VIERNES Ť 20 Ť JULIO Ť 2001
Magdalena Gómez
Pueblos indígenas y transición a la democracia
šQué paradoja! En el aniversario luctuoso del presidente zapoteco Benito Juárez, la clase política nos mostró en el Congreso de la Unión un retrato de la verdadera cara de la llamada transición democrática. Los priístas y panistas, con su añeja e histórica hermandad, lidereados por Manuel Bartlett Díaz y Diego Fernández de Cevallos consumaron el conteo de votos para declarar aprobada la contrarreforma indígena...
Procedieron de manera vergonzante, con la clásica práctica del albazo eludiendo el mínimo análisis y valoración sobre el proceso en las legislaturas locales, que deja suficientes evidencias sobre la realidad federalista en nuestro país, sobre las limitaciones actuales del artículo 135 constitucional y su ausencia de reglamentación y, sobre todo, sobre la imposibilidad de comunicarse, dialogar y escuchar a los pueblos indígenas.
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Díaz Romero, comentó en el debate en sesión pública sobre el amparo contra el procedimiento de reformas a la Constitución que ''la última parte del artículo 135 dice: 'El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas'. Pues bien, aquí está el control y este control es de carácter político, Ƒpensamos acaso que el constituyente le dio esta facultad al Congreso de la Unión o a la Comisión Permanente solamente para que hicieran un simple cómputo de votos?, para eso mejor le hubiera dado esta función a un contador público o a un notario. No, se trata de que en este aspecto tenía que examinarse todo lo relativo al procedimiento y ahí está el control'' (Manuel Camacho, publicado en la serie Debates de la SCJN, p. 82, 3/02/97).
Obviamente, para los legisladores ''contadores'' estas opiniones les tienen sin cuidado, pues interpretan el principio de división de poderes como carta abierta sin referencia mínima a una noción global de Estado, menos aún de estado de derecho, el cual es inconcebible sin legitimidad y fundado sólo con la bandera de legalidades formalistas.
En definitiva no se entendió el mensaje del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ni el del Congreso Nacional Indígena (CNI) del histórico 28 de marzo, cuando claramente se dijo al Congreso de la Unión que no se pretendía suplantar el trabajo de los legisladores y se expusieron las razones de fondo que sustentan la propuesta de Cocopa.
La clase política, en especial el PRI y el PAN, pretende justificar el hecho de que no fueron capaces de tender puentes para la paz al procesar una reforma emanada de un compromiso firmado, cuya legitimidad fue refrendada por una marcha de tal aceptación en la sociedad que rindió al gobierno a las evidencias de que era imparable.
Habrá que analizar con detenimiento todo el proceso en las legislaturas locales y desde ahí y los municipios promover acciones ante la SCJN. Por lo pronto, es evidente que el PAN, pese a su discurso sobre transición democrática, impuso a sus legisladores de las entidades el voto disciplinado en la más pura tradición priísta, a favor de la decisión que avalaron sus dirigentes nacionales. ƑNuevas prácticas? Ƒnueva cultura política? Así, el partido que triunfó hace un año respalda un proyecto contrario al que asumió formalmente el presidente panista Vicente Fox Quesada, Ƒes parte de los cambios, como afirmó recientemente el comisionado para la paz, Luis H. Alvarez, o refleja debilidad política frente a quienes le prestaron las siglas?
En las legislaturas locales, el PRI se enfrentó a la disyuntiva de profundizar su distancia con el movimiento indígena o respaldar a sus otrora dictadores de línea a nivel nacional. Su instinto de sobrevivencia hizo que se dejara en libertad la definición del sentido del voto, ello permitió el rechazo en las diez entidades, pero determinó también la aprobación en las restantes.
El PRD, si bien no tiene hegemonía mantuvo la postura de rechazo en congruencia con sus diputados federales y el deslinde con la postura que asumieron sus senadores al votar en el mismo sentido que Manuel Bartlett Díaz y Diego Fernández de Cevallos. También se deslindó votando en contra y denunció el albazo del 18 de julio.
En este escenario destacan aquellas entidades cuyos congresos prefirieron nadar de muertito para esperar que se consolidara una decisión y simplemente colocarse a la cargada de la hegemónica, así lo hizo Chihuahua, por ejemplo.
A pesar del descalabro que significa la contrarreforma, los pueblos indígenas se encuentran activos y fortalecidos en el Congreso Nacional Indígena con organizaciones que han hecho presencia en todo el país; en Chiapas, Oaxaca y Guerrero cerraron filas contra el dictamen del Congreso de la Unión, e inclusive en este último caso enfrentan órdenes de aprehensión por tales posiciones.
Se han presentado respuestas históricas, como la de los rarámuris, donde en una reunión inédita 68 gobernadores definieron posturas y acciones políticas conjuntas nacionales, pero sobre todo se plantaron ante los legisladores para transmitirles su rechazo a una reforma ''en la que se puso todo al revés''.
En este proceso legislativo la política del Ejecutivo se tradujo en ''dejar hacer, dejar pasar'' bajo el principio de división de poderes, que en los hechos está implicando inmovilidad o subordinación, pues interesado como dice estar en la paz, bien pudo asumir una postura crítica frente al dictamen del Congreso de la Unión y promover una reflexión en las entidades sobre la implicación de la decisión legislativa. No lo hizo, ni el comisionado para la paz ni tampoco la Cocopa, deslegitimada de origen por no haber cerrado filas con el contenido de la iniciativa que emanaba de su esfuerzo como instancia de coadyuvancia, situación difícil de revertir por más reuniones de análisis y consulta que realice.
Falta conocer la postura que asumirá el Poder Judicial. Por lo pronto, del lado del Ejecutivo y el Legislativo se está recurriendo a la argumentación formal para evadir la implicación de la contrarreforma de cara a los sujetos sociales y políticos, los cuales ya analizaron y decidieron que no les sirve un texto constitucional que mutiló derechos y convirtió otros en acciones para introducir la visión de la tutela vulnerando la autonomía...
Las resoluciones sobre las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad frente a la contrarreforma colocará de nueva cuenta la pelota en la cancha del Congreso. Sin una revisión a fondo de sus posturas y razonamientos en materia indígena, no se logrará el acuerdo político que tenga como punto de partida el respeto a la iniciativa de Cocopa. Para ello tendrían que ser sensibles a la filosofía indígena que en el caso rarámuri basa la resolución de conflictos en una ética de resultados y no de intenciones como señala Ricardo Robles, con 30 años de acompañamiento en la tarahumara: no importa si quisieron o no provocar un daño o si creían que estaban haciendo bien, lo que importa son los resultados y de ello son responsables, por lo que están obligados a corregir. De lo contrario se profundizará la fragilidad de la llamada transición democrática. ƑSerá ése su propósito?