Ť Rotundo rechazo a la aprobación de la ley indígena

González Casanova: la más desprestigiada

"contrarreforma"

Ť Cercados por hambre y paramilitares, 11 mil desplazados en Chiapas

Se agudizó ayer en todo el país la inconformidad por las reformas en materia indígena y el proceso legislativo seguido tras la aprobación, por fast track, que hiciera el Congreso de la Unión del cómputo de votos de los congresos estatales. Gobernadores, congresos estatales, municipios, organizaciones y partidos han externado ya su oposición. Diversas organizaciones indígenas expresaron también su rotundo rechazo y llamaron a un encuentro nacional para analizar estrategias a fin de oponerse a las modificaciones que finalmente dio por aprobadas la Comisión Permanente.

Pablo González Casanova, ex integrante de la Comisión Nacional de Intermediación, sintetizó anoche ese sentir: "México ha tenido dos contrarreformas a la Constitución, una contra el artículo 27 y los derechos de los campesinos", y "la otra es la que se aprobó este miércoles en materia indígena". Y añadió: "nunca se había hecho una contrarreforma a la Constitución tan desprestigiada como la que aprobaron estos señores".

Mientras tanto, en Polhó, Chiapas, los indígenas afirmaron que nada ha cambiado con el nuevo gobierno. Rodeados de 25 campamentos del Ejército, las tierras donde viven 11 mil desplazados por los paramilitares son las de mayor presencia castrense en el estado, después de Ocosingo. En esa zona durante los últimos días se ha complicado el suministro de alimentos, pues en algunos casos la aportación de maíz que hace la Cruz Roja cada 15 días ha disminuido a la mitad. "Muchos de nosotros tenemos hambre, hace falta maíz", dijeron indígenas afectados.

En tanto, el debate político sobre las reformas se reavivó ayer. La presidenta en turno de la Cocopa, Luisa María Calderón, lamentó el apresuramiento y la forma "poco prudente" como la Comisión Permanente aceleró la consumación del proceso. "No había necesidad de no respetar los tiempos legislativos", declaró la senadora, quien ratificó la postura de esta instancia para buscar nuevas rutas que detengan la polarización por el contenido de la reforma.

El coordinador de la diputación perredista, Martí Batres, señaló que el temor de la dupla Bartlett-Fernández de Cevallos a la creciente inconformidad contra la aprobación por mayoría simple en los congresos estatales y sus posibles implicaciones legales fue lo que aceleró la decisión de la Permanente.

Su postura coincidió con la asumida por organizaciones indígenas que hicieron notar la ilegalidad en que habrían incurrido algunos congresos estatales al aprobar los cambios constitucionales con una mayoría simple.

Entre tanto, el senador priísta Manuel Bartlett advirtió que no responderá a las descalificaciones de su papel en el apresuramiento del Poder Legislativo para consumar la reforma indígena y anticipó que el Congreso se dedicará, de inmediato, a aprobar las modificaciones a más de 40 leyes que se desprenden de los polémicos cambios constitucionales.

LEY INDIGENA

Ť El apresuramiento y la poca prudencia provocarán mayor ruido en la discusión, dice

Critica Cocopa la aprobación de la reforma

Ť Anuncia el organismo la búsqueda de alternativas que permitan hacer frente a la confrontación

ANDREA BECERRIL

La forma apresurada, poco prudente en que se aprobó el proceso final de la reforma constitucional indígena va a provocar ''mayor ruido'' a la discusión que se viene dando en torno a esa ley, y es muy posible que acelere una reacción en contra por parte del EZLN, advirtió la presidenta en turno de la Cocopa, Luisa María Calderón.

La senadora panista precisó que ese organismo seguirá con el análisis de posibles rutas para integrar una propuesta que detenga la polarización en torno a la reforma indígena.

Calderón Hinojosa deploró las prisas con que la Comisión Permanente decidió -el pasado miércoles- llevar a cabo el cómputo de la votación en las legislaturas locales, para declarar la aprobación definitiva de la ley. ''No fue apropiado, faltó prudencia, no había necesidad de no respetar tiempos legislativos''.

Agregó que la Cocopa respeta la determinación del EZLN de guardar silencio, aunque lo ocurrido en la Permanente podría dar lugar a un nuevo posicionamiento de los zapatistas o del Congreso Nacional Indígena, que desde la primera fase de la reforma, cuando fue aprobada por las cámaras de Senadores y de Diputados, externó su rechazo.

En la actual coyuntura, la Cocopa deberá actuar con base en la eventual respuesta del EZLN, aunque paralelamente la comisión continuará en la búsqueda de alternativas que permitan hacer frente a la confrontación y división provocada entre los grupos indígenas, durante el paso de la reforma indígena por los estados.

Por separado, los senadores del PRD Demetrio Sodi y Rutilio Escandón señalaron que al violentarse los tiempos en la Permanente se da un mayor cuestionamiento a esa reforma. Sodi hizo notar que ahora la situación, tanto para la Cocopa como para el Congreso, es aún más difícil. ''Estamos ante dos alternativas: que PRI y PAN endurezcan sus posturas y se cierren a cualquier espacio de debate, o también la posición extrema de que no haya reforma constitucional indígena; hay entonces que solucionar el problema, porque cualquiera de estas posturas lleva a la confrontación y la inmovilidad''.

Agregó que la fracción del PRD en el Senado reconoció públicamente el error de haber aprobado en lo general la reforma, pues aunque en principio consideraron que hubo avances importantes, después de revisar todo el proceso entendieron que se fracasó, porque no avanza hacia la paz ni a resolver las demandas ancestrales de los grupos étnicos del país.

A su vez, Escandón dijo que durante la reunión que los integrantes de la Cocopa sostuvieron la semana pasada con académicos y personalidades cercanas al EZLN, se coincidió en la preocupación por la polarización que hay con motivo de la discusión de la ley indígena y la necesidad de que ese organismo de coadyuvancia actúe con mayor fuerza.

En entrevista aparte, la presidenta en turno de la Cocopa precisó que a su juicio se debe cambiar la lógica actual en que las mayorías deciden. ''Hay que buscar alternativas para que las minorías tengan sus propios espacios. Hay que escuchar a los pueblos indios''.

Calderón precisó que el próximo lunes la Cocopa se reunirá con Luis Villoro y Gustavo Iruegas, que han seguido de cerca el movimiento zapatista, así como con Arturo Saldívar, de la Barra de Abogados, para intercambiar puntos de vista sobre la coyuntura actual.

Ť La ley no resuelve la discriminación ni otorga autonomía, dicen

Argumentos de estados que votaron en contra

ANGELICA ENCISO L.

En los diez estados donde reside alrededor de 80 por ciento de la población indígena, los congresos votaron en contra de la reforma en la materia, porque no resuelve los problemas de discriminación, libre determinación de los pueblos, autonomía y pluriculturalidad.

El voto en contra se sostiene en que la ley indígena está alejada de la iniciativa de la Cocopa, no cumple con los acuerdos de San Andrés, no resuelve el conflicto en Chiapas, ni se llega a la paz, objetivos por los que fue enviada al Congreso de la Unión.

Para 17 entidades, todos estos aspectos quedaron resueltos y en su argumentación sostuvieron que cada uno de estos conceptos quedó reconocido constitucionalmente, además de que reconoció a los pueblos indios.

En los dictámenes de la iniciativa que elaboraron seis congresos, y en un resumen de los argumentos que esgrimieron las distintas legislaturas que elaboró el INI, se destacó la gran distancia que existe entre las partes que votaron a favor y en contra.

La iniciativa fue rechazada en Baja California Sur, Sinaloa, Zacatecas, estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Hidalgo y Puebla, que concentran el mayor porcentaje de población indígena.

Al respecto, el congreso de Oaxaca estableció que la reforma es ''discriminatoria de los indígenas, tanto en contenido como en forma, sobre todo al negar a sus pueblos y comunidades la personalidad jurídica necesaria para la defensa de sus legítimos derechos, reconociéndoles exclusivamente el carácter de sujetos de interés público''.

Para los legisladores de Chiapas, la reforma no consideró a los pueblos y comunidades como entidades de derecho público, sino de interés público, con lo que sólo se considera ''el deseo social para el logro de determinado beneficio en común o la realización de ciertas acciones tendientes a la consecución de los fines que percibe un grupo social determinado''.

En Zacatecas se consideró que la reforma aprobada niega a los indígenas el derecho colectivo al ''uso y disfrute'' de sus recursos naturales. Baja California Sur, por su parte, resaltó las ''abismales diferencias con la iniciativa que elaboró en noviembre de 1996 la Cocopa''. Sinaloa hizo énfasis en el hecho de que no se haya consultado a ninguna autoridad indígena, no se otorgue autonomía y todo ello ''constituye un factor de división y se sigue enviando señales equivocadas hacia quienes después de declaraciones de guerra han retomado el camino del diálogo''.

En San Luis Potosí hubo un serio cuestionamiento al aspecto de la representación política de los pueblos indígenas, ya que ''se deja al arbitrio y buena voluntad de las autoridades el modificar cuando sea factible las demarcaciones territoriales de los distritos uninominales, con lo que se dificulta el acceso de los indígenas a cargos de elección''.

Con argumentos opuestos, en 17 entidades la iniciativa fue aprobada bajo la premisa de que responde a las demandas de los pueblos indígenas, aunque se hicieron a un lado los objetivos por los que desde diciembre pasado se comenzó a debatir en el Congreso de la Unión: cumplir con los acuerdos de San Andrés y lograr la paz en Chiapas.

De acuerdo con el INI, se encontró que para aquellos que avalaron la iniciativa fue determinante la prohibición constitucional de la discriminación y que se garantiza la libre determinación de los pueblos indígenas y la autonomía para ejercerla, siempre y cuando sea dentro del pacto federal.

Ť Es sólo el principio de una batalla que vamos a ganar, dice

González Casanova califica de contrarreforma la ley aprobada

Ť Hay que evitar el desánimo, pide el investigador emérito

KARINA AVILES

En la época moderna, México ''ha tenido dos contrarreformas a la Constitución de la República: una contra el artículo 27 y los derechos de los campesinos'', y la otra es la que se aprobó apenas este miércoles en materia indígena, afirmó el pensador mexicano Pablo González Casanova. Sin embargo, ''hay que estar en contra del desánimo y de la idea de que ya perdimos. šEsto no es sino el principio de una batalla que vamos a ganar!''

La ley indígena aprobada ''operó en una situación verdaderamente trágica para quienes la llevaron a cabo, porque nunca se ha hecho una contrarreforma a la Constitución tan desprestigiada como la que estos señores se dieron el lujo de firmar'' el miércoles. Lo hicieron ''a las carreras, aprisa, desconociendo todo un movimiento nacional de la sociedad civil llena de respeto por las culturas que existen en este país y en el mundo entero. Y a eso contestan con una ley que lejos de dar derechos a los pueblos indios les quitan algunos de los que ya tenían, como los de sus territorios.''

El ex rector de la UNAM participó ayer en una reunión con motivo de la presentación de su libro La universidad necesaria en el siglo XXI (editorial Era), con ''trabajadores manuales e intelectuales'' de la Alianza de Tranviarios de México, del Sindicato Mexicano de Electricistas, del Congreso Nacional Indígena, de Causa Ciudadana, de Paz con Democracia, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, del STUNAM y, por supuesto, con universitarios.

La cita fue en el auditorio de la Alianza de Tranviarios. El investigador emérito tomó la palabra al final: ''Ya hemos tenido dos contrarreformas a la Constitución de la República: una contra el artículo 27 constitucional y los derechos de los campesinos, y otra que operó ayer (el miércoles) en una situación verdaderamente trágica para quienes la llevaron a cabo, porque nunca se ha hecho una contrarreforma a la Constitución tan desprestigiada como la que estos señores se dieron el lujo de firmar, y no empleando las palabras que tenemos en castellano y en México, de madruguete o albazo, sino la expresión fast track. Hay que recordar que en español tenemos dos; en el español, claro, que se habla aquí, pero que también se habla en otras partes del mundo hispánico''.

Dicha aprobación no es casual, expresó. Corresponde ''a un plan que ellos mismos han publicado. No estamos pensando nosotros con mentalidad conspirativa, estamos leyendo los textos que ellos han escrito en los que se propone realizar una ocupación de territorios. De grandes territorios no sólo en México, sino en otras partes de la tierra, muchos de los cuales están ocupados por las minorías que tienen una historia colonial, que vienen de la historia del colonialismo que se inició con la época moderna.''

Así que van a venir nuevas y varias luchas, aparte de que es necesario priorizar los conocimientos de tipo humanístico y plantear problemas de tipo ético-político, ''vinculando constantemente la ética con la política y no dejando que se hable de moralina ni tampoco de una política cínica que no se ocupa del interés real, por no decir de los intereses universales de la sociedad mexicana y del mundo''.

Antes, Carlos González, del Congreso Nacional Indígena, hizo un análisis de la obra de González Casanova desde la perspectiva del movimiento de los pueblos indios. Afirmó que detrás de la ley indígena aprobada está el empresariato, que es el gran poder del neoliberalismo. En estos momentos, enfatizó, el movimiento indígena ''se encuentra a fuego cruzado frente a este proyecto globalizador''.

Proceso ''aberrante''

La parte ''más agresiva'' del neoliberalismo la viven los indígenas y no sólo por la ley ''tan vergonzante que aprobó el Congreso y que en los próximos días seguramente también culminará'' con el visto bueno del Ejecutivo, apuntó. Dicha ley está inmersa en un proceso ''aberrante en lo político, lo moral y lo legal''.

Además, destruye el concepto de territorialidad y abre paso al ''saqueo definitivo'' de los bienes naturales de los indígenas. Los mecanismos para hacer frente a este empresariato son los de la autonomía, dijo.

Añadió que la reivindicación fundamental de los pueblos indígenas es la autonomía que se plantea en los acuerdos de San Andrés y no ''la parodia o triste figura de la aberrante ley indígena''.

Por su parte, Luis González Souza, de Causa Ciudadana y articulista de este diario, expresó que lo aprobado por el ''seudo Congreso'' está en contra de los derechos y de la posibilidad de un futuro pacífico y democrático del país. A su vez, la investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas Ana Esther Ceceña subrayó la importancia de pelear nuestros espacios, defender el país y el territorio frente a proyectos como el Plan Puebla-Panamá.

''Hasta la victoria'', concluyó Pablo González Casanova.

Ť Buscarán mecanismos jurídicos de impugnación

Rotundo rechazo y preocupación por parte de organizaciones indígenas

ANGELICA ENCISO L.

Al manifestar ''rotundo rechazo y preocupación por el sentido en que se aprobó'' la ley indígena, organizaciones buscarán mecanismos jurídicos para impugnarla y para empezar harán el análisis de la forma en que se dieron las votaciones en los congresos estatales para determinar si hubo irregularidades.

Los pueblos indígenas no fueron consultados en la elaboración de esta iniciativa, que está muy alejada de la elaborada por la Cocopa, señaló Manuel García, de la Instancia Consultiva Mexicana para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Además, aseveró, es significativo que los congresos de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, donde reside 50 por ciento de la población indígena, hayan votado en contra.

Por su parte, la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía, Escritores de Lenguas Indígenas y la Unión de Comunidades Indígenas Huicholes de Jalisco convocaron a un encuentro el próximo 29 de julio para establecer estrategias de movilización en contra de la reforma aprobada.

En un comunicado conjunto, las agrupaciones señalaron que el destino de la ley indígena apenas parece definirse, ya que algunos congresos locales no cumplieron con las formas legales, como la mayoría calificada, para aprobar una norma legal. Además, en las entidades donde reside la mayoría de la población indígena el dictamen fue rechazado, "lo cual llama a revisar necesariamente el proceso''.

Tampoco se debe olvidar que uno de los objetivos de la reforma era crear las condiciones necesarias para reanudar el diálogo con el EZLN y concluir con el conflicto armado para avanzar en la construcción de la paz. Ante todo esto los ''pueblos y organizaciones indígenas reiteramos nuestra oposición a la reforma constitucional, porque ésta no responde a nuestras demandas ni sienta las bases para el establecimiento de la nueva relación con el Estado, al negarnos el reconocimiento de derechos colectivos fundamentales''.

A su vez, el huichol Jesús Candelario Cosío, integrante del consejo asesor de la Instancia para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, dijo que ésta presentará al presidente Fox sus recomendaciones el próximo 30 de julio. Ahora, dijo, resta ver cuáles son los recursos legales que quedan para que la ley se vuelva a revisar y todas las organizaciones coinciden en este punto.

Consideró que una ley reglamentaria sería un avance pero no beneficia, porque se busca que haya un reconocimiento constitucional de todos los derechos de los pueblos indígenas.

LEY INDIGENA

Ť Preparan priístas la adecuación de más de 40 normas

El proceso es válido y la ley está consumada, dice Bartlett

ANDREA BECERRIL

Con la misma celeridad con que el miércoles impulsaron el cómputo de votos y la declaratoria de aprobación de la reforma constitucional en materia indígena, y sin que el Presidente de la República la haya promulgado, los priístas trabajan ya en las más de 40 leyes que deberán reformarse para que pueda aplicarse el nuevo ordenamiento.

El senador Manuel Bartlett precisó que no van a esperar a que el Ejecutivo federal envíe las iniciativas en la materia, sino que ejercerán su facultad para presentar las propuestas de modificación a los diversos ordenamientos a fin de dar vigencia de inmediato a "esta histórica reforma", que "ha conferido a los mexicanos indígenas una posición de privilegio".

Entrevistado en el Senado, advirtió que no responderá a las acusaciones que le formularon legisladores de PRD y PT acerca de que presionó al presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente, Fidel Herrera, para apresurar y sacar por fast track la última fase de la ley indígena, y de que fue el principal operador de los cambios de fondo que desnaturalizaron la iniciativa de la Cocopa.

"De lo que se dijo ayer no voy a hacer ningún comentario. Fui el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales que sacó por unanimidad en el Senado esta reforma", y recalcó que "el procedimiento estuvo apegado por completo a la Constitución y a los reglamentos internos del Congreso", es un proceso válido, la reforma "está ya consumada, fue una declaratoria de mayoría y ahora va a pasar al Ejecutivo para su promulgación".

Explicó que no hay tiempos fatales pero piensa que no pasará mucho para que el Ejecutivo federal cumpla su obligación constitucional de emitir el decreto que pondrá en vigencia la ley indígena.

Bartlett dijo que no esperarán a que el presidente Vicente Fox envíe las iniciativas para reformar los 41 ordenamientos legales que deberán adecuarse para dar paso a los cambios a la Carta Magna que se derivan de la nueva ley indígena, sino que la fracción del PRI presentará los proyectos en el Senado de la República.

Por ejemplo, precisó, las modificaciones que se hicieron al artículo primero constitucional, por el que se establece la prohibición absoluta de la discriminación, requieren de cambios a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

La bancada priísta ya tiene el listado de los cambios a las leyes de Información Estadística e Informática, General de Asentamientos Humanos, Federal Agraria, de Amparo, de Procedimiento Administrativo, del Trabajo, Orgánica de los Tribunales Agrarios, de Aguas, Forestal y General de Vida Silvestre, entre otras, así como a los códigos Penal Federal, de Instituciones y Procedimientos Electorales, y de Procedimientos Civiles y Penales.

Ť El PRD busca sustituir sus escasos votos con injurias

Niega Fernández de Cevallos que haya pactado con el PRI

El coordinador de los senadores panistas, Diego Fernández de Cevallos, rechazó que su partido haya establecido un acuerdo "vergonzoso o vergonzante" con el PRI para consumar la reforma constitucional en materia indígena, y acusó al PRD de tratar de "sustituir los pocos votos con los que cuenta y las pocas razones de que dispone, con injurias".

En alusión a las críticas que le hizo el coordinador de la fracción del PRD en la Cámara de Diputados, Martí Batres, quien lo acusó, al igual que al priísta Manuel Bartlett, de haber negociado "en lo oscurito" que se computaran por fast track los votos de las legislaturas locales para hacer la declaratoria de aprobación de dicha reforma, Fernández de Cevallos aseveró que "mientras en el PRD haya definiciones y comportamientos como el del señor Batres, yo voy a proponer a mi partido que no tengamos mayor trato ni mayor consideración... que se manejen con sus votos y como mejor les convenga, pero a base de leperadas creo que un diálogo con cualquiera debe ser breve".

En entrevista radiofónica con Joaquín López Dóriga, el panista no escatimó adjetivos contra el líder de los diputados perredistas, a quien calificó de "lépero". En cambio, cuando se refirió al coordinador de los senadores perredistas, Jesús Ortega, señaló que éste "tiene otra educación, otra categoría, otra forma de entender su responsabilidad política, muy distinta a la de Batres".

Luego de rechazar que en la sesión del pasado miércoles existiera un acuerdo previo entre panistas y priístas para computar los votos de los congresos locales y consumar así la reforma constitucional, reconoció que no existía ningún problema para haber aplazado el trámite ocho días -hasta la próxima sesión de la Comisión Permanente- y dejar "satisfecho al PRD".

Pero, aseveró, "si yo en este momento te baño de injurias y te pido que aplaces tal o cual decisión para mañana y no te lo exige la ley -al no existir plazos fatales para realizar el trámite-, la decisión la tomas hoy", sencillamente porque "un grupúsculo en las cámaras de Senadores y Diputados -es decir, el PRD- no puede poner contra la pared" al grupo mayoritario que conforman las otras fuerzas parlamentarias.

A manera de despedida, Fernández de Cevallos cuestionó la actitud de Batres -quien dijo en la sesión de la Permanente que el cómputo fue "un madruguete, una chicanada, una ilegalidad más"-, y señaló: "si la reforma a la Constitución es tan perversa como dice, cómo es posible que todos los senadores del PRD la hayan aprobado; si Bartlett y Diego lograron que todos los senadores del PRD votaran esa monstruosidad, lo menos que tendrían que reconocer los señores del PRD es que tienen en el Senado a débiles mentales".

Ť El dúo pretende convertirse en obstáculo para la paz en Chiapas, considera el perredista

Existe una asociación perversa Diego-Bartlett, afirma Batres

CIRO PEREZ SILVA

El punto de vista del perredismo respecto de la ley de derechos y cultura indígenas "fue el expresado el miércoles en la Comisión Permanente", sostuvo el coordinador de los diputados del PRD, Martí Batres Guadarrama, luego de advertir al coordinador de los senadores del PAN, Diego Fernández de Cevallos, que no va a "arrastrar" al PRD a ningún acuerdo lesivo para la sociedad.

"Diego Fernández de Cevallos es como el rey Midas, pero al revés, todo lo que toca lo ensucia, como ensució el proceso legislativo sobre esta reforma constitucional. En el PRD hay unanimidad respecto de la caracterización que tenemos de él, sabemos que no hay que acercársele mucho", dijo Batres al referirse a las declaraciones radiofónicas del senador panista, quien señaló que prefería tratar con el PRD de Jesús Ortega que con el PRD de Martí Batres.

El diputado Batres Guadarrama habló también del cómputo de votos de las legislaturas locales en la Comisión Permanente, tema que no estaba agendado para la sesión de este miércoles. Aseguró que este hecho es reflejo de "la gran preocupación" de Fernández de Cevallos y del priísta Manuel Bartlett por la crisis que han desatado las impugnaciones sobre la aprobación de la iniciativa en los congresos locales.

"Estaba creciendo la impugnación por el asunto de las mayorías simples, no calificadas, en las legislaturas. Había razones para que en el cómputo no se incluyera a los congresos donde no se contó con una mayoría calificada. La dupla Diego-Bartlett tenía un enorme temor de que se sentara un precedente o tuviera lugar una resolución judicial que echara abajo su ley", insistió.

Para el coordinador de los diputados del PRD, la maniobra para dar por concluido un proceso legislativo sumamente cuestionado muestra que Fernández de Cevallos "liderea" a los sectores más atrasados del PRI. Además de que no deja de ser preocupante la "asociación" Bartlett-Fernández de Cevallos, "es un dúo muy peligroso".

"Me parece que también esta asociación tiene un juego perverso colateral. Hay una intención evidente de ambos por convertirse en un obstáculo para la paz en Chiapas, que además de estar marcada con un matiz ideológico carga con la perversidad política de evitar que el gobierno de Vicente Fox resuelva el problema.

"Hay un pacto de sangre entre Bartlett y Fernández de Cevallos y habrá que estar muy alertas para que esta alianza no se traduzca en otros hechos lamentables, porque está de por medio la discusión de la reforma fiscal, entre otros temas. Ese sector del PRI está plegado al coordinador de los senadores del PAN (y) valdría preguntarse en qué otras cosas están colaborando", comentó el perredista.

LEY INDIGENA

Ť Para nosotros, con el nuevo gobierno nada cambió, dice el presidente del concejo municipal

Chenalhó, la zona más militarizada, después de Ocosingo

Ť Los paramilitares actúan impunemente Ť Polhó, escenario de la violación de garantías

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

Municipio Autonomo San Pedro Polho, Chis., 19 de julio. ''Para nosotros, aquí, con el nuevo gobierno no cambió nada, estamos igual que antes'', dice un intérprete del municipio autónomo, quien traduce las palabras de Bartolo Gutiérrez Vázquez, presidente del concejo, quien sólo se dirige en tzotzil a su vocero y a otros dos miembros de la autoridad autónoma.

Las tierras altas y bajas de Chenalhó, un pequeño municipio de los Altos, son las más militarizadas de Chiapas (después de Ocosingo, que ocupa un territorio veinte veces más grande). También aquí es donde los grupos paramilitares conservan mayor presencia impune, no obstante la condena pública que pesa sobre ellos desde la matanza de Acteal.

Dos cifras: 25 campamentos militares permanentes, cerca de 11 mil desplazados por los paramilitares. O bien, dos imágenes contiguas y contrapuestas: la comunidad de Polhó, donde se arraciman 7 mil indígenas despojados de sus casas y tierras en distintas comunidades, y el bien acabado cuartel general de Majomut (según anuncia un letrero en su entrada), del Ejército federal, a menos de cien metros de aquí.

''Siguen en el mismo movimiento de día y de noche las patrullas del Ejército y la Seguridad Pública'', agrega el joven indígena que traduce al castellano las breves frases de Bartolo Gutiérrez, un hombre de edad media, ataviado con un breve calzón blanco a la usanza pedrana.

Los paramilitares siguen siendo un obstáculo infranqueable para que se resuelva el éxodo de miles de indígenas, bases de apoyo zapatistas y miembros de Las Abejas. ''Tzanembolom y K'anolal es lo más cabrón'', se refiere el intérprete a las comunidades en poder de los paramilitares. Esos que la PGR nunca ha podido cachar con las manos en la masa, chin.

''En Tzanembolom han quitado las láminas de todas nuestras casas, y siguen aprovechando la producción de nuestros terrenos. Estamos preocupados, no podemos trabajar nuestras tierras y el alimento no alcanza''. Refiere que en el campamento Ocho (uno de los ''barrios'' de Polhó City), en el último mes ha disminuido 50 por ciento la aportación de maíz que hace cada 15 días la Cruz Roja Internacional. ''Muchos de nosotros tenemos hambre. Hacen falta maíz, frijol''. Aunque parecen tomárselo con calma, las autoridades autónomas pintan un panorama casi desesperado.

La precariedad inicial de los toldos de hule que mal cobijaban a las familias desplazadas, se ha visto atenuada por los centenares de cabañas de tabla y lámina que dan a Polhó un aspecto notable, de pueblo de pueblos; no obstante, las actuales lluvias están causando estragos en la salud de mujeres y niños. ''Tenemos mucha infección de garganta, tos, calentura, catarro. Con el tiempo, los techos quedaron afectados. Ora cayó granizo, y tres años de lámina de cartón de las cocinas no aguantaron, se les vino el agua encima a las compañeras''.

Proliferan cuarteles

Al recorrer este municipio, cada pocos kilómetros sale al paso un cuartel, o un campamento de la policía, mientras los patrullajes son constantes tanto sobre la carretera asfaltada como en los caminos que surcan Chenalhó de Santa Martha a Calchihuitán, y de Chamula a Pantelhó. En cada una de las comunidades donde operan los paramilitares, y a las cuales no pueden volver miles de sus pobladores, se encuentra un campamento militar que, lejos de controlar a las bandas armadas, pareciera protegerlas. Esto ocurre en Yabteclum, K'anolal, Tzanembolom, Los Chorros, Chimix, Pechiquil, Poconichim, entre otras poblaciones donde la coexistencia de soldados y paramilitares impide el retorno de los desplazados.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en su último informe anual (mayo de 2001), coincide con las apreciaciones del concejo autónomo. Las condiciones que en años anteriores dieron lugar a miles de desplazados en Chenalhó se mantienen ''iguales'', según el organismo. ''A pesar o precisamente por la presencia del Ejército y las corporaciones agrupadas en la Brigada de Operaciones Mixtas (BOM) en la región, continúan la impunidad y las acciones de hostigamiento e intimidación por los paramilitares contra Las Abejas y la gente del municipio autónomo de Polhó''. (De la memoria a la esperanza, CDHFBC, San Cristóbal de las Casas, p. 51)

En dicho informe se afirma que ''las condiciones de los desplazados siguen siendo las mismas, e incluso se han deteriorado por el hacinamiento, insalubridad y falta de leña, a pesar del apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja y algunas ONG''. Apoyo que, según declararon hoy a La Jornada las autoridades autónomas, ha disminuido hasta en 50 por ciento.

''El municipio de Chenalhó sigue siendo teatro de repetidas violaciones a los derechos humanos'', considera el amplio documento del CDHFBC. Y en relación a los paramilitares, el organismo concluye: ''Después de los negativos resultados que tuvo la Procuraduría General de la República en el operativo contra paramilitares (noviembre de 2000), las acciones encaminadas a desmantelar a esos grupos han quedado suspendidas''.

Por su parte, el libro Siempre cerca, siempre lejos. Las fuerzas armadas en México (coeditado por Global Exchange, Ciepac y Cencos. México, agosto de 2000) consigna 41 posiciones de la fuerza pública en Chenalhó, y la certidumbre de que existe un plan contrainsurgente en el estado: ''La paramilitarización, dentro del contexto de la guerra contrainsurgente busca, entre otras cosas, preservar la imagen del Ejército realizando en lugar de éste el acoso a la población zapatista, perredista o de la sociedad civil organizada, y haciéndola aparecer como neutral respecto al conflicto. De este modo, el Ejército no se muestra en la guerra sucia contra la población civil y las acciones contra ella son realizadas por grupos supuestamente incontrolados'' (p. 153).

Si en algún lugar opera, ''de manual'', una estrategia de contención y hostigamiento es en Chenalhó, donde se concentra la mitad de los más de 20 mil desplazados por el conflicto en Chiapas (entre los que se cuentan los exilados de Guadalupe Tepeyac, Taniperla, Tila y El Bosque). Visto desde aquí, el castigo del gobierno contra las comunidades en resistencia sigue inalterado. Si acaso hubo un cambio en México, a Chenalhó no ha llegado en absoluto.

Quizás por eso, al interrogar a Bartolo Gutiérrez y sus compañeros acerca del tema del día, la aprobación final en el Congreso de la Unión de la reforma constitucional en materia indígena, este enviado recibió por toda respuesta la mirada fija del intérprete, el rostro impenetrable del presidente del concejo autónomo y un largo silencio.

Ť Diputados de Chiapas elaboran propuesta para modificar la Constitución federal

Legisladores perredistas de Tlaxcala preparan controversia contra la reforma

Ť El decreto de la Legislatura se envió al Congreso de la Unión sin la firma del gobernador

DE LOS CORRESPONSALES

El grupo parlamentario del PRD en el Congreso de Tlaxcala informó que tiene casi listos los documentos con los que presentará una solicitud de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la reforma en materia de derechos y cultura indígenas aprobada por el Congreso de la Unión y refrendada este miércoles por la Comisión Permanente.

Ayer el Congreso de Baja California aprobó dicha reforma y se convirtió en la entidad número 19 que la refrenda, contra 10 que la han rechazado. Faltan por definirse Tamaulipas y Yucatán.

Los nueve legisladores del PRD en Tlaxcala informaron que, junto con una diputada del PRI, otra del PVEM y un ex petista, poseen varios documentos que servirán de base para promover una acción de inconstitucionalidad.

Dijeron que tienen la versión estenográfica de la sesión extraordinaria en la que el pasado 29 de junio 19 de los 32 diputados aprobaron la reforma. Priístas y panistas cometieron diversas anomalías; la más grave, que el único artículo transitorio del decreto 120 (mediante el cual la Legislatura aprobó la ley) ordena que el acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación y esto no se ha cumplido, explicó Luis Roberto Macías Laylle, coordinador de la bancada perredista.

La Jornada de Oriente obtuvo copia del oficio 381 mediante el cual el oficial mayor de la Legislatura, Sergio Cuauhtémoc Lima López, informó al Poder Legislativo federal de la expedición del decreto 120. Llama la atención que el manuscrito fue enviado "a los diputados secretarios del Congreso de la Unión" el 29 de junio, es decir, el mismo día en que la reforma fue avalada en Tlaxcala.

En ese documento, Lima López da como un hecho que el decreto 120 del Congreso local "se publicará en el Periódico Oficial del gobierno de Tlaxcala".

Pero el decreto fue remitido hasta el 4 de julio al gobernador Alfonso Sánchez Anaya, quien lo vetó por considerar que contenía omisiones e irregularidades.

Es decir, además de haber ignorado las observaciones del Ejecutivo estatal, la mayoría priísta desconoce que en el decreto el Congreso instruye al gobernador que "lo sancione y mande publicar".

Por otra parte, el presidente de la Gran Comisión del Congreso de Chiapas, Edgar de León Gallegos, informó que un grupo de legisladores trabaja en una propuesta que hará llegar al Congreso de la Unión para modificar la Constitución federal en el artículo que se refiere a los derechos y cultura indígenas.

Los documentos y demandas recogidas en los nueve foros realizados en la entidad son analizados por una comisión de legisladores para hacer una propuesta al Congreso de la Unión y al pleno de esta Legislatura, en la que se plasmarán las verdaderas demandas de las etnias de las distintas regiones de Chiapas, dijo el priísta.

El Congreso de Baja California
aprueba la ley indígena

De manera sorpresiva, y a propuesta de las bancadas de PRI y PAN, el Congreso de Baja California votó y refrendó las reformas constitucionales en materia indígena, con 20 votos a favor y dos en contra.

En sesión extraordinaria a la que faltaron tres legisladores, sólo los perredistas Efrén Macías Lezama y Gilberto Flores Muñoz votaron en contra por estar en desacuerdo con el procedimiento adoptado la víspera en el Congreso de la Unión al consumar la ley. Dijeron que se sumarán a la posición adoptada por su partido de llevar el tema ante la SCJN.

La minuta sobre la reforma tenía varias semanas congelada en el Congreso local, y hace unos días el coordinador de la fracción panista, Martín Domínguez Rocha, afirmó que en el estado no había el mínimo interés en el tema.

El día 22 llega a Chiapas el camioncito por la paz

Con la intención de reunir dinero y material didáctico que se donará a la secundaria zapatista Primero de Enero, ubicada en el Aguascalientes II, de Oventic, municipio San Andrés Larráinzar, ayer llegó a Querétaro, por segunda ocasión en este año, "el camioncito escolar por la paz".

Víctor Villanueva y Belén Pulido Martínez -dos de las 15 personas que viajan en el vehículo con la intención de ayudar a los 80 niños y adolescentes que tienen deseos de estudiar y conservar sus costumbres y tradiciones- informaron que han reunido 12 computadoras y ocho cajas con material didáctico.

Ayer por la tarde salieron de Querétaro rumbo a Xochimilco, Distrito Federal, donde harán la última parada antes de proseguir su viaje a Chiapas, a donde esperan arribar el 22 de julio.

Ť Encuentro privado

Analiza escenarios el Grupo Chiapas

Con el fin de analizar el nuevo escenario que surge a partir de la consumación de la reforma constitucional en materia indígena, ayer se reunió en el Palacio de Covián el denominado Grupo Chiapas, encabezado por Luis H. Alvarez, coordinador para el diálogo con el EZLN, y Santiago Creel Miranda, secretario de Gobernación.

El encuentro privado duró casi dos horas y no trascendió información alguna. Estuvieron presentes los secretarios de la Defensa Nacional, Ricardo Clemente Vega, y de Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota, así como el consejero presidencial en materia de Seguridad Nacional, Adolfo Aguilar Zinser.

Por otra parte, una vez que Gobernación reciba la notificación del Congreso de la Unión de que la reforma fue aprobada, se turnará a la Presidencia de la República para que la firme Vicente Fox y pueda ser publicada en el Diario Oficial de la Federación.

El tránsito de la reforma

2 de diciembre de 2000. El subcomandante Marcos "saluda" la designación de Luis H. Alvarez como comisionado para el diálogo en Chiapas y pide del nuevo gobierno tres señales para reiniciarlo: retiro del Ejército de siete posiciones en la zona del conflicto, liberación de presos vinculados con el zapatismo y la aprobación del proyecto de ley elaborado por la Cocopa. Anuncia que el EZLN acudirá al DF para "abogar" en San Lázaro por esa iniciativa.

5 de diciembre. El presidente Vicente Fox envía al Congreso de la Unión la iniciativa de la Cocopa sobre derechos y cultura indígenas. La cámara de origen es el Senado.

24 de febrero de 2001. De diversas comunidades de los Altos de Chiapas sale la marcha zapatista hacia la ciudad de México. El objetivo: dialogar con el Congreso y convencerlo de que apruebe la ley Cocopa. En el trayecto por 13 estados les brindan recepciones masivas.

10 de marzo. Arriba la marcha zapatista a la ciudad de México.

11 de marzo. Acto multitudinario en la Plaza de la Constitución.

14 de marzo. Bloquea el PAN que el pleno del Congreso reciba a los zapatistas; la Cocopa llama a evitar descalificaciones; el Episcopado pide a legisladores y al EZ flexibilizar posturas.

22 de marzo. Luego de varias negociaciones, en cerrada votación los diputados acuerdan que el EZLN utilice la tribuna del Congreso.

28 de marzo. El EZLN llega al Congreso. "Que nos escuchen y respeten", clamor indígena: comandante Esther.

30 de marzo. La comandancia zapatista emprende el retorno a Chiapas.

25 de abril. El Senado de la República modifica la iniciativa presidencial y aprueba la reforma constitucional en materia indígena, con el voto de todos los partidos, que incorpora parte de los acuerdos de San Andrés. La discusión se traslada a la Cámara de Diputados.

28 de abril. Con el voto en contra de los perredistas, la Cámara de Diputados aprueba la minuta que le hizo llegar el Senado. Así, el Congreso aprueba la reforma, que de inmediato es turnada a las legislaturas de los estados para la siguiente fase del proceso.

30 de abril. El EZLN desconoce la reforma indígena y anuncia que seguirá en rebeldía. En un comunicado, el subcomandante Marcos se refiere a Diego Fernández, Enrique Jackson, Jesús Ortega y Manuel Bartlett como miembros de la "maldita trinidad".

2 de mayo. El PRD califica de "error táctico" el haber avalado en lo general la reforma indígena en la Cámara de Senadores y rechaza las acusaciones zapatistas contra el legislador Jesús Ortega Martínez.

24 de mayo. El Congreso de Veracruz es la primera legislatura local que aprueba el dictamen de reforma constitucional.

6 de junio. El Congreso de Oaxaca, una de las entidades con mayor población indígena, es la primera entidad que rechaza la reforma.

1o. de julio. Samuel Ruiz y un grupo de reconocidos intelectuales, religiosos, académicos y artistas señalan en un comunicado que la ley aprobada amenaza la paz.

11 de julio. Necesario reconocer el error de haber aprobado una ley que no ayuda a la paz en Chiapas, dice Jesús Ortega; pide reiniciar el proceso legislativo para corregir errores.

12 de julio. El Congreso de Michoacán aprueba la reforma, con lo cual se alcanza el 50 por ciento más uno. En carta abierta, los gobernadores de Chiapas y Oaxaca piden a los congresos que faltan por discutir la minuta que la rechacen para mantener abierto el diálogo.

18 de julio. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión realiza el cómputo de votos de las legislaturas locales, declara que la minuta fue aprobada por 16 congresos, que son la mayoría más uno, y se consuma la reforma.

Lo que viene

De acuerdo con el artículo 89 constitucional, el Presidente de la República está obligado a promulgar la reforma. La Carta Magna no fija tiempo límite para realizarlo.