VIERNES Ť 20 Ť JULIO Ť 2001
Ť La ley no resuelve la discriminación ni otorga autonomía, dicen
Argumentos de estados que votaron en contra
ANGELICA ENCISO L.
En los diez estados donde reside alrededor de 80 por ciento de la población indígena, los congresos votaron en contra de la reforma en la materia, porque no resuelve los problemas de discriminación, libre determinación de los pueblos, autonomía y pluriculturalidad.
El voto en contra se sostiene en que la ley indígena está alejada de la iniciativa de la Cocopa, no cumple con los acuerdos de San Andrés, no resuelve el conflicto en Chiapas, ni se llega a la paz, objetivos por los que fue enviada al Congreso de la Unión.
Para 17 entidades, todos estos aspectos quedaron resueltos y en su argumentación sostuvieron que cada uno de estos conceptos quedó reconocido constitucionalmente, además de que reconoció a los pueblos indios.
En los dictámenes de la iniciativa que elaboraron seis congresos, y en un resumen de los argumentos que esgrimieron las distintas legislaturas que elaboró el INI, se destacó la gran distancia que existe entre las partes que votaron a favor y en contra.
La iniciativa fue rechazada en Baja California Sur, Sinaloa, Zacatecas, estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Hidalgo y Puebla, que concentran el mayor porcentaje de población indígena.
Al respecto, el congreso de Oaxaca estableció que la reforma es ''discriminatoria de los indígenas, tanto en contenido como en forma, sobre todo al negar a sus pueblos y comunidades la personalidad jurídica necesaria para la defensa de sus legítimos derechos, reconociéndoles exclusivamente el carácter de sujetos de interés público''.
Para los legisladores de Chiapas, la reforma no consideró a los pueblos y comunidades como entidades de derecho público, sino de interés público, con lo que sólo se considera ''el deseo social para el logro de determinado beneficio en común o la realización de ciertas acciones tendientes a la consecución de los fines que percibe un grupo social determinado''.
En Zacatecas se consideró que la reforma aprobada niega a los indígenas el derecho colectivo al ''uso y disfrute'' de sus recursos naturales. Baja California Sur, por su parte, resaltó las ''abismales diferencias con la iniciativa que elaboró en noviembre de 1996 la Cocopa''. Sinaloa hizo énfasis en el hecho de que no se haya consultado a ninguna autoridad indígena, no se otorgue autonomía y todo ello ''constituye un factor de división y se sigue enviando señales equivocadas hacia quienes después de declaraciones de guerra han retomado el camino del diálogo''.
En San Luis Potosí hubo un serio cuestionamiento al aspecto de la representación política de los pueblos indígenas, ya que ''se deja al arbitrio y buena voluntad de las autoridades el modificar cuando sea factible las demarcaciones territoriales de los distritos uninominales, con lo que se dificulta el acceso de los indígenas a cargos de elección''.
Con argumentos opuestos, en 17 entidades la iniciativa fue aprobada bajo la premisa de que responde a las demandas de los pueblos indígenas, aunque se hicieron a un lado los objetivos por los que desde diciembre pasado se comenzó a debatir en el Congreso de la Unión: cumplir con los acuerdos de San Andrés y lograr la paz en Chiapas.
De acuerdo con el INI, se encontró que para aquellos que avalaron la iniciativa fue determinante la prohibición constitucional de la discriminación y que se garantiza la libre determinación de los pueblos indígenas y la autonomía para ejercerla, siempre y cuando sea dentro del pacto federal.