En el más reciente reporte mensual emitido por la Secretaría de Hacienda se advierte un inquietante crecimiento del déficit en la balanza comercial de nuestro país, que en el primer semestre del presente año se incrementó en casi 60 por ciento con respecto al mismo periodo del año pasado, y alcanzó cuatro mil 6 millones de dólares. Ayer trascendió, por otra parte, información sobre otro tipo de déficit, éste en el gasto corriente del gobierno federal, por mil 500 millones de pesos.

Las cifras mencionadas no son comparables ni guardan relación entre sí. En el caso del déficit comercial, el fenómeno está directamente vinculado con la desaceleración económica estadunidense, y acaso también con una pérdida de competitividad de las exportaciones mexicanas, debido a la alta cotización de nuestra moneda y a un retroceso de la productividad. Por lo que hace al hueco en las finanzas del gobierno federal, éste puede atribuirse a la mala herencia del gobierno anterior, el cual, según todos los indicios, no entregó unas cuentas tan sólidas ni tan consolidadas como se dijo a los cuatro vientos en los días de la sucesión presidencial del año pasado.

El hecho es que una y otra cifras hablan de una fragilidad económica que las presentes autoridades no parecen dispuestas a percibir o, cuando menos, a comunicar; los mensajes de optimismo emitidos por el gobierno federal contrastan con las advertencias locales y foráneas sobre las perspectivas inciertas de la economía global y nacional.

El equipo económico de Fox y el propio mandatario insisten en que la manera de disipar todos los nubarrones consiste en lograr la aprobación de la reforma fiscal recientemente propuesta y que tantas resistencias ha encontrado en diversos sectores económicos, políticos y sociales. Las divergencias parecen justificadas: en un entorno caracterizado por las amenazas recesivas, lo procedente sería adoptar medidas que reactiven el mercado interno y no que inhiban su crecimiento, como ocurriría, por ejemplo, con la aplicación del impuesto al valor agregado en diversos rubros que actualmente están exentos.

Las transformaciones que la economía nacional requiere han de orientarse a reactivar la producción y a restituir los puestos de trabajo que se han perdido en lo que va del año. Los fondos que sin duda necesita el gobierno federal para su funcionamiento no debieran buscarse en los bolsillos de los más necesitados, sino, en primera instancia, en la recuperación de una parte, al menos, de las decenas de miles de millones de dólares que se esfumaron en el marco de un rescate bancario corrupto y plagado de irregularidades y en otras transferencias indebidas de recursos públicos a cuentas privadas.

Para avanzar en ese sentido, las actuales autoridades tendrían que empezar por informar claramente a la sociedad sobre el estado en que recibieron las cuentas nacionales de la administración anterior. Por motivos de eficacia financiera, pero también por congruencia política, esa acción de transparencia no debe postergarse más.