JUEVES Ť 19 Ť JULIO Ť 2001
Ť Ha habido saqueos, asaltos, animales sacrificados y agresiones físicas y verbales, dicen
Denuncian comunidades zapatistas que crece peligrosamente la amenaza de paramilitares
Ť La organización Paz y Justicia efectúa ''juicios'' ilegales a ejidatarios Ť Nos presionan para que aceptemos el Progresa, señalan Ť Observadores extranjeros han sido hostigados
HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO
San Cristobal de las Casas, Chis., 18 de julio. Según reiteradas denuncias tanto del municipio autónomo El Trabajo como de las autoridades ejidales de Roberto Barrios, la amenaza paramilitar crece peligrosa y rápidamente en dicha comunidad. Ya hay personas amenazadas de muerte, casas saqueadas, borregos sacrificados, asaltos, acusaciones falsas y ''juicios'' ilegales practicados por miembros de Paz y Justicia, además de agresiones físicas y verbales contra las bases de apoyo zapatistas y los campamentistas, sabotajes contra la clínica regional y la escuela autónoma, presiones para aceptar el Progresa, y en general un clima de hostilidad. Hay, incluso, confesión de parte de los paramilitares.
En un documento dado a conocer hoy en esta ciudad, el presidente del comisariado ejidal de Roberto Barrios denuncia que un miembro de Paz y Justicia, en estado de ebriedad, hace pocas noches amenazó a tres campesinos zapatistas: ''Dijo que cada gente de su grupo paramilitar está pagada con 30 mil pesos y que sólo faltaba matarlos''. Por la mañana, los zapatistas amenazados ''encontraron un machete en la puerta y un pollo muerto, y faltaba un pavo''.
En sucesivas cartas enviadas a la prensa y los organismos de derechos humanos, las autoridades ejidales de dicha comunidad en la selva norte, donde se ubica el quinto Aguascalientes zapatista, representan una bitácora del espanto. Si a las agresiones de Paz y Justicia se suman los recientes movimientos militares en el área, se puede concluir que la situación en Roberto Barrios es bastante grave. Sobrevuelos de helicópteros, patrullajes en las inmediaciones, incursiones de un convoy militar en la comunidad vecina de Samaritano, retenes en el crucero de Chancalá Zapote y presiones directas contra Luis Echeverría Alvarez, otra comunidad zapatista del municipio autónomo.
Mensajes intimidatorios
La noche del 8 de julio, la parcela del señor Antonio fue invadida por desconocidos, mientras los trabajadores se encontraban fuera. Los borregos adultos desaparecieron y sus crías fueron echadas al monte para que murieran de inanición. También faltaban un horcón y un cuchillo, y estaban destruidos a machetazos una silla de montar y otros aperos, así como diversos utensilios domésticos. Sobre una mesa de madera los agresores escribieron torpemente insultos y amenazas contra don Antonio.
Para las autoridades ejidales, ''no es un hecho aislado ya que, como se ha relatado en anteriores denuncias, la comunidad ha sufrido y sufre actos de este tipo''. Esto hace pensar a los ejidatarios zapatistas que existe una relación entre todos los acontecimientos, ''siendo producto de un grupo organizado que atenta sobre la vida cotidiana en este lugar''.
La noche del día 9, un desconocido intentó ingresar en el domicilio de una de las autoridades ejidales, presumiblemente para robar el dinero de la camioneta de la comunidad. Al ser descubierto, el ladrón se dio a la fuga. El martes 10, por la tarde, don Antonio encontró los cadáveres de sus borregos robados lo cual, según los denunciantes, acentúa la gravedad del hecho, ya que demuestra el ensañamiento de los ''agresores sobre la persona y no el interés económico de un verdadero robo''.
El mismo martes, después de un incidente en el camino entre el chofer del camión de la comunidad y el auxiliar del Progresa, el comisariado ejidal priísta Francisco Gómez Pérez dijo un discurso en el altavoz de la Secretaría de Educación Pública (SEP), acusando al conductor de agredir al empleado del Progresa. Gómez Pérez, según la denuncia, ''amenazó con traer a la Seguridad Pública para desalojar a las bases de apoyo zapatista" y de paso ''invitó'' a la gente de la comunidad a inscribirse al Progresa para salvarse de ser ''expulsada''.
El orador ''habló muy mal'' de un catequista que hace poco recibió amenazas de muerte por criticar en público el Plan Puebla-Panamá. Enseguida, el comisariado priísta, vinculado con el grupo paramilitar Paz y Justicia, profirió amenazas contra ''las autoridades que son bases de apoyo zapatista y su representante, diciendo que cualquier día lo pueden agarrar y llevarlo a la cárcel''. También criticó a la comunidad ''por permitir la presencia de observadores internacionales'' en su tierra.
La noche del día 11, tres campesinos, bases de apoyo del EZLN ''fueron amenazados en sus casas por Salvador Gómez Pérez, que estaba tomado''. El agresor, hermano de Francisco -el orador del altavoz- ''les dijo a los zapatistas que cada gente de su grupo (Paz y Justicia) estaba pagado con 30 mil pesos'' y que estaban listos ''para matarlos''.
El día 13, las autoridades ejidales priístas hicieron un ''juicio'' al chofer y sus dos ayudantes, y a Salvador Gómez Pérez, por las agresiones contra los zapatistas. El ''juicio'' fue presidido por Carlos Méndez Hernández, Germán Mendoza Hernández, ''jefe de Paz y Justicia", y Francisco Gómez Pérez, comisariado de la parte priísta de la comunidad y también presunto dirigente del grupo paramilitar. ''Las autoridades zapatistas no fueron invitadas, ni ninguna base de apoyo del EZLN''.
Según relatan los autónomos en otra denuncia, fechada ese mismo día, el chofer reconoció que iba borracho y no sabía lo que había hecho. Las autoridades priístas le exigieron una ''multa'' de 3 mil pesos: ''Al final tuvo que pagar mil 500 pesos, por miedo. Salvador en cambio fue perdonado porque su hermano es la autoridad. Al chofer no lo perdonaron porque aunque no es zapatista, a veces ayuda a los autónomos''.
La autoridad ejidal declara: ''Responsabilizamos a los priístas por cualquier hecho violento que llegue a pasar y denunciamos que, como siempre, el Progresa es usado para dividir a las comunidades, pues están obligando a inscribirse a este programa y mandar a los hijos a la escuela oficial''.
Por su parte, el grupo de campamentistas nacionales y extranjeros que se encuentran en Roberto Barrios, hicieron otra denuncia. El jueves 12 de julio, mientras un grupo de observadores internacionales realizaba labores de limpieza junto a la cocina del campamento, Humberto Balcázar Mendoza, señalado por los zapatistas como ''jefe paramilitar y colaborador de Migración'', se detuvo frente al Aguascalientes para increpar a una de las muchachas. Al no obtener respuesta se introdujo en el terreno del campamento civil para agredir a los observadores internacionales, ''tanto verbal como físicamente''. Ante esta situación, los afectados pidieron auxilio a los indígenas que cuidan el lugar. Ante ello, el agresor huyó apresuradamente.
Según escriben los observadores internacionales, en denuncia avalada por los presidentes del comisariado y el Consejo de Vigilancia del ejido Roberto Barrios, ''esta nueva agresión se enmarca dentro de la situación actual de tensión que se vive en la comunidad''. Enseguida, enumeran diversos hechos que confirman la hostilidad desatada en fechas recientes contra los autónomos y la sociedad civil''.
Entre los ataques dirigidos contra el campamento de paz, el documento en cuestión señala que los observadores ahí presentes son agredidos a pedradas e insultados dentro y fuera del mencionado campamento, además de ser objeto de otras actitudes y acciones intimidatorias, como la aparición de frases peyorativas y xenófobas cinceladas en las rocas de las cascadas, y el robo de cámaras fotográficas, dinero, pasaportes y otros objetos de valor. ''Ante el progresivo aumento de la presión tanto psicológica como física y previendo futuras agresiones, los observadores internacionales que nos encontramos en la comunidad de Roberto Barrios denunciamos y denunciaremos cualquier tipo de agresión'', concluye la denuncia de los campamentistas.