OBSERVATORIO CIUDADANO DE LA EDUCACION

Comunicado No. 58

Vicisitudes de ciencia y tecnología

Ť El PND, sin lineamientos claros; necesaria, una política científica y vinculación con el sector productivo

En días pasados el secretario de Educación expresó: "se hará de la ciencia y la tecnología uno de los más importantes instrumentos en la promoción del desarrollo, en el combate a la pobreza y en la ampliación de beneficios de la globalización a sectores que siempre se han excluido". La afirmación coincide con el supuesto de que el conocimiento científico es factor clave para la economía y la producción de riqueza. Sin embargo, también se debe aceptar que el acceso es desigual y que los avances han profundizado las diferencias entre naciones e individuos. Otro asunto sería saber si haciendo de México una economía basada en el conocimiento se podrían generar mejores condiciones para la población en su conjunto. Sorprende, sin embargo, que el tema de ciencia y tecnología (CyT) no mereciera la importancia debida en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 (PND). Aunque resalta la exigencia de una mayor vinculación con los problemas nacionales y el sector productivo, no se presenta una política integral al respecto. El propio director de Conacyt ha restado importancia al hecho y ha destacado que el PND es sólo un conjunto de lineamientos estratégicos, pero que tocará el turno a la elaboración del Programa Especial de Ciencia y Tecnología que estará listo en septiembre próximo (Boletín, 07/06/01 y 27/01).

Al finalizar el periodo de transición, en diciembre pasado, no hubo un documento que expresará qué acciones tenía previstas la actual administración para el área de CyT. Aun el nombramiento del titular de Conacyt, organismo rector de las políticas científicas, fue de los últimos en realizarse. El PND tampoco ha precisado cuáles serán los principales lineamientos. Convendría que en el lapso de tiempo que resta para la presentación del programa sectorial, se apreciara el carácter estratégico de CyT, se advirtiera la urgencia que el tema amerita y se trabajara en el diseño de un verdadero programa.

Sistema frágil y pequeño

Unos cuantos indicadores son suficientes para destacar el tamaño y debilidad del sistema científico y tecnológico en México. El gasto federal en CyT, a precios corrientes, pasó de 2 mil a poco más de 22.5 mil millones pesos entre 1990 y 2000. A pesar del notorio incremento, las cifras adquieren una proporción más modesta si se realiza la comparación respecto del PIB. En 1990 el nivel de gasto representaba 0.28 del PIB y en 2000 se estimaba que su proporción era de 0.43 por ciento. Conviene notar que esta última cifra es apenas la mitad del gasto que se destina en América Latina y el Caribe -ya no digamos en las naciones más desarrolladas-, puesto que en 1999 el gasto promedio para la región fue de 0.81 respecto del PIB (Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana/Interamericana, 1999).

La insuficiencia de recursos es más notoria si sólo se considera el gasto en Investigación y desarrollo experimental (IDE), una de las actividades más relevantes de la CyT que expresa con mayor exactitud el esfuerzo en el avance y aplicación del conocimiento. El total de gasto para este rubro, según la última serie de indicadores divulgada por Conacyt, alcanza 0.34 respecto del PIB, cifra que representa poco más de la mitad del gasto promedio en América Latina (0.59) y una sexta parte de lo que destinan los países de la OCDE (2.2).

Además, debe resaltarse que la mayor parte de recursos para IDE son de origen público. De acuerdo con los mismos indicadores de Conacyt, el sector privado aporta 17 por ciento del total de gasto en IDE, porcentaje que representa poco más de 2 mil millones de pesos.

Una de las razones para la escasa participación del sector productivo en CyT, como los mismos empresarios han reconocido, es que prefieren la importación de tecnología en lugar de invertir para desarrollar sus propios sistemas de innovación. Otro factor ya señalado es que la actual reglamentación es sumamente complicada para la obtención de incentivos fiscales para este tipo de gastos y a ello se suma el desconocimiento de los empresarios sobre qué procedimientos seguir para la obtención del beneficio. Según datos para el año anterior, de los 500 millones de pesos de crédito fiscal previstos, solamente fueron justificados el 1.7 por ciento y únicamente por dos grandes empresas en el país.

Debe advertirse, sin embargo, que no todas las actividades de investigación son de interés para el financiamiento privado y que el Estado debe asumir la responsabilidad que le corresponde, particularmente en aquella investigación que genera beneficios de apropiación pública y se relaciona con problemas fundamentales para el país, como la salud o la seguridad. Entre la búsqueda de la verdad y la comercialización de productos innovadores hay una gran brecha y es claro que ambos no representan los intereses de toda la población.

En lo que se refiere a los recursos humanos también se trata de cifras reducidas. Conacyt reportó que en 1998 el número de personas empleadas en ocupaciones de CyT era de 2.6 millones, de las cuales 30 por ciento se concentraban en el Distrito Federal y en el estado de México, 18 y 12 por ciento respectivamente. Sin embargo, el indicador, al contabilizar a todas las personas que han completado estudios posteriores al bachillerato, no muestra con claridad la especialización de recursos en el área.

Un dato más revelador es el número de investigadores que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Este sistema reconocía en 1990 a 5 mil 704 personas como investigadores y en 1999 a 7 mil 252; una incorporación de apenas mil 500 nuevos investigadores a lo largo del periodo. Además, cerca de la mitad del total está concentrado en las instituciones de enseñanza superior del centro del país (una tercera parte en la UNAM) y no todos los miembros del SNI son reconocidos plenamente como investigadores. El 18 por ciento del total de integrantes en 1999 permanecía como candidato a investigador, lo que de acuerdo con los parámetros del SNI daría como resultado que la planta de investigadores del país es de poco más 6 mil.

A pesar de que el SNI ha jugado un papel relevante en la diferenciación y desarrollo de la actividad, su alcance es sumamente reducido y no se prevé que vaya a modificar su funcionamiento a corto plazo. La reforma del sistema en 1999 no alteró los criterios de acceso y tampoco ha permitido ampliar y renovar de forma sustantiva la base de investigadores. Así, parece necesario buscar nuevas formas de impulsar el desempeño y superación de la actividad. Especial cuidado deberá prestarse al sistema de becas que opera Conacyt, particularmente sobre las áreas de estudio que se impulsarán, la justificación de criterios para disminuir los apoyos a los becarios bajo ciertas condiciones y la pertinencia de los mecanismos punitivos para orientar a los becarios.

¿Articular o crecer?

Es claro que el sistema científico y tecnológico debe crecer, fortalecerse y contar con mayor financiamiento. Seguramente ésa es una de las razones por las que el presidente Vicente Fox se comprometió en su periodo de campaña a duplicar los recursos para la CyT, compromiso que no se vio reflejado en el presupuesto de diciembre, pero que, según declaraciones de directivos de Conacyt, sigue vigente. Sin embargo, no solamente se requieren mayores recursos financieros o un aumento sustantivo de personas dedicadas a la CyT, es necesario diseñar una política integral y de largo plazo en esta materia. Habrá que prever, entre otros aspectos, qué papel le corresponde desempeñar al sistema científico y al de innovación tecnológica, cómo se articulan con el sistema educativo y el entorno, cómo lograr un desarrollo regional más equilibrado, qué política seguir para la formación de recursos en este campo y qué opciones laborales efectivas tendrán. Por esta razón preocupa que el PND solamente advierta como parte de su diagnóstico la escasa vinculación de la CyT: "el sistema nacional de investigación no se ha articulado adecuadamente con las necesidades sociales y productivas del país, y existen además enormes diferencias regionales en cuanto a la operación, aplicación y desarrollo de conocimientos para el mejoramiento general de la población".

La apreciación anterior concuerda con la posición del director de Conacyt, quien anunció desde su toma de posesión que el mayor desafío y el cambio estructural más importante en el organismo rector de las políticas sería la vinculación de las instituciones científicas con proyectos de interés común. "Se trata de decirle al científico aquí hay un tema para ti y no la vieja concepción de tengo una bolsa de recursos, propón cosas y te doy dinero", dijo (La Jornada, 26/02/01). Posteriormente habló de un cambio de paradigma en la administración científica, en el que la actividad estaría más bien orientada por la demanda de conocimiento y se borrarían las fronteras entre ciencia y tecnología (Adiat, 05/04/01). Elementos que, por lo demás, también plantea el Banco Interamericano de Desarrollo como estrategia para el desarrollo de la actividad en América Latina y orientación para sus préstamos (BID 2000).

No hay duda de que el subsistema de educación superior, así como el de CyT, deben estar vinculados a su entorno e intentar resolver los grandes problemas nacionales. Sin embargo, es necesario advertir que se deben precisar los lineamientos para el sistema en su conjunto y plantear las estrategias que permitirían consolidar el sistema que ya opera y al mismo tiempo avanzar en un desarrollo más equilibrado.

La Academia Mexicana de Ciencias (AMC) ha formulado algunas propuestas desde el año anterior y, a propósito de la reciente publicación del PND, en este mes las ha reiterado. Una de las más sobresalientes se refiere al hecho de asumir como política de Estado la política científica y tecnológica. Iniciativa que busca evitar el peso excesivo del sector gubernamental en la definición de acciones e involucrar al conjunto de instituciones y sectores en el diseño de la política. Seguramente si se asumiera una política de Estado habría mayor posibilidad de continuidad en las acciones y de congruencia en su diseño.

Otra propuesta de la AMC, importante y al mismo tiempo contradictoria, se refiere a que Conacyt se convierta en un organismo autónomo pero "que dependa directamente del Poder Ejecutivo". Quizás la propuesta debería ser más bien una plena independencia y autonomía para el organismo rector de las políticas científicas, pero con garantía legal para su funcionamiento y ejercicio de recursos.

La AMC sabe que algunas investigaciones son esenciales para el país, pero no atraen el interés del sector privado porque no existe certeza sobre la beneficios privados que podrían reportar.

Si los plazos que anunció el director de Conacyt se cumplen, la elaboración del programa sectorial estaría en proceso de elaboración y faltaría más de un mes para su presentación.

Ha trascurrido más de un semestre de la toma de posesión de la nueva administración gubernamental y más de un año de su triunfo electoral. Sería tiempo de que ofreciera un programa coherente y de largo plazo.

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