MARTES Ť 24 Ť JULIO Ť 2001
Ť Exige un lugar en el Consejo Nacional de Seguridad
Rebasa el secuestro a los gobiernos del DF y cuatro estados: Coparmex
DAVID ZUÑIGA
El secuestro ha rebasado a las autoridades del Distrito Federal y de los estados de México, Guerrero, Morelos y Sinaloa, que no han mostrado voluntad política para combatir este delito, aseguró la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
En conferencia de prensa, el dirigente del organismo, Jorge Espina, demandó que los empresarios ocupen un lugar en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, ya que ellos son el sector más perjudicado por el secuestro y pueden ayudar a las autoridades a combatir ese delito.
De acuerdo con cifras de la Coparmex, al 15 de junio de este año se habían denunciado 220 secuestros, y el Distrito Federal encabezaba la lista con 69; le seguían estado de México con 42, Guerrero (22), Sinaloa (16), Morelos (15), Puebla (9), Baja California y Tlaxcala (7 cada uno), Michoacán (5), Veracruz (4), Chiapas y Jalisco (3 cada uno), Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca y Sonora (2 cada uno), y Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Durango, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas, con un secuestro reportado en cada estado.
Los procuradores que -según la Coparmex- se han esforzado en abatir el secuestro, son el de Baja California, Juan Manuel Salazar Pimentel; Chihuahua, Arturo González Rascón, y el de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez. En estas entidades, dijo Espina Reyes, hay grupos antisecuestros ''bien pagados, depurados y comprometidos con la sociedad''.
También destacó la labor de los procuradores José Luis Bravo Méndez, de San Luis Potosí; Apolinar Ledesma Arreola, de Querétaro; José Manuel de Jesús Echeverría Bastarrechea, de Yucatán, que ''no han vendido las plazas'' a los plagiarios.
En cambio, aquellos que según el sindicato patronal han sido superados por los secuestradores, son: Bernardo Bátiz, del Distrito Federal; Gerardo Sánchez, del estado de México; Rigoberto Pano Arciniega, de Guerrero; José Luis Urióstegui Salgado, de Morelos, y Ramón de Jesús Castro Atondo, de Sinaloa, a quienes los empresarios exigen cumplimentar las órdenes de aprehensión rezagadas y publiquen nombres y fotografías de los secuestradosres que ''no han podido o no han querido localizar''.
Interrogado sobre las quejas de varios gobernadores, que acusaron al gobierno federal de retener 3 mil millones de pesos de recursos para seguridad pública, con la supuesta intención de presionarlos para que apoyen la reforma hacendaria de Vicente Fox, Espina Reyes pidió no mezclar ambos asuntos ni politizar la entrega de partidas presupuestales, e insistió en que, por encima de la falta de presupuesto, los principales problemas son la impunidad y la colusión entre autoridades y delincuentes.
Asimismo, exigió que el nombramiento del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no sea resultado de presiones partidistas, y que no existan vínculos con '''el sistema anterior'', corrupto e ineficiente.
Denuncian corrupción
En la conferencia de prensa participó Oscar Manuel Ibáñez Reyes, comerciante y franquiciatario de una gasolinera en Chilpancingo, secuestrado el 8 de marzo de 1996 y liberado el día 24 del mismo mes, previo pago de un millón 250 mil pesos.
Acompañado por sus abogados, el empresario informó que él y su familia están amenazados de muerte, y aseguró que autoridades de Guerrero protegen a dos bandas que operan en la entidad: la de los hermanos Moreno Tabares y la de Pedro Barragán González.
Ibáñez informó que presentó una denuncia en contra de los magistrados Jesús Martínez y Miguel Maya, así como la juez María del Pilar León, a quienes acusó de haber liberado a Carlos Alberto García Castro, autor intelectual de su secuestro.