DOMINGO Ť 22 Ť JULIO Ť 2001
Ť Llevaba casos como los de Raúl Salinas y Colosio
Investigan a agente del MPF por filtrar información confidencial
GUSTAVO CASTILLO GARCIA
Una agente del Ministerio Público Federal quedó bajo investigación administrativa y penal luego de ser sorprendida filtrando información confidencial de expedientes a los que tenía acceso, a personas ajenas a la Procuraduría General de la República (PGR).
Esta es la primera vez que un funcionario de esa institución será consignado por filtrar (entregar) información, incurriendo con ello en violaciones a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
La MPF (de la cual no se pudo obtener su nombre), laboraba en una fiscalía especial de la Subprocuraduría General de Coordinación y Desarrollo, a cargo de María de la Luz Lima Malvido, y por sus manos pasaron asuntos relevantes como las indagatorias de Raúl Salinas, de los homicidios de José Francisco Ruiz Massieu y Luis Donaldo Colosio e informes especiales en torno al ex banquero Carlos Cabal Peniche.
La PGR no ha dado a conocer información oficial al respecto, sin embargo, La Jornada pudo conocer que "al momento de ser sorprendida la funcionaria estaba recabando datos acerca del caso Posadas, los cuales serían entregados a personas ajenas a la institución".
Las fuentes entrevistadas aseguraron que "las filtraciones las realizaba a abogados interesados en los casos, a comunicadores y diputados federales".
Según explicaron, "durante la entrega de pruebas del caso Posadas, el diputado (local) de Jalisco Fernando Pérez Guzmán, le dijo a la subprocuradora (Lima Malvido) que debía tener cuidado con un agente del Ministerio Público, porque desde hace varios años se tiene la sospecha de que filtra información que luego aparece en diarios y que tienen algunos legisladores, aun cuando se supone que es confidencial".
La subprocuradora Lima Malvido, a quien se le preguntó sobre este asunto, se negó a proporcionar datos.
La agente incurrió en violaciones administrativas que pudieran derivar en una inhabilitación hasta por diez años, la imposición de una multa de varios miles de pesos, pero además, estarían por señalarse los delitos del tipo penal que cometió.
Según las fuentes consultadas, podría ser acusada y procesada por ejercicio indebido del servicio público, ya que cometió violaciones al artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, al entregar información reservada a personas ajenas a la institución para la cual laboraba.
Respecto de actos de esta naturaleza, el pasado mayo el procurador Rafael Macedo de la Concha estableció: "en esta procuraduría no hay cabida para la corrupción, la prepotencia o la violación a los derechos humanos. Todos aquellos servidores públicos que se aparten de la debida observancia de la ley serán destituidos, inhabilitados y canalizados a la autoridad penal correspondiente para que sean sancionados por sus conductas.