SABADO Ť 21 Ť JULIO Ť 2001

Ť El llamado es ilegal, dice Patricia Guevara y denuncia amenaza de bomba

Tensión en la cooperativa Excélsior por la asamblea extraordinaria convocada para hoy

Ť La reunión se celebrará "a como dé lugar", afirman trabajadores suspendidos

FABIOLA MARTINEZ Y ANGEL BOLAÑOS

La directora general del diario Excélsior, Patricia Guevara, señaló que la convocatoria para la asamblea general extraordinaria -programada para hoy- es "ilegal", por lo que se impedirá la entrada de los cooperativistas suspendidos al inmueble de esta empresa.

En tanto, los 60 trabajadores afectados y otros simpatizantes de este movimiento -principalmente de las áreas de producción y redacción- permanecen afuera de la sede del periódico (Bucareli esquina Paseo de la Reforma) instando a sus compañeros a participar en la asamblea, que se efectuará "a como dé lugar".

Los cooperativistas suspendidos por 180 días, acusados de "negligencia y causar daños graves a la cooperativa", así como de ser auspiciados por el ex director Regino Díaz Redondo, exigen que se informe de las finanzas de la empresa y una explicación respecto de la línea editorial del diario exhibida en las últimas semanas.

"Queremos información del periódico, saber cuánto debe, cuánto vale y no más verdades a medias. La convocatoria para la asamblea del sábado fue firmada por más de 20 por ciento de socios que exigen las bases internas y se tendrá que celebrar; no aceptaremos que nos despidan en un juicio sumario", afirmó Irma Pilar Ortiz, reportera con 16 años en el rotativo y una de las suspendidas "sólo por disentir de la gestión de la directora".

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ha abierto tres averiguaciones previas relacionadas con este conflicto; una por privación ilegal de la libertad, otra por lesiones primeras y amenazas, y una más por lesiones.

Excélsior afirmó en su editorial de ayer que se autorizó la publicación de la convocatoria "bajo presión", por lo que la asamblea "es a todas luces espuria". Agrega que los suspendidos fueron cercanos colaboradores de Díaz Redondo, beneficiarios y usufructuarios de toda clase de canonjías. "Fue necesario por todo ello la adopción de medidas drásticas y dolorosas, pero legítimas e indispensables para preservar nuestra fuente de trabajo y nuestro patrimonio."

"Aplicar la ley"

Guevara dijo en entrevista que los integrantes de los órganos de gobierno y directivos "legalmente elegidos" no pueden convalidar una convocatoria ilegal, cuya publicación fue posible "con mecanismos de presión y acoso a la directora general".

Señaló que la perspectiva frente a este conflicto es "aplicar la ley" al grupo que -aseguró- es asesorado por los abogados de Regino, quien "ya había vendido la cooperativa el 16 de octubre", es decir, cuatro días antes de la asamblea en la que fue defenestrado.

Comentó que ante la "caída" de esa operación de compra-venta se fijó una penalización de 250 millones de pesos, por lo que "no se permitirá que retorne ese grupo a gozar de los privilegios que tenían aquí".

Alberto Peralta Fuentes, titular de la Fiscalía Desconcentrada en Cuauhtémoc, informó que a solicitud de los cooperativistas, de ambas partes, se envió una unidad móvil del Ministerio Público que estuvo presente tarde y noche del jueves, sin embargo ninguno de los agraviados quiso ratificar la denuncia por lo que la unidad fue retirada.

Alfredo Jiménez, apoderado legal de la cooperativa Excélsior, presentó una denuncia de hechos en la agencia 61 del MP, por la probable configuración del delito de privación ilegal de la libertad contra Rafael León, Arturo Monroy, Ernesto Acosta, Jorge Carrillo, Carlos Mejía, Alvaro Luna, Armando Alaniz y Francisco Rodríguez Cadena.

Aun cuando la denuncia no había sido ratificada, funcionarios de la dependencia observaron que los cooperativistas que pretendían celebrar la asamblea extraordinaria el jueves y a quienes se les impidió el acceso al edificio no estaban impidiendo la salida del personal.

La agencia 7 del MP inició la averiguación previa por la denuncia que presentaron Víctor Daniel García, Armando Alaniz, Rafael Cos y José Bas Cos, contra los elementos de seguridad del periódico, por el delito de lesiones, y contra la directora, por el de amenazas.

Por la noche Patricia Guevara denunció que recibió una llamada anónima en la que presuntamente los suspendidos la amenazaron de que ingresarían a las instalaciones de Excélsior durante la madrugada, aunque fuera mediante una bomba. Estos últimos negaron la versión.