, de Profoagremex, subrayó que se han solicitado audiencias a los titulares de Semarnat, Conafor y al mismo presidente Fox, "y ninguno de los tres nos ha recibido".
"Queremos pedirle a estas tres personas que incluyan directamente a los dueños y poseedores en sus programas dado que son los únicos capaces de cuidar y mantener el bosque, son los actores principales de todo este tipo de programas".
Los entrevistados reconocieron que hay un retraso de casi dos meses en el ejercicio presupuestal del Prodefor. Gustavo Sánchez indicó: "esperamos que en un plazo corto se termine esta etapa de transición entre Semarnat y Conafor y se pueda recuperar el tiempo perdido. Hay mecanismos para recuperarlo siempre y cuando haya una solidez institucional, que cada quien sepa cuál es su competencia y se ponga a operarla".