REPORTAJE

Un joven de 29 años con cáncer terminal de páncreas relata su viacrucis

De la eutanasia al suicidio asistido: la lucha por el derecho a bien morir

El derecho penal vigente en México castiga como autor de homicidio a quien, pasiva o activamente, ayuda a morir a un desahuciado

Para algunos médicos, la eutanasia pasiva ?en la que no se actúa, sino se "deja de hacer"? estaría plenamente justificada

El Código Penal mexicano, sin una sola reforma en la materia en los últimos cincuenta años

ROBERTO GARZA ITURBIDE

Francisco acaba de cumplir 29 años y la ciencia le ha regalado una cruel certeza: no va a llegar a los treinta. Tiene un cáncer terminal de páncreas, para el cual no existe hoy día ningún tipo de tratamiento médico que le dé la mínima esperanza de vida. Todo es cuestión de tiempo; pronto vendrán dolores insoportables y el sufrimiento de una lenta y penosa agonía.

Este joven desahuciado tomó la decisión de no prolongar un sufrimiento innecesario. Demandó su derecho a la eutanasia, y para ello buscó ayuda médica y asesoría legal. Sin embargo, nadie -excepto un amigo- ya sea por cuestiones jurídicas o morales, estuvo dispuesto a respaldar su libre voluntad, ni respetó su derecho de disponibilidad de la propia vida. Pero Francisco cree en la libertad del individuo, y está dispuesto a tener una buena muerte aunque tenga que hacerlo en el terreno de la ilegalidad.

La decisión

Cuando supe que tenía cáncer de páncreas caí en una profunda depresión. Estaba enojado con el mundo y en mi mente se batía una vorágine de reclamos, pena y desilusión. Con el paso de los días, y después de un debate emocional en mi interior, pude pensar con claridad sobre el miedo a la muerte, la frustración, el sufrimiento físico y mental, el dejar a mi esposa e hija, mis sueños y anhelos... Por primera vez desde que conocí el diagnóstico, asumí el carácter fatal e inevitable de mi destino. Fue entonces cuando tomé la libre decisión de evitar una agonía innecesaria y reclamé al médico el derecho a la eutanasia.

"No te voy a matar ni voy a acelerar deliberadamente tu muerte -dijo- porque, aun cuando lo haga como un acto de compasión, bien sabes que es ilegal. Lo que sí puedo hacer es preservarte en las mejores condiciones, con los cuidados paliativos necesarios y evitándote al máximo los dolores, pero sin tomar medidas heroicas; es decir: pondría un límite en la actuación médica.

"Cuando llegue el momento, bajaría el aporte de apoyo médico y retiraría el soporte tecnológico, mas no el vital -alimento y agua por sonda o intravenoso-. Eso es lo que puedo hacer para ayudarte", concluyó el gastroenterólogo que lleva mi caso. Me explicó que el Derecho Penal vigente en México castiga como autor de homicidio a quien, ya sea pasiva o activamente, ayuda a morir a un desahuciado. Aunque mi médico estuvo dispuesto a poner un límite a su actuación, no quise, sin embargo, resignarme a padecer la agonía de mi enfermedad en los términos planteados.

Una segunda opinión

Solicité una entrevista con Fernando Cano Valle, médico integrado al Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM. Acudí a él porque en abril pasado coordinó el foro titulado "Debate sobre Eutanasia". El doctor Cano Valle, además de su opinión como médico, me podía dar razón de la eutanasia desde el punto de vista jurídico.

Le planteé mi caso en su consultorio de Médica Sur. "Lo que usted me está pidiendo -soltó de entrada- es que lo mate, que lo ayude a suicidarse. Mi respuesta es ¡no! Yo no estoy en esos términos". En un caso como el suyo, me explicó, "uno se abstiene de intubar al paciente, y por supuesto que lo hidrata, lo alimenta, le seda el dolor y deja que evolucione la enfermedad paliando las molestias. Pero, si a pesar de los cuidados el paciente agrava, se le suministran una serie de soluciones que le permitan no sufrir, pero que no generen a corto plazo un paro respiratorio, porque ahí habrá causa-efecto. Esto último sería un acto lleno de compasión pero prohibido por la ley".

Entonces --pregunté--, ¿estaría aplicándome una eutanasia pasiva? "Sí -me confirmó- pero en la que no actúo, sino que dejo de hacer. El dejar de hacer es una eutanasia plenamente justificada".

Le cuestioné si en este caso existe impedimento legal. "Para dejar de hacer, en estricto sentido sí lo habría, sin embargo, nadie me puede obligar a que yo intube a un enfermo sabiendo que tiene cáncer y que se va a morir en breve. La ley no me puede obligar... Mi moral es la que me puede cuestionar".

No obstante, Cano Valle rectificó: "Si yo en este momento le ayudo a bien morir, voy a ser sancionado por la ley, es punitivo aun cuando haya actuado con el propósito de evitar el dolor. Claro que hay atenuantes y éstos pueden ser que en vez de que me den tres o cuatro años (de prisión), me darán seis meses y una sanción, cancelando mi cédula médica por un periodo(...) Yo estoy convencido que el médico está estructurado, diseñado y formado para salvar vidas y no para favorecer la muerte, esa es mi convicción absoluta. Ahora bien -continuó tras una breve pausa-, también estoy convencido de que en muchos casos existe la eutanasia en la oscuridad y hay casos en el sector salud, no sé cuántos ni en qué hospitales. Pero sé que los hay".

Ante mi desilusión, pasamos entonces al aspecto jurídico. "El Código Penal en México -aseguró Cano Valle- tiene un enorme rezago. De hecho, no se ha reformado en los últimos cincuenta años en relación con los aspectos que tienen que ver con la eutanasia (...) Estamos obligados a hacer una reforma jurídica en la materia, pero en particular a incorporar el concepto de testamento de vida". Incluso, enfatizó, "los senadores y diputados nos pidieron las conclusiones del foro (Debate sobre Eutanasia), porque piensan profundizar en este concepto".

Propuesta de solución

Antes de despedirnos, Cano Valle me proporcionó un resumen de las ponencias del foro que coordinó, del cual me sugirió poner especial atención en la propuesta de solución presentada por el doctor Enrique Díaz Aranda, también investigador del IIJ de la UNAM y especialista en eutanasia.

A estas alturas, comprendí que el único impedimento legal para que no se me aplique la eutanasia es la penalización que marca el artículo 312 del Código Penal. De acuerdo con éste: "el que prestare auxilio o indujere a otro para que se suicide, será castigado con la pena de uno a cinco años de prisión; si lo prestare hasta el punto de ejecutar él mismo la muerte, la prisión será de cuatro a doce años".

En el documento referido, Díaz Aranda analiza las sanciones que se aplican a quien ayuda a bien morir a un desahuciado, de acuerdo con nuestra legislación vigente y dependiendo del tipo de eutanasia. La eutanasia activa directa, que consiste en provocar la muerte del paciente en el momento en que lo solicita, se sanciona con cuatro a doce años de prisión. De tal suerte, si algún médico accede a mi petición, será sancionado con cárcel.

En caso de que se me aplicara la eutanasia pasiva, la cual implica no iniciar o interrumpir el tratamiento a un paciente con una enfermedad incurable, la conducta del ejecutante también será castigada con cárcel, salvo en el caso de que se compruebe que los medios hayan sido empleados para salvar otra vida con mejor pronóstico.

Asimismo, será castigado aquel que proponga al enfermo terminal su muerte -delito de inducción al suicidio- con uno a cinco años de prisión, o el que le proporcione los medios para provocarla.

Sin embargo, en su propuesta, Díaz Aranda considera que, al margen de las reformas a la ley, se pueden encontrar mejores soluciones "a través de la interpretación del Derecho vigente".

Aunque con otras palabras, Díaz Aranda sostiene que aquel que priva de la vida al paciente terminal que lo solicita no cometerá el delito de homicidio previsto en el 312 del Código Penal, porque dicho artículo no fue emitido para sancionar penalmente a quienes practican la eutanasia activa directa -en 1931 no se tomaron en cuenta esos supuestos-. Además, en su opinión, el consentimiento del desahuciado para que se le aplique la eutanasia es una causa de exclusión del delito. Esta decisión tiene un sustento legal en el derecho fundamental a la libre disponibilidad de la vida.

Mi única opción: la ilegalidad

Al terminar su lectura, la propuesta de Díaz Aranda me brindó un mínimo de esperanza. Si en verdad los órganos judiciales emitieran una interpretación como la que propone, entonces existe la posibilidad de que, tras expresar de manera libre mi decisión, el médico que ejecute mi muerte no sea sancionado penalmente.

Si me perdonan el giro del lenguaje, no deseaba dejar morir mi optimismo, así que necesitaba la opinión de un experto en materia penal. Me acerqué a Miguel Carbonell, también investigador del IIJ de la UNAM. El jurista fue tajante: "No hay ninguna posibilidad de escape legal tras la privación de la vida que hace una persona a otra, ni aún en aquellos casos en los que el sujeto pasivo del delito es afectado de una enfermedad incurable, ni tampoco en los que es la propia voluntad del sujeto la que pide terminar con su vida. En México no tenemos este tipo de excusas".

"Pero yo tengo la libertad de disponer de mi propia vida -dije convencido- y añadí: es un compromiso suscrito y ratificado por México en la Declaración Universal de Derechos Humanos. "Los compromisos internacionales firmados por México en materia de Derechos Humanos son bastante generales. Además, los tratados internacionales se conocen poco y se aplican todavía menos. Los jueces a quienes corresponde conocer este tipo de delitos, que son normalmente del fuero común, no los aplican, vaya, no forman parte de su esquema jurídico normativo cotidiano. Ahí sí no hay que hacernos falsas ilusiones".

Con esas palabras, el eminente jurista me regresó a la dura realidad.

Escucharlo me hizo sentir incómodo, pero su opinión era de la mayor importancia en ese momento. ¿Y la interpretación al derecho vigente que propone Díaz Aranda?, pregunté con ese tono de desilusión que progresivamente se ha convertido en una especie de autodefensa ante la total ausencia de buenas noticias en mi vida.

"Habrá que precisarlo de manera muy clara en el derecho vigente, posiblemente en forma de excusa para el régimen penal del homicidio, pero... los jueces no pueden inventarse esa interpretación". Carbonell descartó la posibilidad de interpretación, ya que considera que "la solución debe de ser a través de una legislación específica".

Me aseguró que si mi médico accede a practicarme cualquier tipo de eutanasia, sin duda tendría que enfrentarse a la justicia. "La ley existe y no hay excepciones, aunque -reconoció- otra cosa es que la ley no se aplique. Ya sabemos que la ley se aplica según convenga, tanto en este tema como en el del aborto, el que efectivamente está penado, pero ¿qué pasa?, en México se practican entre 600 mil y un millón de abortos al año... ¿Y existe un millón de presos por esos delitos?... por supuesto que no".

Entonces -pregunté-, ¿qué puedo hacer, cuáles son mis alternativas? "Desde el punto de vista legal no hay salida. La única posible sería ubicarte en el sector de la ilegalidad, que es lo que se suele hacer, o rechazar, por voluntad propia, cualquier tratamiento. Ahora, insisto, si estás bajo tutela médica, en los términos que marcan las leyes mexicanas, no te pueden dejar morir".

Se contuvo un momento, para después rematar: "Con la penalización se está obligando a mucha gente a cometer actos ilegales y eso me parece muy preocupante en un Estado que se dice democrático". Finalmente concluyó: "Me parece interesante mencionar la importancia de este tema y debatirlo ahora, cuando el Estado laico está siendo sometido a duros embates, cuando quienes están en el gobierno no ocultan su vena claramente religiosa. Hacer un frente común para reivindicar la laicidad del Estado es muy relevante. Soplan vientos de oscurantismo en esta República, soplan vientos francamente retrógrados. Hay que oponer un bloque contundente de laicismo, pensamiento libre y autonomía personal frente a las creencias religiosas que están claramente ubicadas en los poderes públicos".

Los límites en la actuación médica

Católico confeso, el gastroenterólogo Juan Francisco Rivera Ramos conoce bien mi caso. Me salvó la vida en mayo del año pasado cuando me atacó una severa pancreatitis. Lo visité en su consultorio en la colonia Irrigación, a unas cuadras del Hospital Español. Aunque sea en la oscuridad -inició la conversación-, la eutanasia se practica en los hospitales, en las casas... ¿por qué los médicos no lo dicen abiertamente?

"En vista de que la eutanasia en México es un acto ilegal -respondí-, nadie en el gremio médico acepta que la ha cometido. No es conveniente para nadie, aunque sepamos que en un momento dado lo estamos haciendo, ya sea eutanasia o suicidio asistido".

Le pedí que ejemplificara un caso real, a lo que replicó: "A mí me ha tocado vivir la muerte de algunos ex maestros míos. En especial, podemos hablar de un cardiólogo que en sus últimos momentos le decía a su desesperado alumno: "ya no hagas más esfuerzos, ¿no ves que llegó mi hora? Déjame morir en paz". Bueno, ahí el paciente lo pidió y nada más tuvimos que respetar sus órdenes. Pero no siempre es así".

Entonces -pregunté-, ¿cuándo se respeta la orden de un paciente que lo solicita? "Cuando no tenemos la capacidad de recuperarlo. Es entonces cuando empezamos a marcar los límites de la actuación". En estricto sentido -afirmé-, están aplicando la eutanasia.

"Si el enfermo terminal no responde, en consecuencia, dejamos de hacer un acto inútil. Retiramos primero un aporte de medicamentos, luego el de apoyo de equipo y así vamos instituyendo una especie de "eutanasia progresiva pasiva", que se va instalando gradualmente en un lapso de entre 24 y 72 horas. Finalmente sí lo estamos ayudando a bien morir. Sin embargo -precisó-, aquí ya no estamos hablando de eutanasia, sino de tener un límite razonado en la actuación médica. Desde el punto de vista legal quizá no haya ningœn problema, quizá, quién sabe. Posiblemente el único conflicto para el médico sea moral".

Ante tal perspectiva, decidí solicitarle la eutanasia. Tomé aliento y dije: "Usted conoce mi caso. Si se lo pido hoy, ¿accedería a limitar su actuación médica cuando llegue a la fase terminal,, es decir, a practicarme una eutanasia pasiva?"

"Sí -contestó de inmediato- porque ahí sí estamos hablando de eutanasia, de una verdadera buena muerte, en la que no se lesione la moral de la familia, ni la economía familiar, y en la que el moribundo no permanece innecesariamente en el hospital. Solté la pregunta obligada: ¿Está dispuesto a correr los riesgos legales?"

Le tomó un par de segundos, pero respondió mientras sacaba una pluma del bolsillo de su bata: "Sí, porque en este caso no estamos matando a nadie ni acelerando la muerte. Estamos hablando de un límite de actuación que se acerca mucho a lo que es eutanasia". Y agregó: "Yo creo que en nuestra legislación deberíamos retomar la palabra eutanasia y ver qué es realmente para las autoridades. Eutanasia es dar una buena calidad en el fin de la vida, ayudar a pasar a la muerte en la mejor de las formas. En cambio, el administrar un veneno, quitarle el oxígeno a alguien, es asesinar.

"Es más -agregó-, la eutanasia no tiene por qué penalizarse o despenalizarse, simplemente ha existido siempre: el ayudar a alguien a bien morir, el confortar a un enfermo, el estar a su lado, el ser su médico de cabecera, el estar preocupado por lo que le pase. Eso es eutanasia. ¿Qué es lo que han legalizado en Holanda?, preguntó, para responder de inmediato: la eutanasia activa. Eso es lo que nos preocupa, que la eutanasia activa finalmente es matar. Eso no debería estar permitido. Hay que ayudar a bien morir, mas no inducir la muerte".

"Tenemos un trato"

Durante varios días continué mi investigación; consulté a varios médicos pero ninguno accedió a practicarme la "eutanasia activa directa", por tratarse de un acto ilegal. También conversé con un sacerdote. Me habló del "valor sagrado de la vida humana", me aseguró que mi vida es un bien ajeno, es decir, de Dios, y que la eutanasia "es injusta porque es una usurpación del derecho de Dios sobre el ser humano". Compasivo, se refirió al dolor como medio de redención.

Aunque lo intenté, no encontré la razón de ser de mi sufrimiento como una señal divina para mi salvación. Finalmente, di con un amigo de la preparatoria que estudió medicina y que actualmente trabaja en una clínica particular. Debo aceptar que me costó trabajo convencerlo. En realidad, me causó un grave conflicto el haber sido tan insistente. Me sentí como un suicida frustrado, como una especie de tanatofílico obsesionado con su propia muerte.

Cuando me dijo: "está bien, Paco... yo te ayudo", ni siquiera me sentí reconfortado. Lo observé sin decir nada. Tenía enfrente al hombre que pronto me va a ayudar a bien morir. No supe si darle las gracias o echarme a correr como un cobarde. Permanecí mirándolo unos segundos y le extendí la mano al tiempo que murmuré: "tenemos un trato".

El hecho de tener que morir en la clandestinidad, y peor aún, al margen de la ley, me provocó náuseas. Nos imaginé como a un delincuente y su cómplice. Nada me asegura que mi amigo va a cumplir con su palabra. Posiblemente me dio el sí para darme tiempo a pensar, pero mi decisión ya está tomada.

Acordamos que mi muerte será en casa. Tendré, dentro de lo posible, los cuidados paliativos necesarios; estaré -espero- cerca de mis seres queridos, acompañado por una tanatóloga que, si bien no está de acuerdo con mi determinación, la reconoce como un acto de plena libertad. Pero cuando llegue el momento, cuando esté por entrar en la fase terminal y la agonía y el sufrimiento sean innecesarios, se me suministrará un coctel de medicamentos que acelerarán el proceso de mi muerte.

Finalmente, sólo quiero dejar bien claro que la decisión de este suicidio asistido la tomé con plenas facultades, sin presiones externas y ejerciendo pleno derecho de disponibilidad sobre mi propia vida.

Quizá en un futuro los desahuciados que tomen una decisión tan seria lo hagan con el respaldo de la ley, y sin el estigma de haber cometido, como el último acto de una voluntad humana libre, una ilegalidad.