VIERNES Ť 20 Ť JULIO Ť 2001
Ť Acudió a la CDHDF para rechazar recomendación por peculado y delitos electorales
Acusa Sosamontes al ombudsman de violar sus derechos humanos al negarle audiencia
Ť Se enviaron dos lanchas a Hidalgo para brindar apoyo ante las inundaciones, dice
SUSANA GONZALEZ Y ANGEL BOLAÑOS
El titular de Atención y Apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Ramón Sosamontes, acusó al ombudsman capitalino, Luis de la Barreda Solórzano, de violar sus derechos humanos al no concederle una audiencia con motivo de la recomendación que la CDHDF hizo el martes pasado a la delegación Iztapalapa para que promueva procedimientos administrativos y penales en su contra por la presunta comisión de delitos electorales y peculado, por alquilar dos lanchas en 1999, enviadas a Metztitlán, Hidalgo, cuando era delegado de esa demarcación. La recomendación, dijo, "está muy torcida" y se basa en declaraciones contradictorias de una misma persona, Juan Hernández Vergara, dirigente del PRD en ese municipio.
A su vez, Leonel Godoy, titular de la SSP, respaldó a Sosamontes durante la presentación de su informe semestral de actividades, realizada ayer. El secretario criticó la actuación de la CDHDF al manifestar que "si alguien es señalado requiere ser citado para presentar sus pruebas de descargo si las tiene. Un señalamiento de ese tipo necesita un procedimiento justo y que se den las garantías procesales, fundamentalmente la de audiencia, a la que todo mundo tiene derecho".
Por otro lado, Grupo Vahtzorini, empresa que rentó las lanchas, presentó una denuncia penal ante la Procuraduría capitalina para reclamar un adeudo de más de 2 millones 300 mil pesos y la devolución de ambas embarcaciones. Roberto E. Munguía, representante legal de la compañía, señaló que después del vencimiento del contrato, la demarcación no le entregó ninguna acta de liberación de las unidades para que pudiera recogerlas, lo que prorrogó automáticamente la renta de los vehículos.
Tras el fallo de la CDHDF, que acusó a las autoridades delegacionales de haber pagado más de lo estipulado en el contrato correspondiente, la empresa recurrió ahora a la PGJDF y en su denuncia acusó además a dos ex funcionarios de la delegación por amenazas: el ex subdelegado administrativo, Eucario Ramírez, y el ex subdirector de Obras, Tito Fernández Torres, quienes advirtieron que si continuaba con su demanda la delegación Iztapalapa los iba a acusar de fraude.
Sosamontes rechazó que la renta de ambas embarcaciones haya ascendido a casi un millón de pesos como sostiene la CDHDF, y aseguró que cada lancha se alquiló en 2 mil 900 pesos diariamente, de noviembre a diciembre, aunque permanecieron allá hasta marzo.
"ƑPor qué diario? Porque no podíamos saber cuánto iba a durar la inundación. No podíamos comprar lanchas porque no estaba autorizado por la partida presupuestal."
También negó que las embarcaciones hayan sido utilizadas con fines proselitistas, dado que "estuvieron ahí hasta marzo y las elecciones fueron el 14 de noviembre". Agregó que tanto el presidente municipal como el gobernador del estado eran priístas y no hubieran permitido esa utilización. En cambio, enfatizó, Iztapalapa recibió un reconocimiento de la población por la ayuda humanitaria brindada.
El ahora subsecretario de la SSP dijo que es incorrecta la actitud de Luis de la Barreda, porque no fue llamado ni notificado por escrito de la recomendación.
Afirmó que cuenta con los documentos necesarios para probar sus declaraciones, y los presentará cuando sea llamado por la Contraloría General del Distrito Federal.