VIERNES Ť 20 Ť JULIO Ť 2001
Ť Consecuencia del involucramiento del Ejército en lucha contra el narco, dicen militares
Presentó la CNDH 116 quejas a la PGJM en este sexenio
JESUS ARANDA
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha turnado en esta administración un total de 116 quejas a la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM), de las cuales 68 por ciento fueron presentadas por personas civiles, y el resto por parte de personal militar.
Fuentes de la Procuraduría Militar reconocieron que esta tendencia creciente en el número de quejas de civiles en contra de soldados se debe al involucramiento del Ejército en la lucha contra el narcotráfico y en tareas de seguridad pública.
Las principales quejas en contra de los soldados tienen que ver con detenciones arbitrarias, incomunicación o abuso de autoridad; mientras que las denuncias presentadas por los militares son en contra de sus superiores por presuntos abusos de autoridad o correctivos disciplinarios que consideran excesivos.
Según fuentes oficiales, en los últimos años se han incrementado las quejas de los civiles y disminuido las de los militares, lo cual también se atribuye a que existe un enlace permanente entre la procuraduría militar y la CNDH, que se encarga de lograr acuerdos previos entre las partes antes de que las quejas se conviertan en recomendaciones.
De acuerdo con el último reporte de quejas recibidas por la procuraduría castrense de parte de la CNDH, en los ocho primeros meses del gobierno de Vicente Fox la comisión le ha turnado 116 quejas, de las cuales 79 corresponden a civiles y 37 se refieren a denuncias sobre violaciones a los derechos humanos de los soldados en los cuarteles del Ejército.
Por su parte, la PGJM se ufana de no haber recibido ninguna recomendación de la CNDH en estos ocho meses. Mientras que en el periodo 1990-2000, la Secretaría de la Defensa Nacional se hizo acreedora a 24, de las que 12 fueron por tortura (ocho de éstas se cumplieron y cuatro estaban por cumplirse); cinco por dilación en la procuración de la justicia -que están totalmente cumplidas-, y 7 más "por motivos diversos (de las que cuatro fueron acatadas y tres estaban pendientes)".
Mención especial merece el caso de los ecologistas presos Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, en cuyo asunto la procuraduría militar aceptó una recomendación de la CNDH para "investigar" presuntos hechos de tortura, pero a la fecha la dependencia no ha determinado si hubo soldados que incurrieron en violaciones a las garantías individuales de los dos campesinos.