LUNES Ť 23 Ť JULIO Ť 2001

Ť Piden familiares de víctimas comisión de la verdad basada en la sociedad civil

Exigen a gobierno, partidos y Congreso legislación federal contra desapariciones, tortura y ejecuciones

Ť Diversas agrupaciones desconfían de la CNDH porque "funge como juez y parte"

CAROLINA GOMEZ MENA

Parientes de víctimas de la desaparición forzada en México, organizaciones de familiares detenidos-desaparecidos y agrupaciones sociales y políticas demandaron a gobierno, partidos políticos y Congreso de la Unión elaborar una legislación federal contra la desaparición forzada, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales, así como la creación de una comisión de la verdad, cuyo principal componente sea la sociedad civil agraviada a fin de que se evite ocultamiento de evidencias.

Aseveraron que sólo con las medidas nombradas podría creérsele al gobierno su intención de frenar la impunidad. También se lograría que "estos crímenes de lesa humanidad ya no se sigan cometiendo en nuestro país", y se pronunciaron por "la presentación con vida de los detenidos-desaparecidos, y por el juicio y castigo de a los responsables intelectuales y materiales" de esos delitos.

En conferencia de prensa Julio Mata Montiel, secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), precisó que puesto que las modificaciones hechas a los Códigos Penal Federal y el de Procedimientos Penales -publicadas en el Diario Oficial el pasado 1o. de junio- "no garantizan el combate y castigo" a los presuntos culpables, se requiere una "legislación verdadera".

Mata Montiel dijo que, según los registros de la Afadem, los afectados por estos delitos suman poco más de mil 300 personas y no 480, como indican fuentes oficiales.

Detalló que algunas de las características con las que debe contar este nuevo marco legal son, en primera instancia, "estar ajustado a los instrumentos internacionales de la OEA y la ONU en cuanto a excluir la jurisdicción penal militar, evitando que sean considerados como actos del servicio", y sobre todo reconocer el delito como un crimen de lesa humanidad, tal y como se establece en el derecho internacional. Por lo tanto, debe sentar que su carácter será "imprescriptible, no susceptible de indulto, amnistía o figuras análogas".

Debido a que la pregunta constante de los familiares es "Ƒdonde están?, la cual aún no ha sido respondida por el Estado", se debe garantizar una respuesta a los afectados. Por ello "una ley de desaparición forzada debe contemplar un artículo sobre la obligatoriedad de los órganos competentes a iniciar de manera inmediata las investigaciones necesarias, utilizando todos los recursos jurídicos y materiales disponibles para establecer el paradero de las víctimas, y en caso de haber muerto entregar los restos a sus familiares".

En virtud de que "nos negamos a aceptar la presunción de muerte", a fin de solucionar problemas de filiación, sucesión y patrimonio se requerirá -como ocurrió en Argentina- crear una figura de reconocimiento del estatus jurídico del ausente por desaparición forzada, figura que tiene la ventaja de que no obliga al familiar a aceptar que su ser querido está muerto".

Al anunciar que el próximo viernes 27 de julio se llevará a cabo en la Cámara de Diputados el segundo foro nacional denominado Por una legislación contra la desaparición forzada de personas y la comisión de la verdad, Mata Montiel indicó que la creación de esta última es imprescindible, porque si realmente se habla de que impera la democracia "todo el pueblo debe conocer lo que sucedió en la guerra sucia durante los años 70, cuando el gobierno aplicó el terrorismo de Estado en contra de los luchadores sociales, principalmente en Guerrero".

Por su parte, Guillermo Reyes García, familiar de tres desaparecidos comentó que el afán de que la comisión esté integrada por la sociedad civil no es un capricho, sino una necesidad, ya que "los familiares de los desaparecidos no confiamos en lo absoluto en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), porque funge como juez y parte, pues representa los intereses de los torturadores, ejecutores y violadores de los derechos humanos".

Por esto para Reyes García es inconcebible y "una burla" que sean "los mismos secuestradores los que hoy trabajan en la CNDH".

El rechazo se debe también a que la CNDH "ha minimizado la problemática, le urge cerrar los casos, aceptando como ciertos los testimonios sin investigar a fondo los casos y acepta y promueve desistimientos de búsqueda de los detenidos-desaparecidos, cometiendo delito al evitar la acción del Ministerio Público".

Comentó que un hecho que evidencia parcialidad es que, pese a lo expresado por José Luis Soberanes, titular de la CNDH, en torno a sacar a la luz pública los informes de los detenidos-desaparecidos, ello no se da porque "recientemente fuimos a solicitar copias de los expedientes de nuestros familiares y el encargado del presunto delito de secuestro nos dijo que no podían dar esa información".

Mario Ramírez, ex militante de una organización armada, mencionó que la petición es que los archivos de todas las dependencias ligadas a desapariciones -Gobernación, PGR, Ejército- sean abiertos.

Subrayó que debido a la impunidad que aún impera, las agrupaciones de familiares de desaparecidos no sólo se quedarán en la denuncia pública, sino que también lo harán judicialmente, tal es el caso de Afadem, que ha puesto 120 denuncias de este tipo, la mayoría en contra de Francisco Quirós Hermosillo y Mario Acosta Chaparro.

Según Afadem, la mayor cantidad de desapariciones se dieron durante los sexenios de Luis Echeverría (563) y José López Portillo (300). Durante el gobierno de Miguel de la Madrid hubo 32; con Carlos Salinas repuntaron a 103, y con Ernesto Zedillo alcanzaron 228. A casi ocho meses de la actual administración, sólo se documenta la desaparición de una persona.