viernes Ť 20 Ť julio Ť 2001

Luis Javier Garrido

La contrarreforma

La aprobación de las contrarreformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas, lejos de lo que creen los principales colaboradores de Vicente Fox, constituye una derrota para el nuevo gobierno que lo marca desde sus inicios.

1. El cómputo precipitado que hizo la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de las adiciones constitucionales en materia indígena promovidas por el presidente Fox y la declaración de que éstas han sido aprobadas conforme a lo establecido por el artículo 135 (18 de julio) culminan un proceso marcado por graves irregularidades que deja una serie de lecciones para el país. Y la primera de ellas es que nunca más una modificación constitucional debe poder ser impuesta como ésta por la clase política y a espaldas de la sociedad utilizando un mecanismo anacrónico y antidemocrático como el vigente. La Constitución mexicana no debería poder ser reformada en el futuro más que a través del referéndum, pues de lo contrario todos esos cambios serán tan ilegítimos como éste.

2. La aprobación de la contrrarreforma constitucional en materia indígena podría ser interpretada como una victoria del gobierno foxista, que en apariencia no sólo se habría salido con la suya al lograr que se aprobara la legislación por la que tanto trabajó, sino que habría también tenido éxito al pasarle la factura a los partidos y en particular a dos legisladores enemigos suyos, Diego y Bartlett, a pesar de que éstos sólo fueron meros comparsas de su decisión. La realidad es, sin embargo, que la decisión de imponerle al país una legislación contraria a los intereses de los pueblos indios, que desconoce abiertamente los acuerdos de San Andrés de 1996 y que es violatoria del Convenio 169 de la OIT y de otros instrumentos internacionales, entraña consecuencias muy negativas para el futuro del nuevo gobierno y ha logrado evidenciar que no se puede confiar en éste más que en los de la tecnocracia salinista y que Fox es, como sus predecesores priístas, no sólo un gobernante entregado a los intereses del exterior, sino un individuo con quien no tiene sentido llegar a acuerdos.

3. El proceso de modificaciones constitucionales mostró cuál es el estilo personal de gobernar de Fox, a través de una política de dobleces: envió la ley Cocopa al Senado en diciembre de 2000, pero advirtió a los legisladores que no deberían aprobarla; se dijo respetuoso del Legislativo, pero en Los Pinos discutió y supervisó el nuevo texto que se impuso y desde Bucareli supervisó el voto de cada uno de los legisladores federales y locales. La legislación aprobada es la que Fox requiere para cumplir con los programas que le impone el Banco Mundial, pero mandó a su asesora Xóchitl Gálvez a criticarla como "insuficiente" con la pretensión de sentar a los zapatistas a negociarla de nuevo.

La contrarreforma indígena se aprobó en tales términos y en esa forma porque así lo decidieron Fox y sus colaboradores y, sin embargo, el gobierno busca aparentar que la responsabilidad de lo aprobado es del Congreso y de las legislaturas estatales, porque "ya todo cambió" en México.

4. La contrarreforma indígena ha evidenciado una vez más la falta absoluta de ética de los partidos políticos y, en particular, de Acción Nacional, "el partido del Presidente", ya que en el proceso de paz de 1995-1996 Luis H. Alvarez y sus otros representantes se comprometieron a respetar los acuerdos de San Andrés, y como se sabe, redactaron el proyecto de iniciativa constitucional que desde entonces y por ellos se llamó ley Cocopa, que ahora han desconocido al avalar una legislación que la contradice en lo esencial. Muy firmes cuando se trata de defender lo esencial, como lo mostró este proceso en el que los panistas actuaron como un apoyo incondicional del Ejecutivo, las relaciones entre Los Pinos y Acción Nacional constituyen uno de los éxitos más significativos en la redefinición de la mecánica del poder del nuevo régimen, pues Fox puede escudarse en ellas para definir que el suyo no es un gobierno "del PAN" y que tiene una sana relación con su partido para desresponsabilizarse, como ahora lo ha hecho.

5. Los partidos políticos han aceptado ser instancias funcionales a la globalización neoliberal y así lo mostraron también en este proceso lo que queda del PRI y del PRD, aun cuando este último buscara en la parte final dar marcha atrás de su apoyo inicial a la contrarreforma y ocultar que su papel fundamental fue en éste, como en otros casos, buscar subordinar al EZLN a las políticas del Estado, es decir, a los intereses de las grandes empresas trasnacionales, presionando durante varias semanas para que los zapatistas aceptaran cambios a la ley Cocopa y abriéndole la vía a la legislación foxista que votaron de manera entusiasta en la Cámara de Senadores.

6. La apuesta del gobierno es muy clara en lo que se refiere al zapatismo y al movimiento indígena, y ya no cabe duda de lo que va a hacer en el futuro inmediato: tratar de vencer la resistencia de las comunidades por las mismas vías por las que fracasaron los gobiernos priístas, pero con mayores recursos y con una decisión más clara. Los nuevos gobernantes han visto en las demandas de autonomía de los pueblos indios un obstáculo para la imposición del modelo neoliberal, y están persuadidos de que pueden doblegar a las comunidades indígenas por la vía que intentó sin éxito el gobierno anterior, a través de una política social más vigorosa y con todo el peso de los aparatos del Estado, y para eso cuentan con la colaboración del gobierno local. Los asedios de los paramilitares a comunidades de Roberto Barrios (La Jornada, 19 de julio) son un ejemplo de la continuidad de las políticas oficiales.

7. La lucha por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indios va a continuar, empero con mayor intensidad, como dejó ver el proceso en las legislaturas estatales, durante el cual las movilizaciones mostraron la fuerza nacional de esta demanda histórica no satisfecha. Si el gobierno foxista pensó que el nuevo texto legal iba a debilitar este reclamo y a diluir en el olvido la lucha zapatista y la exigencia de cumplimiento de los acuerdos de San Andrés y a volverlos a éstos nada, muy pronto se dará cuenta de su error.

8. La campaña propagandística del gobierno de Fox, que sostiene la tesis de que la nueva legislación no es perversa, sino insuficiente, pues contiene a pesar de sus limitaciones múltiples, "avances", y que sostuvieron desde la aprobación de ésta en el Senado muchos voceros del perredismo, está de nuevo incrementándose, y no tiende más que a lo que el gobierno tanto ha buscado y que es un hipotético encuentro con la comandancia del EZLN, cuya foto pudiera darle la vuelta al mundo para legitimar a Fox, pero ignora la realidad de las cosas: el nuevo marco legal no reconoce la autonomía ni los derechos fundamentales de los pueblos indios y sí garantiza la prerrogativa del gobierno federal a imponerles un modo de vida ajeno.

9. El desafío para los pueblos indios es ante este escenario el de la nación misma: ejercer en el futuro inmediato sus derechos, estén o no reconocidos.

10. La verdadera autonomía no es la que reconocen las leyes por esencial que sea este reconocimiento para tutelar todos los derechos que de ella derivan. Es la que pueden ejercer las comunidades por la vía de los hechos, con o sin ley Ť.