SABADO Ť 21 Ť JULIO Ť 2001
Ť Pretende obtener fondos federales declarando "estado de alerta"
Gobernador de BC busca frenar a migrantes
Ť Contraproducentes, los depósitos de agua en el desierto, advierte el cónsul de Tucson
JORGE A CORNEJO, CRISTOBAL GARCIA Y CARLOS FIGUEROA CORRESPONSALES
Ante el elevado número de mexicanos que llega a Baja California en su intento por introducirse a Estados Unidos, el gobierno estatal solicitará a las autoridades federales declarar al estado en alerta por la migración, con el fin de tener acceso a los fondos del Programa Nacional de Emergencia.
El gobernador Alejandro González Alcocer propone utilizar esos recursos para reforzar la vigilancia en las inmediaciones de la frontera con Estados Unidos y así, bajo el argumento de que es por su bien, impedir a los migrantes internarse en zonas desérticas que actualmente utilizan como rutas.
El secretario general de Gobierno, Jorge Ramos, expuso el tema al procurador de los derechos humanos, Raúl Ramírez Baena, quien manifestó su rechazo al proyecto de impedir acercarse hasta tres kilómetros al sur de la frontera, pues violaría al artículo 11 de la Constitución, que garantiza el libre tránsito de los mexicanos en el territorio nacional.
Dicha vigilancia se extendería en una zona considerada de alto riesgo en alrededor de 100 kilómetros lineales de frontera, que se dividen en dos polígonos al este y oeste de la ciudad de Mexicali.
Por su parte, Alfredo Escobedo, director de Protección Civil del estado, informó que la declaratoria de zona de alto riesgo facultaría a las autoridades policiacas y militares a impedir el paso de personas.
Actualmente, los grupos Beta de protección a migrantes sólo alertan a éstos de los riesgos de caminar por el desierto y las montañas, pero a partir de esta declaratoria los grupos Beta estarían facultados para coadyuvar con la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y prohibir el paso a los mexicanos que se dirijan a la frontera por esas zonas.
Del lado de Arizona, el portavoz de la Patrulla Fronteriza, René Noriega, manifestó que los contenedores con agua colocados en el desierto para salvar la vida de migrantes indocumentados podrían causar más daños que beneficios.
El comentario surgió luego de que Andrea Alcántara Cruz, originaria de León, Guanajuato, con tres meses de embarazo, falleciera el lunes pasado luego de beber agua de un pozo en las cercanías de la zona indígena de Tohono O'odha, en Tucson, Arizona.
"No es que el agua estuviera contaminada, lo que pasa es que después de caminar por el desierto, la temperatura del cuerpo aumenta drásticamente. Cuando la persona finalmente encuentra agua y la toma desesperadamente debería esperar por lo menos entre una hora 45 minutos en la sombra antes de continuar su camino, si no puede sufrir convulsiones tal y como sucedió con Alcántara Cruz", explicó el cónsul de México en Tucson, Carlos López Vizcarra.
Otra mujer falleció esta semana en esa región. Se trata de Juana Martínez, originaria del estado de México, quien pereció por deshidratación. Los cadáveres de ambas fueron trasladados este viernes a sus lugares de origen, informó la autoridad consular.
En Nuevo Laredo, Tamaulipas, Protección Civil informó que recibió autorización para trasladar el cuerpo de Francisca Zárate Pérez a Zaragoza, San Luis Potosí, de donde es originaria, luego que murió por insolación y falta de alimentos en una zona despoblada de Texas. El cadáver permanece en la morgue de Laredo, Texas, y el Consulado de México obtuvo la autorización para que sea enviado a su lugar de origen.
Finalmente, agentes de la Patrulla Fronteriza destacados en el sector Laredo rescataron a 51 mexicanos encerrados en una caja de tráiler y que presentaban síntomas de deshidratación.