VIERNES Ť 20 Ť JULIO Ť 2001

Ť Las fallas, por inexperiencia, dice Susana Manzanares

Injustificado, el escándalo contra la cuenta pública de 1999: PRD

Ť Legisladores perredistas analizan demandar a Doring y Widmer

GABRIELA ROMERO SANCHEZ

La fracción del PRD en la Asamblea Legislativa puntualizó que pese a que en el informe de la revisión de la cuenta pública de 1999 se reportan inconsistencias, fallas administrativas y problemas relacionados con la aplicación de las normas, del documento no se desprende ninguna justificación para el escándalo o el linchamiento público que ha ejercido en los últimos meses el Partido Acción Nacional.

"Durante más de dos meses observamos el escándalo generado en torno a este informe; se filtraron contratos, copias de documentos, se acusó, juzgó y condenó frente a la opinión pública a personas e instituciones, se violentó la ley y se presentaron denuncias como método para hacer política y ganar notoriedad pública", expusieron en conferencia de prensa los diputados perredistas Clara Brugada, Gilberto Ensástiga y Bernardino Ramos.

Brugada Molina anunció que su partido analiza la pertinencia de presentar una denuncia penal en contra de los legisladores del blanquiazul Federico Doring y Walter Widmer, quienes al parecer incurrieron en delitos tipificados en el Código Penal, tales como cohecho, revelación de secretos y ejercicio indebido del servicio público.

Aseveró que el fuero constitucional no es una carta de impunidad o inmunidad para cometer actos delictivos; "el fuero resguarda al Poder Legislativo y las opiniones que en el ejercicio de sus funciones desarrollan sus integrantes".

Ensástiga añadió que los diputados Doring y Widmer se han aprovechado de su fuero para obtener información privilegiada, por lo que consideró necesario hacer una revisión a fondo de la Ley de Responsabilidades, a fin de evitar que en el futuro "cualquiera" utilice en su provecho documentos que deben ser confidenciales.

Tras aclarar que el Partido de la Revolución Democrática confía en la imparcialidad de los órganos de control y fiscalización, Brugada Molina conminó a esperar la conclusión de las indagaciones y la determinación de responsabilidades. "Si algún funcionario resulta implicado en hechos irregulares o ilegales, se le deben fincar responsabilidades y castigar conforme a legislación".

En este sentido, la también diputada perredista Susana Manzanares manifestó que en caso de que hubiera un manejo indebido de los recursos deberá imponerse un castigo ejemplar a quien o quienes hayan incurrido en el ilícito.

Añadió que las causas de las anomalías tienen su origen en la falta de experiencia administrativa al frente de áreas como el DIF. "Desafortunadamente (el anterior) fue un gobierno que llegó con muchas ganas pero sin la suficiente experiencia para cumplir con la normatividad existente".

En su opinión los panistas son los menos indicados para exigir transparencia en el uso de recursos públicos, cuando se niegan a entregar al Instituto Federal Electoral los informes sobre las aportaciones que hubo a la campaña de Vicente Fox.