JUEVES Ť 19 Ť JULIO Ť 2001

Ť Maniobró la dupla Bartlett-Fernández de Cevallos; es un albazo: PRD, PT y PVEM

Consuman PAN y PRI la reforma

Ť El cómputo de votos de las legislaturas locales se realizó a pesar de no estar agendado

ANDREA BECERRIL

La reforma constitucional indígena quedó consumada por la mayoría PRI-PAN, por la dupla Bartlett-Fernández de Cevallos, que se impusieron para sacar la decisión de realizar ayer mismo, vía fast track, el cómputo de votos de las legislaturas locales, sin que el tema estuviera agendado en la Comisión Permanente, con dispensa de trámites y pasando por encima de acuerdos parlamentarios.

Así, de forma sorpresiva, acelerada, casi de contrabando -un albazo, dijeron perredistas-, la Permanente llevó a cabo el cómputo y con 26 a favor, seis en contra -entre ellos el del diputado priísta Samuel Aguilar- y dos abstenciones, hizo la declaratoria de aprobación de la reforma, que de inmediato se turnó al presidente Fox para su promulgación.

Fue fundamental la actuación del senador priísta Manuel Bartlett, quien maniobró desde una oficina cercana, y del panista Diego Fernández de Cevallos que, desde tribuna, intentó descalificar las voces de Martí Batres y los demás legisladores de PRD, PT y PVEM, que señalaron que se trataba de ''un madruguete, una chicanada, una ilegalidad más''.

Ríspido debate

Fernández de Cevallos respondió que tales calificativos eran sólo majaderías e injurias, pero esa débil defensa se estrelló contra las críticas de Batres. El perredista no lo soltó durante el debate, en el que ayer sacó a relucir la actuación del panista queretano en el sexenio salinista, su responsabilidad histórica en la quema de paquetes electorales en 88, y le dijo que se ha convertido en un obstáculo para la reforma indígena, para el propio Fox, para el Congreso y para la paz en Chiapas.

En la sesión, que se prolongó más de ocho horas, resaltó la actitud del diputado del PRI Samuel Aguilar. A contracorriente de su bancada, el duranguense pidió al presidente de la mesa directiva, Fidel Herrera, no vulnerar la legalidad del Congreso, ni atentar contra la dignidad de los legisladores ni contra el reglamento.

Sin embargo, la decisión de hacer valer su mayoría la habían tomado ya los coordinadores de PRI y PAN. Herrera Beltrán, que un día antes declaró que se apegarían a la legalidad y por ello el cómputo se haría por lo menos dos semanas después, ayer cambió de opinión. Después de las 14:00 horas, el legislador veracruzano se acercó a Batres para notificarle que llevarían a tribuna el cómputo de la votación de la reforma indígena en los congresos locales.

El perredista le respondió que en forma alguna lo aceptarían y le recordó su posición de un día antes. Sin embargo, Manuel Bartlett desde temprano se instaló en la oficina de Enrique Jackson y, junto con el diputado Salvador Rocha Díaz, comenzaron a revisar la documentación remitida por las legislaturas locales.

Herrera trató de explicar a los reporteros cómo es que se llevaría a cabo el recuento, si el martes había dicho que sólo habían llegado documentos de 14 congresos locales. ''Nos acaban de llegar otros dos y son ya los 16 requeridos'', comentó. Reveló que ''la presidencia ordenó a la Permanente integrar la documentación que se tenía para hacer el cómputo'', y ''se dispensara el trámite a comisiones'', para hacerlo de urgente y obvia resolución. Cuando dio instrucción a la Secretaría de Acuerdos para proceder, tanto Batres como el diputado perredista Tomás Torres Mercado se opusieron. Exigieron ''no violentar de manera grosera el orden del día y dar lectura a cada uno de los dictámenes y la integración de las legislaturas en cada uno de los congresos locales en que se haría el conteo''.

Herrera trataba de sacar adelante la sesión, pero Batres insistió en que se leyera el orden del día aprobado por la mañana, para constatar que el punto no estaba agendado y tampoco había sido objeto de acuerdo entre fracciones, como marca el reglamento, para incluirlo fuera de agenda.

Vino entonces la intervención del diputado Samuel Aguilar Solís, en el mismo sentido. Resaltó que el fondo de la discusión no era un mero procedimiento, sino un proyecto ''que impacta a la nación''. No fue escuchado, Herrera Beltrán -apoyado por los priístas Ernesto Gil Elorduy y Augusto Gómez Villanueva- insistió en que ahí podían tomar la decisión de introducir el tema. Hasta ese momento, Fernández de Cevallos no se había aparecido en su lugar y su segundo de a bordo, Jorge Zermeño, no titubeó en mentir y aseguró que en el orden del día y en la gaceta se incluía el punto.

El diputado del PT Jaime Cervantes, integrante de la mesa directiva de la Permanente, señaló que en la reunión que sostuvieron por la mañana se acordó que el cómputo de votos se llevaría a cabo la próxima semana. El senador del PRD Elías Moreno Brizuela expuso a su vez que se había comunicado con su coordinador, Jesús Ortega, quien aclaró que el asunto no se había discutido en la Junta de Coordinación Política, ni fue enterado siquiera de la decisión de PRI y PAN de acelerar el trámite.

Entonces, Batres se fue a fondo. Pidió a Herrera Beltrán no dejarse presionar por la dupla Bartlett-Fernández de Cevallos. ''Qué marrullería tejieron allá en lo oscurito aquellos de la caída del sistema y de la quema de paquetes electorales'', dijo. Insistió en la ilegalidad de hacer una declaración apresurada de aprobación de la reforma indígena, sin analizar a fondo la discusión. ''šNo saben ni siquiera en qué momento ha llegado, sin pasar por el mínimo análisis jurídico!''

Advirtió también que pretendían saltarse el trámite de pasar los documentos a la Comisión Primera de Gobernación ''para que no haya dictamen alguno y vía fast track puedan resolver este asunto. šQué acción tan bochornosa, qué precedente tan lamentable! šEs un albazo!''

Fernández de Cevallos -ya en el salón de plenos- sostuvo que no respondería a injurias ni a un discurso ''vulgar y lépero''. Batres le respondió: ''Injurioso tú, que te has dirigido a personas como descalzonados. Tú has pretendido convertirte en un obstáculo para esta reforma indígena; no sólo eres un obstáculo para el Congreso, sino para Vicente Fox y para la paz en Chiapas''.

Tampoco es ninguna injuria, insistió Batres, ''lo de la quema de los paquetes electorales en el sexenio de Salinas. Es un hecho histórico, vergonzoso, reprobable, pero un hecho histórico''. Desafiante, Diego Fernández le advirtió que se verán en los tribunales si los perredistas interponen recursos de controversia.

El PRD abandonó el salón de sesiones luego de la votación, y Fernández de Cevallos se fue a festejar a la cantina La Opera la consumación de la reforma constitucional en materia indígena.

Ť Presidencia fijó anoche mismo su posición

Pleno respeto al Congreso

Una vez que la Comisión Permanente del Congreso consumó el proceso de reformas sobre derechos y cultura indígenas, la Presidencia de la República emitió anoche el siguiente comunicado:

''En relación con el proceso de aprobación de las reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas, el gobierno federal señala que estará atento a la comunicación oficial que en su oportunidad le turne el Poder Legislativo. El gobierno de la República reitera su pleno respeto al ejercicio de las atribuciones del Congreso de la Unión y al proceso político que la Constitución señala.

''El gobierno federal ratifica su compromiso de impulsar las políticas que promuevan el bienestar de los pueblos y las comunidades indígenas para lograr la verdadera justicia y grandeza de la Nación''.

Ť No vemos problemas jurídicos para que la Corte le dé entrada: Amalia García

Analizan líderes perredistas puntos de la controversia por la reforma indígena

Ť El comité ejecutivo se reunió con Cuauhtémoc Cárdenas e Ifigenia Martínez en Coyoacán

RENATO DAVALOS

Cuauhtémoc Cárdenas e Ifigenia Martínez se reunieron ayer con el comité ejecutivo perredista para delinear la controversia de inconstitucionalidad que el PRD promoverá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en al menos uno de los congresos estatales que recién aprobaron la reforma indígena.

Al concluir el encuentro, Ifigenia Martínez centró la conversación con los reporteros en la ley indígena y Amalia García completó: estamos en pláticas con legisladores, incluso priístas, en los congresos estatales para interponer el recurso ante la Suprema Corte, y las reuniones con los coordinadores parlamentarios se multiplicarán en los próximos días.

"Teníamos tiempo que habíamos recibido la invitación de Ifigenia", dijo Cárdenas; fue una "plática de amigos" para darle seguimiento a la reforma indígena.

No vemos problemas jurídicos para que la Corte dé entrada al recurso porque está sustentado en la normatividad. Basta que un tercio de un congreso estatal esté de acuerdo para promover la inconstitucionalidad de la ley indígena, agregó Amalia García. "Estamos decididos a promover el recurso de inconstitucionalidad y a impulsar las consultas entre los legisladores locales de otros partidos que también se han mostrado en contra".

Cuauhtémoc Cárdenas e Ifigenia Martínez recrearon los tiempos de 1987. Hacía más de un año que no se realizaba un encuentro de esa naturaleza en la casa de Ifigenia, sede de las reuniones en las que se gestó la Corriente Democrática con Gonzalo Martínez Corbalá, Porfirio Muñoz Ledo, Rodolfo González Guevara y otros.

Cárdenas, Martínez, Amalia García, Jesús Zambrano y el resto del comité negaron que las diferencias domésticas hubieran reinado en el encuentro.

-¿La reunión fue para cerrar filas?

-No fue para cerrar filas, porque están cerradas ?respondió Cárdenas.

Los perredistas se percataron de la presencia de los medios fuera de la residencia de Dulce Olivia, en Coyoacán. Apuraron la comida y a unos pasos del umbral dieron algunos detalles de la reunión.

Hablamos del Plan Puebla-Panamá y del próximo encuentro de las izquierdas, refirió Cárdenas.

-¿Y los problemas del PRD?

-Para nada ?cortó Ifigenia. No es un tema que preocupe...

-¿Las pugnas?

-No las vemos. En la coyuntura nuestra prioridad es Tabasco.

-¿Pero platicaron de sus diferencias domésticas?

-Están prácticamente superadas... Aunque en el PRD no hay ni unanimidades ni incondicionalidades. Estoy cierta que nos pondremos de acuerdo. Antes de empezar el análisis de la contienda interna de marzo venidero tenemos otras prioridades.

-¿Qué recomendaría después del anterior proceso interno perredista?

-Yo no recomiendo ?respondió Cárdenas. Pero esperamos un proceso tranquilo, constructivo y lo verán en marzo. No veo conflictos.

El gobierno de Fox, opinó el ex candidato presidencial, no está dando respuesta a las demandas populares.

El filete chemita y los tequilas habían quedado atrás. Cárdenas se apresuraba para asistir a la presentación de un libro en la Cámara de Diputados. Irá a otra esta noche. "Estamos dispuestos al diálogo con el gobierno si hay disposición de éste para tratar el tema fiscal en otras condiciones, para redefinir la cuestión indígena o para abrir el Fobaproa."

Fue una plática muy sabrosa, condensó Ifigenia Martínez.

-Me voy ?cerró Cárdenas. "Próximamente tengo que ir a Michoacán para cambiar mi credencial, aunque el proceso electoral sea en noviembre."

-¿Van a rescatar a Fox? ?le preguntaron cuando abordaba el automóvil.

-Eso le toca a otros.

Los del comité perredista refirieron que todavía quedaban "dos o tres puntos" por tratar, aunque no los asuntos internos.

Ť Ambos mandatarios sostienen pláticas para tratar de revertir la ley aprobada

Gobernadores de Oaxaca y Chiapas podrían presentar una controversia conjunta contra la reforma indígena

Ť El primero pide no permitir que la derecha dé carta de legalidad a un México elitista

ANGELES MARISCAL Y VICTOR RUIZ CORRESPONSALES

El gobernador de Oaxaca, José Murat Casab, informó que se encuentra en pláticas con su homólogo de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, para que ambos estados promuevan de manera conjunta una controversia constitucional contra las reformas sobre derechos y cultura indígenas.

Indicó que si no se logra un acuerdo entre ambos, entonces los 418 municipios que eligen a sus autoridades por usos y costumbres, y los tres poderes del estado de Oaxaca, lo harán por su lado, y para ello un grupo de abogados, entre los cuales se encuentra el propio gobernador, ya comenzaron los trabajos para elaborar la documentación que se enviará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Al conmemorar el 129 aniversario luctuoso de Benito Juárez García, el mandatario oaxaqueño manifestó que luego de que 18 congresos estatales refrendaron la ley indígena aprobada por el Congreso de la Unión, ahora les toca a los pueblos indios emprender una segunda lucha para lograr que el Presidente de la República vete la ley o, en caso contrario, promover una controversia constitucional.

Ante los representantes de los poderes Legislativo y Judicial del estado, Aquiles López Sosa y Raúl Bolaños Cacho Guzmán, respectivamente, Murat Casab expuso que los pueblos indígenas de Oaxaca no permitirán que la derecha de hoy ''dé carta de legalidad a un México elitista, ajeno a sí mismo, negador de su grandeza y segregador de sus pueblos indios''.

En la misma sesión, el presidente municipal de Guelatao de Juárez, Aldo González Rojas, exhortó al presidente Vicente Fox ''a que no sancione la reforma constitucional en materia indígena, que hoy la mayoría de los congresos locales han aprobado''.

Ante unos 70 presidentes municipales de la Sierra Norte de Oaxaca, González Rojas dijo que en Puebla, el municipio indígena de Molcaxac ''nos ha puesto el ejemplo de cómo defender con dignidad los legítimos derechos de nuestros pueblos indígenas'', al promover una controversia constitucional ante la SCJN contra la reforma aprobada.

En Chiapas, mientras tanto, al menos seis presidentes municipales y comunidades indígenas de siete regiones anunciaron que presentarán ante la SCJN una controversia constitucional, y ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) una denuncia por la violación a sus garantías colectivas e individuales derivadas de la aprobación de las reformas a la ley indígena.

Porfirio Encinos, secretario de Atención a los Pueblos Indios, dijo que los alcaldes de Francisco León, Chapultenango, Bejucal de Ocampo, Jitotol, Nicolás Ruiz y Ocotepec -en donde habitan tzotziles y zoques principalmente- realizan gestiones para presentar una controversia por la aprobación de la ley indígena.

Explicó que las reformas certificadas por el Congreso de la Unión, y refrendadas por 18 congresos locales, no garantizan los derechos sociales, económicos y políticos de los pueblos indios, por lo que grupos y etnias de la entidad seguirán luchando hasta que se respeten esos derechos.

Por su parte, comunidades indígenas pertenecientes a la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos dieron a conocer un documento que harán llegar a la OIT por violaciones del gobierno mexicano al Convenio 169 de ese organismo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en los Países Independientes, firmado por México en 1989.

La queja la presentarán comunidades de los municipios de Altamirano, Palenque, Tila, San Jerónimo Tulijá, Salto de Agua-Palenque y región Tuxtla, para ''exigir su derecho de acceder a las instancias del estado que les pertenecen como ciudadanos, y asumir la toma de decisiones en aspectos que les competen directamente''.

Miguel Angel de los Santos, abogado de la red, señaló que este es un importante ejercicio de autogestión de las comunidades, las que ''comienzan a asumir la defensa de sus derechos humanos, como una expresión más del ejercicio de la libre determinación y autonomía''.

Ť Hay que buscar cauces legales para oír otras voces, dice

Sería una locura considerar el veto presidencial, advierte Xóchitl Gálvez

ROBERTO GARDUÑO

Considerar el veto presidencial de la reforma constitucional en materia indígena, validada ayer por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, ''sería una locura'', y por esa razón el gobierno federal buscará otros mecanismos para incluir los temas que no se abordaron durante su discusión en el Poder Legislativo, advirtió ayer la encargada de la oficina presidencial para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Xóchitl Gálvez.

Hay que considerar la situación donde hay guerrillas

La funcionaria federal opinó que las voces de los congresos de Chiapas y de Oaxaca ?ambos rechazaron el dictamen sobre la ley indígena? deberán tomarse muy en cuenta, porque ''realmente la situación de las guerrillas se da en estos dos estados de manera muy importante, (por ello) es bueno escuchar su voz y encontrar los cauces legales para que ésta sea escuchada''.

La posición del gobierno se dará en pocos días

Gálvez señaló que en los próximos días el gobierno federal dará a conocer su posición en torno a la aprobación de la ley indígena, una vez que el presidente de la República, Vicente Fox Quesada, y el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, analicen el documento que afina el consejo asesor del titular del Ejecutivo federal.

-¿Considera usted que la aprobación de la ley indígena provocará una reacción violenta por parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional? ?se preguntó a la funcionaria.

-Esto es tan complicado saberlo... Yo creo que sí hay descontento entre los pueblos indígenas. Esto es evidente. Lo que tenemos que buscar ahora es cómo a través de las instituciones que creamos se escuche y se encuentren vías legales para traducir todas estas inquietudes.

La mención sobre ''avances'' despertó el descontento

Un poco más tarde, durante su intervención en el Encuentro de Pueblos y Organizaciones Indígenas de Migrantes del Distrito Federal y la Zona Metropolitana, Xóchitl Gálvez expresó: ''Estamos conscientes que la ley en materia indígena no dejó satisfechos a los propios pueblos. Yo he sido una persona que ha manifestado de manera abierta que esa ley sin lugar a dudas tiene avances (¡no, no, no!, la interrumpieron algunas mujeres mazahuas que asistieron al acto?, pero todavía hay algunas deficiencias... Sé que hay algunos temas que no se tocaron y que es necesario e indispensable que se toquen. Como Poder Ejecutivo, somos muy respetuosos del Poder Legislativo, pero sí sé que es importante que se escuchen estas voces''.

Ť Ha habido saqueos, asaltos, animales sacrificados y agresiones físicas y verbales, dicen

Denuncian comunidades zapatistas que crece peligrosamente la amenaza de paramilitares

Ť La organización Paz y Justicia efectúa ''juicios'' ilegales a ejidatarios Ť Nos presionan para que aceptemos el Progresa, señalan Ť Observadores extranjeros han sido hostigados

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de las Casas, Chis., 18 de julio. Según reiteradas denuncias tanto del municipio autónomo El Trabajo como de las autoridades ejidales de Roberto Barrios, la amenaza paramilitar crece peligrosa y rápidamente en dicha comunidad. Ya hay personas amenazadas de muerte, casas saqueadas, borregos sacrificados, asaltos, acusaciones falsas y ''juicios'' ilegales practicados por miembros de Paz y Justicia, además de agresiones físicas y verbales contra las bases de apoyo zapatistas y los campamentistas, sabotajes contra la clínica regional y la escuela autónoma, presiones para aceptar el Progresa, y en general un clima de hostilidad. Hay, incluso, confesión de parte de los paramilitares.

En un documento dado a conocer hoy en esta ciudad, el presidente del comisariado ejidal de Roberto Barrios denuncia que un miembro de Paz y Justicia, en estado de ebriedad, hace pocas noches amenazó a tres campesinos zapatistas: ''Dijo que cada gente de su grupo paramilitar está pagada con 30 mil pesos y que sólo faltaba matarlos''. Por la mañana, los zapatistas amenazados ''encontraron un machete en la puerta y un pollo muerto, y faltaba un pavo''.

En sucesivas cartas enviadas a la prensa y los organismos de derechos humanos, las autoridades ejidales de dicha comunidad en la selva norte, donde se ubica el quinto Aguascalientes zapatista, representan una bitácora del espanto. Si a las agresiones de Paz y Justicia se suman los recientes movimientos militares en el área, se puede concluir que la situación en Roberto Barrios es bastante grave. Sobrevuelos de helicópteros, patrullajes en las inmediaciones, incursiones de un convoy militar en la comunidad vecina de Samaritano, retenes en el crucero de Chancalá Zapote y presiones directas contra Luis Echeverría Alvarez, otra comunidad zapatista del municipio autónomo.

Mensajes intimidatorios

La noche del 8 de julio, la parcela del señor Antonio fue invadida por desconocidos, mientras los trabajadores se encontraban fuera. Los borregos adultos desaparecieron y sus crías fueron echadas al monte para que murieran de inanición. También faltaban un horcón y un cuchillo, y estaban destruidos a machetazos una silla de montar y otros aperos, así como diversos utensilios domésticos. Sobre una mesa de madera los agresores escribieron torpemente insultos y amenazas contra don Antonio.

Para las autoridades ejidales, ''no es un hecho aislado ya que, como se ha relatado en anteriores denuncias, la comunidad ha sufrido y sufre actos de este tipo''. Esto hace pensar a los ejidatarios zapatistas que existe una relación entre todos los acontecimientos, ''siendo producto de un grupo organizado que atenta sobre la vida cotidiana en este lugar''.

La noche del día 9, un desconocido intentó ingresar en el domicilio de una de las autoridades ejidales, presumiblemente para robar el dinero de la camioneta de la comunidad. Al ser descubierto, el ladrón se dio a la fuga. El martes 10, por la tarde, don Antonio encontró los cadáveres de sus borregos robados lo cual, según los denunciantes, acentúa la gravedad del hecho, ya que demuestra el ensañamiento de los ''agresores sobre la persona y no el interés económico de un verdadero robo''.

El mismo martes, después de un incidente en el camino entre el chofer del camión de la comunidad y el auxiliar del Progresa, el comisariado ejidal priísta Francisco Gómez Pérez dijo un discurso en el altavoz de la Secretaría de Educación Pública (SEP), acusando al conductor de agredir al empleado del Progresa. Gómez Pérez, según la denuncia, ''amenazó con traer a la Seguridad Pública para desalojar a las bases de apoyo zapatista" y de paso ''invitó'' a la gente de la comunidad a inscribirse al Progresa para salvarse de ser ''expulsada''.

El orador ''habló muy mal'' de un catequista que hace poco recibió amenazas de muerte por criticar en público el Plan Puebla-Panamá. Enseguida, el comisariado priísta, vinculado con el grupo paramilitar Paz y Justicia, profirió amenazas contra ''las autoridades que son bases de apoyo zapatista y su representante, diciendo que cualquier día lo pueden agarrar y llevarlo a la cárcel''. También criticó a la comunidad ''por permitir la presencia de observadores internacionales'' en su tierra.

La noche del día 11, tres campesinos, bases de apoyo del EZLN ''fueron amenazados en sus casas por Salvador Gómez Pérez, que estaba tomado''. El agresor, hermano de Francisco -el orador del altavoz- ''les dijo a los zapatistas que cada gente de su grupo (Paz y Justicia) estaba pagado con 30 mil pesos'' y que estaban listos ''para matarlos''.

El día 13, las autoridades ejidales priístas hicieron un ''juicio'' al chofer y sus dos ayudantes, y a Salvador Gómez Pérez, por las agresiones contra los zapatistas. El ''juicio'' fue presidido por Carlos Méndez Hernández, Germán Mendoza Hernández, ''jefe de Paz y Justicia", y Francisco Gómez Pérez, comisariado de la parte priísta de la comunidad y también presunto dirigente del grupo paramilitar. ''Las autoridades zapatistas no fueron invitadas, ni ninguna base de apoyo del EZLN''.

Según relatan los autónomos en otra denuncia, fechada ese mismo día, el chofer reconoció que iba borracho y no sabía lo que había hecho. Las autoridades priístas le exigieron una ''multa'' de 3 mil pesos: ''Al final tuvo que pagar mil 500 pesos, por miedo. Salvador en cambio fue perdonado porque su hermano es la autoridad. Al chofer no lo perdonaron porque aunque no es zapatista, a veces ayuda a los autónomos''.

La autoridad ejidal declara: ''Responsabilizamos a los priístas por cualquier hecho violento que llegue a pasar y denunciamos que, como siempre, el Progresa es usado para dividir a las comunidades, pues están obligando a inscribirse a este programa y mandar a los hijos a la escuela oficial''.

Por su parte, el grupo de campamentistas nacionales y extranjeros que se encuentran en Roberto Barrios, hicieron otra denuncia. El jueves 12 de julio, mientras un grupo de observadores internacionales realizaba labores de limpieza junto a la cocina del campamento, Humberto Balcázar Mendoza, señalado por los zapatistas como ''jefe paramilitar y colaborador de Migración'', se detuvo frente al Aguascalientes para increpar a una de las muchachas. Al no obtener respuesta se introdujo en el terreno del campamento civil para agredir a los observadores internacionales, ''tanto verbal como físicamente''. Ante esta situación, los afectados pidieron auxilio a los indígenas que cuidan el lugar. Ante ello, el agresor huyó apresuradamente.

Según escriben los observadores internacionales, en denuncia avalada por los presidentes del comisariado y el Consejo de Vigilancia del ejido Roberto Barrios, ''esta nueva agresión se enmarca dentro de la situación actual de tensión que se vive en la comunidad''. Enseguida, enumeran diversos hechos que confirman la hostilidad desatada en fechas recientes contra los autónomos y la sociedad civil''.

Entre los ataques dirigidos contra el campamento de paz, el documento en cuestión señala que los observadores ahí presentes son agredidos a pedradas e insultados dentro y fuera del mencionado campamento, además de ser objeto de otras actitudes y acciones intimidatorias, como la aparición de frases peyorativas y xenófobas cinceladas en las rocas de las cascadas, y el robo de cámaras fotográficas, dinero, pasaportes y otros objetos de valor. ''Ante el progresivo aumento de la presión tanto psicológica como física y previendo futuras agresiones, los observadores internacionales que nos encontramos en la comunidad de Roberto Barrios denunciamos y denunciaremos cualquier tipo de agresión'', concluye la denuncia de los campamentistas.