Ť No hay pruebas de que el dinero haya ingresado a ese partido
Dictamina el CEE de NL que funcionarios del PRI recibieron $24 millones del erario
DAVID CARRIZALES CORRESPONSAL
Monterrey, NL, 19 de julio. La Comisión Estatal Electoral (CEE) dictaminó que sí existen elementos para probar que funcionarios del PRI recibieron 24 millones de pesos en la administración del ex gobernador Benjamín Clariond Reyes; sin embargo, aclaró que no se comprobó que ese dinero haya ingresado al partido, pues las copias de cheques, declaraciones del ex presidente estatal priísta Horacio del Bosque Dávila, de ex funcionarios de la Tesorería y otros acusados, "sólo constituyen un indicio" de que los recursos eran para gastos del comité en la entidad y los municipales.
José Robles Flores Fernández, presidente del organismo colegiado, descartó que los anteriores integrantes de la comisión -que encabezó Ramón de la Peña Manrique- hayan actuado por consigna para perjudicar al tricolor en vísperas de las elecciones del 2 de julio de 2000, sino que con base en los elementos que entonces tuvieron consideraron que había pruebas suficientes para imponer una sanción "ejemplar".
En la resolución emitida por la CEE se asienta que sí se acreditó en actuaciones judiciales la existencia del desvío de recursos del erario por parte de funcionarios de la Secretaría de Finanzas (Xavier Doria González), y la recepción de los recursos por funcionarios del PRI (Horacio del Bosque, entre otros).
Consideró que "hay ausencia de elementos para acreditar ingresos fuera de los autorizados en la legislación electoral, así como su utilización para fines políticos" por parte del tricolor; no obstante que Horacio del Bosque admitió que los recursos que recibía cada mes de la tesorería estatal eran utilizados para "gasto corriente" del partido, y que de ello estaba enterado el entonces gobernador Benjamín Clariond.
Cabe recordar que el 2 de mayo de 2000 la CEE sancionó al PRI con 48 millones de pesos a cuenta de sus prerrogativas, que lo habrían dejado sin recursos públicos durante al menos dos elecciones locales; sin embargo, el 3 de junio el Tribunal Estatal Electoral (TEE) declaró nula la resolución, y en juicio de revisión promovido por panistas y priístas el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la sentencia del estatal, al tiempo que pidió a la CEE repusiera el procedimiento, a fin de que recabara nuevas pruebas que justificaran su resolución.
El 6 de diciembre pasado la CEE reinició el caso de fincamiento de responsabilidad contra el PRI, pero de acuerdo con el nuevo análisis realizado a las pruebas de cargo y descargo se determinó que "sí se desviaron recursos de la Tesorería del estado" y que fueron recibidos por funcionarios de ese partido, pero "no puede comprobarse que dichos ingresos -recibidos por funcionarios del tricolor- hayan entrado formalmente a las arcas del partido, ni que hayan sido utilizados con fines políticos".
Flores Fernández admitió que éste puede resultar un precedente que permita la impunidad de los delitos electorales por parte de los partidos, pues aunque sean beneficiarios de las tropelías o desvíos de recursos públicos, sólo podrían ser sancionados los directamente involucrados, "pero éste fue el criterio que marcó el TEPJF", dijo.
Al respecto, Jorge Padilla Olvera, dirigente del Partido de Centro Democrático, quien presentó la denuncia contra el Revolucionario Institucional, comentó que seguramente hubo una "negociación" de muy alto nivel entre priístas y panistas para sobreseer el caso, "y tal vez nos costará un punto más de impuestos o la impunidad de algunos políticos corruptos de esos dos partidos".
Incluso consideró que podría ser un indicio de la forma en que también se resolverá el caso del financiamiento a la campaña del presidente Vicente Fox.