Ť Confirman que Ignacio Loyola será citado a declarar ante el Ministerio Público

Investiga la PGR espionaje político en Querétaro

Ť La UEDO informó que 3 funcionarios del Edomex comparecieron voluntariamente en el MP

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

La Procuraduría General de la República (PGR) inició una averiguación previa en torno a espionaje político en Querétaro, luego de que el gobernador de esa entidad, Ignacio Loyola Vera, afirmara que él realiza ese tipo de actividades.

Fuentes de la PGR confirmaron a La Jornada que el mandatario estatal será citado a declarar ante el Ministerio Público en los próximos días, "pero las investigaciones en Querétaro ya comenzaron".

Asimismo, el titular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO), José Luis Santiago Vasconcelos, informó que el secretario general de Gobierno del estado de México, Manuel Cadena Morales; el secretario de Administración, Enrique Peña Nieto, y Ezequiel Tapia Quiñones, subsecretario de la Tesorería General de esa administración estatal, comparecieron "voluntariamente" ante el Ministerio Público Federal, para declarar en relación con las investigaciones que la PGR realiza sobre el grupo de espías descubierto el pasado 5 de julio.

Los funcionarios mexiquenses se presentaron en calidad de testigos y aportaron información respecto a seis de los 12 detenidos (11 bajo arraigo y uno menor de edad, enviado al Consejo Tutelar), ya que, dijeron, son empleados del gobierno mexiquense.

De acuerdo con información oficial dada a conocer en Toluca, durante su comparecencia "se entregó al Ministerio Público de la Federación la documentación que acredita que dichas personas (de las cuales no se ha proporcionado su nombre), no trabajan para el gobierno del estado de México, y que fueron cancelados sus pagos tiempo atrás por no justificar sus actividades".

En un comunicado, el gobierno mexiquense aseguró que "oficialmente, el MPF comunicó a Manuel Cadena Morales, secretario general de Gobierno, que para el órgano investigador el funcionario tenía carácter de ofendido, toda vez que él era objeto de espionaje, al tenerse interferidos ilegalmente los números de su domicilio particular, por parte del grupo de personas arraigadas".

La administración de Arturo Montiel aseguró que "reconoce el profesionalismo con que la PGR está realizando la investigación sobre este caso, y reitera su convicción de coadyuvar con todos los recursos a su alcance para el total esclarecimiento de estos hechos".

La Jornada reveló el 7 de julio que la PGR había descubierto una red de espionaje político que operaba desde el Distrito Federal, y que ésta tenía conexiones con organizaciones políticas.