JUEVES Ť 19 Ť JULIO Ť 2001

Ť Los ecologistas no retiraron acusación contra soldados

Influyó el Ejército en ratificación de nuestras sentencias: Montiel

Ť AI realizará una manifestación de apoyo en Los Angeles

LA JORNADA/EL SUR Y CLAUDIA HERRERA BELTRAN

Acapulco, Gro., 18 de julio. La ratificación de la sentencia en contra de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera demuestra la posición del Ejército en el caso, "pues me negué a retirar la acusación contra los soldados que nos torturaron", dijo Montiel vía telefónica desde la cárcel de Iguala.

Sobre las declaraciones de Julio Alonso Vera Márquez, actuario del primer tribunal unitario del 21 circuito, con sede en Chilpancingo, en el sentido de que los magistrados no encontraron "suficiente valor probatorio" a las pruebas de tortura presentadas por los abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Montiel Flores sostuvo que su caso es la prueba más clara de que no hay justicia en Guerrero, pues nadie ha podido desmentir que los delitos que se le imputan fueron fabricados mediante la tortura que vivió junto con su compañero a manos de soldados del Ejército, en el cuartel del 40 Batallón de Infantería, ubicado en Ciudad Altamirano, en la región de Tierra Caliente.

Montiel Flores dijo que no le sorprendió la ratificación de su sentencia porque un abogado de la Semarnat, de nombre Rodolfo y cuyos apellidos no pudo recordar, le dijo al campesino que saldría libre a condición de retirar las demandas contra los soldados que los torturaron y que al salir de la cárcel no podrían vivir en el estado, pero podrían continuar con su lucha en defensa del bosque, incluso con un salario que la Semarnat les pagaría.

"Mi repuesta a la oferta del representante del gobierno fue que enseguida lo estaríamos viendo, pero en realidad nos parece que dejar en la impunidad a los que cometieron el delito de tortura es como seguir permitiendo que los militares continúen con esas prácticas ilegales, sobre todo con los campesinos que más sufren la presencia del Ejército", dijo Montiel.

También se refirió a la detención de Gerardo Cabrera González, ocurrida el sábado pasado en la sierra de Petatlán, por parte de militares del 19 Batallón de Infantería, asentado en esa población de la Costa Grande. Rodolfo Montiel dijo que es práctica común del Ejército realizar ese tipo de acciones en la zona, donde sustituye a las policías. Se trata de "demostrar a la sociedad que quienes mandan en la sierra son ellos, los militares". Manifestó que conoce a Gerardo Cabrera y que "es persona de buen vivir y reconocido como hombre decente en la región".

Por último, el ecologista, que ha recibido varios reconocimientos nacionales e internacionales por su lucha a favor de la conservación del bosque, dijo que se mantiene firme en sus convicciones y al tanto del trabajo que sus compañeros realizan en la región de la Sierra Madre del Sur.

Presentarán el caso ante la CIDH

La defensa de los ecologistas presos Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera anunció que presentará el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues considera que en México hay "nula posibilidad" de justicia, luego de la resolución de un tribunal de Chilpancingo que confirmó el encarcelamiento de los campesinos.

El presidente del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Edgar Cortez, indicó que el expediente de los campesinos podría convertirse también en la primera queja mexicana que ingrese a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo cuyas sentencias son de mayor peso que las de la comisión porque tienen carácter obligatorio.

Consideró que las promesas de justicia que en este caso hizo el presidente de la República Vicente Fox ante el secretario general de Amnistía Internacional, Pierre Sané, "no se han concretado", siendo que el jefe del Ejecutivo pudo haber insistido ante el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, para que desistiera de sus acusaciones.

Cortez y el abogado Jorge Fernández explicaron, en conferencia de prensa, que el primer tribunal unitario de circuito de Chilpancingo que ratificó la sentencia ignoró las pruebas que demuestran que Cabrera y Montiel confesaron bajo tortura su supuesta culpabilidad.

El martes pasado, dicho tribunal confirmó la condena de seis años ocho meses de prisión para Montiel y diez años para Cabrera, quienes fueron acusados por un agente del Ministerio Público militar y después por uno federal de portar armas y de sembrar mariguana, pero que según organismos defensores de derechos humanos no son culpables de esos delitos y su encarcelamiento obedece a su lucha contra los talamontes de la entidad.

Fernández señaló que el órgano juzgador de Chilpancingo tenía la obligación de analizar las pruebas ya existentes en relación con el certificado de tortura expedido por los médicos legistas especialistas en esa materia, Morris Tidball y Christian Tramsen, de Médicos por los Derechos Humanos-Dinamarca, organismo que, explicaron, fue avalado por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Cortez se quejó de que lejos de constituirse en la instancia que frene los actos arbitrarios de las autoridades y que proteja los derechos humanos de las víctimas, el Poder Judicial se ha convertido en un mecanismo de legitimación de los agravios cometidos en contra de la población.

Anomalías en el dictamen médico

Fernández explicó las "irregularidades" de la sentencia del tribunal de Guerrero. Señaló que no toma en cuenta el dictamen médico presentado por la defensa, pero sí le da valor probatorio a los certificados médicos elaborados por los militares -que detuvieron a los campesinos- y médicos legistas que no tienen la preparación adecuada y que hicieron sus valoraciones en menos de cinco minutos.

Indicó que tampoco se consideraron los problemas físicos que tienen los campesinos presos después de haber sido torturados, pues señalan que son producto de otra causa y que las lesiones de muñecas y tobillos que presentaban son ciertas, pero se justifican "porque si no se escapaban".

Criticaron también a Macedo de la Concha, militar con licencia y quien fungía como procurador de Justicia Militar cuando los ecologistas fueron detenidos y torturados por elementos del 40 batallón, porque éste ha solicitado sistemáticamente la confirmación de las condenas.

Informaron que integrantes de Amnistía Internacional en Estados Unidos realizarán este jueves una manifestación frente al consulado de México en Los Angeles en protesta por la sentencia en contra de los ecologistas.

Por otra parte, en una entrevista radiofónica, la embajadora especial para los derechos humanos de la cancillería, Mari-claire Acosta, se manifestó indignada con la resolución del magistrado y dijo que es desalentador que algunos miembros del Poder Judicial en México todavía no quieran cambiar y no acepten pruebas que demuestran el uso de la tortura para obtener declaraciones.

Consideró que éste es un problema del gobierno de Guerrero y "tiene que ver con los grandes intereses y una manera autoritaria de concebir la justicia que desgraciadamente está muy arraigada en nuestro país".