JUEVES Ť 19 Ť JULIO Ť 2001
Ť Ambos mandatarios sostienen pláticas para tratar de revertir la ley aprobada
Gobernadores de Oaxaca y Chiapas podrían presentar una controversia conjunta contra la reforma indígena
Ť El primero pide no permitir que la derecha dé carta de legalidad a un México elitista
ANGELES MARISCAL Y VICTOR RUIZ CORRESPONSALES
El gobernador de Oaxaca, José Murat Casab, informó que se encuentra en pláticas con su homólogo de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, para que ambos estados promuevan de manera conjunta una controversia constitucional contra las reformas sobre derechos y cultura indígenas.
Indicó que si no se logra un acuerdo entre ambos, entonces los 418 municipios que eligen a sus autoridades por usos y costumbres, y los tres poderes del estado de Oaxaca, lo harán por su lado, y para ello un grupo de abogados, entre los cuales se encuentra el propio gobernador, ya comenzaron los trabajos para elaborar la documentación que se enviará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Al conmemorar el 129 aniversario luctuoso de Benito Juárez García, el mandatario oaxaqueño manifestó que luego de que 18 congresos estatales refrendaron la ley indígena aprobada por el Congreso de la Unión, ahora les toca a los pueblos indios emprender una segunda lucha para lograr que el Presidente de la República vete la ley o, en caso contrario, promover una controversia constitucional.
Ante los representantes de los poderes Legislativo y Judicial del estado, Aquiles López Sosa y Raúl Bolaños Cacho Guzmán, respectivamente, Murat Casab expuso que los pueblos indígenas de Oaxaca no permitirán que la derecha de hoy ''dé carta de legalidad a un México elitista, ajeno a sí mismo, negador de su grandeza y segregador de sus pueblos indios''.
En la misma sesión, el presidente municipal de Guelatao de Juárez, Aldo González Rojas, exhortó al presidente Vicente Fox ''a que no sancione la reforma constitucional en materia indígena, que hoy la mayoría de los congresos locales han aprobado''.
Ante unos 70 presidentes municipales de la Sierra Norte de Oaxaca, González Rojas dijo que en Puebla, el municipio indígena de Molcaxac ''nos ha puesto el ejemplo de cómo defender con dignidad los legítimos derechos de nuestros pueblos indígenas'', al promover una controversia constitucional ante la SCJN contra la reforma aprobada.
En Chiapas, mientras tanto, al menos seis presidentes municipales y comunidades indígenas de siete regiones anunciaron que presentarán ante la SCJN una controversia constitucional, y ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) una denuncia por la violación a sus garantías colectivas e individuales derivadas de la aprobación de las reformas a la ley indígena.
Porfirio Encinos, secretario de Atención a los Pueblos Indios, dijo que los alcaldes de Francisco León, Chapultenango, Bejucal de Ocampo, Jitotol, Nicolás Ruiz y Ocotepec -en donde habitan tzotziles y zoques principalmente- realizan gestiones para presentar una controversia por la aprobación de la ley indígena.
Explicó que las reformas certificadas por el Congreso de la Unión, y refrendadas por 18 congresos locales, no garantizan los derechos sociales, económicos y políticos de los pueblos indios, por lo que grupos y etnias de la entidad seguirán luchando hasta que se respeten esos derechos.
Por su parte, comunidades indígenas pertenecientes a la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos dieron a conocer un documento que harán llegar a la OIT por violaciones del gobierno mexicano al Convenio 169 de ese organismo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en los Países Independientes, firmado por México en 1989.
La queja la presentarán comunidades de los municipios de Altamirano, Palenque, Tila, San Jerónimo Tulijá, Salto de Agua-Palenque y región Tuxtla, para ''exigir su derecho de acceder a las instancias del estado que les pertenecen como ciudadanos, y asumir la toma de decisiones en aspectos que les competen directamente''.
Miguel Angel de los Santos, abogado de la red, señaló que este es un importante ejercicio de autogestión de las comunidades, las que ''comienzan a asumir la defensa de sus derechos humanos, como una expresión más del ejercicio de la libre determinación y autonomía''.