miercoles Ť 18 Ť julio Ť 2001

Luis Linares Zapata

Reforma fiscal, dolor indispensable

Para llevar a término la pospuesta y poco consensuada reforma fiscal las presiones llegan de todos lados: unas conocidas, como ponen de relieve los pronunciamientos de los grandes empresarios que ya sienten los beneficios y lo poco que se les castigará; otras inconsistentes con sus militantes o con sus simpatizantes, como las que delatan aquellas posturas de los diversos partidos políticos; algunas otras confusas, como las superficiales aventuras discursivas de encumbrados clérigos que tratan de quedar bien con el César, con sus múltiples compromisos personales y, a veces, hasta con su misma grey. Las más difundidas urgencias por la reforma tienen su epicentro en los organismos multilaterales, las calificadoras de riesgo, las instituciones financieras internacionales y demás grupos de presión que se bifurcan hacia el interior del país, ya sea por las afinidades ideológicas o por las abiertas dependencias orgánicas que muchos centros de estudio tienen establecidos con ellas.

A todos esos llamados se suma ahora un ingrediente hasta cierto punto inesperado: la crisis del modelo argentino que tiene, en variados aspectos, similitudes y efectos que lo hermanan con el caso mexicano.

La real posibilidad de una moratoria argentina al servicio de su enorme deuda pone en el banquillo de las atenciones urgentes la perentoria necesidad de llegar a un acuerdo legislativo, aquí en México, que haga factible mejorar, de inmediato, los ingresos públicos. Hasta ahora, el contagio de las tribulaciones financieras con origen en el cono sur ha sido menor. Pero la persistencia de desacuerdos y mayores tardanzas entre los partidos y el gobierno introducirá motivos desestabilizadores de muy complicado manejo para los intereses de los mexicanos, desde cualquiera perspectiva que se les defina a estos últimos.

Todos perderíamos con una sacudida que involucre fuga de divisas, devaluación brusca de la moneda, depresión concomitante de la fábrica nacional, intereses elevados, pérdida de poder adquisitivo, quiebre de empleo y todos esos males conocidos, ya endémicos, y que, aunque sea rozándolos, se han podido evitar hasta el momento y a pesar del atorón causado por la situación americana.

La gobernabilidad pasa hoy por los acuerdos entre partidos y la administración de Fox sobre la pendiente, y hasta hoy confusa, reforma fiscal. Sin los recursos presupuestales que se pretende obtener al aprobar la iniciativa enviada al Congreso no podrá manejarse, como es siquiera requerido por un mínimo de eficiencia y sustentabilidad, el aparato productivo, y tampoco podrán mejorarse las tensas relaciones impuestas por la defectuosa, constreñida convivencia organizada de la sociedad, tal como ahora se da. Las limitantes derivadas de la deuda reconocida como de la no oficializada, pero activa, son abrumadoras. Mejores, sí, que las que aquejan a los argentinos o a los brasileños que esperan en turno para mostrar los signos de inminente deterioro, pero de todas maneras de serias consecuencias si se quiere cumplir con las ya disminuidas expectativas de mejoría en las condiciones y calidades de vida.

Es por esta serie de razones que los acuerdos partidarios para indagar y aclarar sobre el pasado del Fobaproa-IPAB se vuelven tan importantes. Sin arrojar luz a tan enormes errores y tropelías en que incurrieron conspicuos miembros de las elites públicas y privadas, no será posible una reconciliación que permita asumir los compromisos para aprobar la reforma esperada.

Las complicidades, los arreglos ilegítimos que han hecho impunes los fraudes, los malos manejos y crasos errores, están aún entre nosotros. Muchos de los actores principales del desaguisado aún son influyentes y hasta respetados personajes de la escena pública. No se les ha situado en el lugar y el desprestigio que tanto merecen y, por ello, la población no quiere aceptar las penalidades que se le tratan de imponer con mayores impuestos. Tampoco se confía en el eficaz y honesto empleo de los recursos que se pondrán a disposición del nuevo gobierno.

Todos los partidos y sus fracciones parlamentarias tienen que asumir sus perentorias obligaciones y responsabilidades para con ellos mismos y sus electores. El PAN en un primerísimo lugar. Es este partido el que debe nuclear las demás fuerzas. Tiene, entonces, que hacer un esfuerzo de concertación y compromiso social al que no está acostumbrado y pensar en afectar a sus sostenedores.

El PRI porque tiene que hacer un despiadado corte de cuentas con su pasado y no reaccionar encubriendo las faltas y sus culpables, si es que quiere empezar su reconstrucción efectiva. Es imprescindible que revise las causas de sus pérdidas de simpatía, que se traslucen en las derrotas electorales continuas, sobre todo en esos lugares de mayor atraso democrático. Así como valorar aquellos triunfos donde ha podido superar sus desventajas actuales. Tiene que asumir los costos por no haber hecho, cuando tenía la Presidencia federal en sus manos, las reformas pertinentes. Es preciso que acepte darle a Fox la oportunidad de contar con los resortes indispensables para gobernar como los intereses de los mexicanos exigen, obligándolo a ceder ahí donde también a los gerentes les duele, ensanchando la base, calidad y sujetos de los gravámenes.

El PRD, por su lado, no puede quedar al margen de la negociación escudándose en la imposibilidad de llegar a acuerdos con la reacción y su injusto modelo.

De ellos depende, en gran parte, que se puedan introducir mejoras recaudatorias que palien las disparidades, recuperen el salario, repartan el sacrificio y extiendan los costos sobre todos los grupos sociales. Y hacer todo esto de inmediato y sin mayores titubeos.