Ť López Bárcenas considera determinante la intervención de la Suprema Corte
Los agraviados por la reforma indígena pueden recurrir al amparo, afirma el INI
ANGELICA ENCISO L.
Las comunidades y grupos étnicos que se oponen
a la reforma constitucional de cultura y derechos indígenas pueden
recurrir al amparo como agraviados por esta legislación, señaló
Francisco López Bárcenas, director de Procuración
de Justicia del Instituto Nacional Indigenista (INI). Explicó que
si se dan cinco resoluciones favorables en forma consecutiva se sienta
precedente para que otras comunidades puedan utilizar este recurso.
Consideró determinante que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación intervenga en este caso, porque además
de asumir una posición imparcial y de haber estado hasta ahora alejada
del debate, ha dado muestras en los últimos años de sensibilidad
en los problemas políticos que ha debido resolver.
En el foro La ley indígena en Oaxaca, donde participaron representantes de comunidades de la entidad que manifestaron su rechazo a la iniciativa porque no cumple con los acuerdos de San Andrés ni fue consultada con los pueblos indígenas, también se presentaron cuestionamientos por las ausencias del gobernador José Murat y del director de Asuntos Indígenas, Carlos Moreno, quienes fueron invitados al encuentro.
La ley es rechazada por las comunidades porque no resuelve los problemas de territorio, no se considera a los indígenas como sujetos de derecho público ni tampoco su acceso a los recursos naturales, puntualizó Jorge Martínez, representante del Centro de Derechos Indígenas de Oaxaca.
Agregó que en este momento el gobernador está
en campaña diciendo que defiende los derechos de los indígenas,
pero en la práctica se contradice, porque hay problemas en las comunidades
del estado, como en San Juan Malinaltepec, donde el gobierno no quiere
reconocer a las autoridades electas y los comuneros son víctimas
de caciques.
López Bárcenas explicó que la ley
indígena no cumple con los convenios internacionales y tampoco con
la resolución de las causas que dieron origen al conflicto en Chiapas.
Detalló que en el caso de las controversias constitucionales la
sentencia golpea todos los afectados, pero cuando se trata del amparo el
beneficio es individual pero puede sentar precedente y la resolución
se vuelve obligatoria para las comunidades que hagan uso de este recurso.
La ley indígena aprobada por el Congreso de la Unión y por 17 congresos estatales no reconoce el aspecto de la consulta a los pueblos, lo cual ya estaba comprometido por el gobierno al haber aceptado cumplir con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, agregó.
Precisó que la controversia constitucional es viable en el caso de la impugnación del proceso mediante el que fue aprobada. Recordó el caso de Puebla, donde un municipio interpuso este procedimiento impugnando el proceso y no fue consultado.
En Oaxaca, donde la legislación indígena es más avanzada que la reforma aprobada, existe el problema de que la Constitución federal no reconoce derechos. Tanto en esta entidad como en otras donde se legisló después de los acuerdos de San Andrés "hay una simulación muy fuerte", porque se incluyen derechos que por disposición constitucional únicamente puede reglamentar la Federación, como los derechos sobre tierra, recursos naturales, medios de comunicación, territorios y desplazamiento, indicó.
"Casi todas las legislaciones que aparecen después de San Andrés tienen estos derechos, pero en realidad son nulos porque la Constitución establece que son competencia de la Federación. Esta reforma constitucional, así como está, era innecesaria, ya que por disposición constitucional lo que no es facultad de la Federación lo es de los estados", acotó.
Por su parte, Carmen Santiago, del Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, dijo que se debe hacer oír otra vez la palabra de los pueblos indígenas que demandan la aprobación de la ley Cocopa. Ahora, indicó, las comunidades se organizan en un foro para determinar las acciones que emprenderán en los próximos días.
Protesta perredista en Guerrero
El PRD envió una misiva al gobierno guerrerense en la que protesta por la represión y hostigamiento contra varios dirigentes sociales que se han opuesto a la aprobación de la ley indígena y que hacen frente a acusaciones y órdenes de aprehensión por los reclamos que hicieron al respecto en junio pasado a las afueras del Palacio de Gobierno. Se trata de Amador Cortez Robledo, Abel Barrera Hernández, Luis Zacarías Quiroz, Mario Rodríguez Sánchez, Hermelinda Tiburcio Cayetano, Cirino PlácidoValerio, Omar Garibay Guerra y Marcelino Díaz de Jesús, entre otros.
La carta fue dirigida al gobierno guerrerense por Abelardo Torres, secretario de Movimientos Sociales del comité perredista, y en ella pide el desistimiento de la acción penal y la cancelación de las órdenes de aprehensión, así como la garantía para el ejercicio de los derechos humanos.