LUNES Ť 23 Ť JULIO Ť 2001
Ť Hay superposición de funciones, considera el especialista Marcos Pablo Moloeznik
PFP-fuerzas armadas, conflicto de competencias
Ť Necesario, realizar una delimitación clara y desmilitarizar la seguridad pública, plantea
JESUS ARANDA
La intención de convertir la Policía Federal Preventiva (PFP) en la "más importante respuesta gubernamental" del gobierno para combatir la delincuencia provocará "un conflicto de competencias" entre las fuerzas armadas -principalmente la Secretaría de la Defensa Nacional- y la corporación policiaca que forma parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Advierte lo anterior el investigador de la Universidad de Guadalajara y especialista en temas militares Marcos Pablo Moloeznik, quien subraya la necesidad de desmilitarizar las políticas de seguridad pública.
En un ensayo denominado "Presente y futuro del papel de las fuerzas armadas mexicanas", señala que el papel desempeñado en los últimos años por el Ejército en el combate a diferentes tipos de delincuencia "puede, eventualmente, ser drásticamente alterado" en razón de las misiones y las funciones asignadas a la PFP, entre las que destacan las de seguridad interior e inteligencia, tareas "hasta el momento reservadas exclusivamente" a las tres ramas que integran a las fuerzas armadas -Ejército, Fuerza Aérea y Marina-, y al Centro de Información y Seguridad Nacional (Cisen), dependiente de la Secretaría de Gobernación.
Señala que hay confusión en cuanto a las atribuciones y objetivos de las fuerzas armadas y la PFP, y pone énfasis en la necesidad de un gran debate nacional en que se precisen las atribuciones de las fuerzas armadas y la actuación de los servicios de inteligencia, y se defina de una vez por todas la diferencia entre seguridad interior y seguridad nacional, para "incorporar aquellas amenazas potenciales y reales, ignoradas por los gobiernos federales, que ni son de naturaleza militar ni exigen una respuesta armada".
En el documento publicado por la revista Estudios en Seguridad y Defensa del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa se destaca, por otra parte, que los primeros meses del gobierno de Vicente Fox se caracterizan "por la extensión del proceso de militarización, del ámbito de la seguridad pública al de procuración de justicia", a partir de la designación del general Rafael Macedo de la Concha como procurador general de la República.
Sus orígenes
El artículo añade que oficialmente la Policía Federal Preventiva nació el 4 de enero de 1999 bajo la modalidad de órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, y de la fusión de la Policía Federal de Caminos -antes dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes-, la Policía Fiscal -que pertenecía a la Secretaría de Hacienda- y la policía dependiente del Instituto Nacional de Migración. Además, se incorporaron 700 elementos del Cisen y 4 mil 500 policías militares, cuya participación en la PFP se ratificó mediante convenio apenas en junio pasado.
Indica que entre las funciones principales que tiene la PFP se encuentra su participación en contra del terrorismo, "la reacción y alerta inmediata, las operaciones especiales, vigilancia y preservación de las instalaciones estratégicas y servicios; todas éstas, actividades que eran de competencia exclusiva de las fuerzas armadas".
Sin embargo, el Reglamento Interior de la PFP establece que dicha corporación tiene la encomienda de preservar la seguridad interior, que incluye el mantener y restablecer "el orden y la seguridad pública. Colaborar, cuando así lo soliciten las autoridades locales y municipales competentes, en la protección de la integridad física de las personas y en la preservación de sus bienes, así como "en situaciones de peligro, cuando se vean amenazadas por disturbios u otras situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente".
Asimismo, tiene atribuciones para que, a través de la coordinación de las fuerzas federales de apoyo -que en su mayoría está integrada por militares-, elabore políticas y estrategias que garanticen la seguridad y el funcionamiento de las instalaciones estratégicas ante eventos de origen natural o intencional.
En lo que se refiere al área de inteligencia sucede algo similar, ya que la PFP asume funciones que antes estaban reservadas al Cisen.
Ante esta situación y frente a las facultades que la ley y el reglamento le confieren, plantea Moloeznik, "cabe analizar el futuro impacto de la emergencia y el desarrollo de este cuerpo de seguridad pública sobre las fuerzas armadas permanentes de la nación".
El autor añade que "resulta lógico" pensar que el único camino para evitar caer en una situación de deterioro moral de las fuerzas armadas es el de desmilitarizar la PFP, así como delimitar claramente las misiones y funciones de ambos organismos para evitar duplicidades, dispendio de recursos "y, lo que es más grave, futuros conflictos de competencia".