MIERCOLES Ť 18 Ť JULIO Ť 2001
Ť Los parientes deben tener acceso a los archivos: ONG
Piden a familiares de activistas políticos ausentes aportar datos
CLAUDIA HERRERA BELTRAN
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) convocó ayer a familiares, amigos y conocidos de las 482 personas denunciadas como desaparecidas entre 1970 y 1980 a que aporten cualquier dato que consideren útil y pueda conducir a su localización y al esclarecimiento de lo ocurrido.
Un día después de que la Secretaría de Gobernación ofreciera abrir los archivos del Centro de Información y Seguridad Nacional referentes a las personas desaparecidas, la CNDH dijo que la información proporcionada por los involucrados será cotejada y cruzada con la obtenida durante las investigaciones realizadas en el Programa de Presuntos Desaparecidos.
En tanto, organismos defensores de derechos humanos consideraron que el ofrecimiento de Gobernación y el anuncio de la CNDH constituyen "un primer paso", pero lo más importante, explicaron, es que los familiares y víctimas tengan acceso a los expedientes, a fin de que aporten elementos para esclarecer las desapariciones y fincar responsabilidades.
La CNDH indicó que la información servirá para esclarecer el paradero de cada una de las personas reportadas, así como las causas de su desaparición, la forma en que ocurrió, y los probables responsables de la misma.
El organismo puso a disposición de familiares, amigos, conocidos y público en general el número telefónico Lada sin costo 01 800 715 2000, durante las 24 horas del día.
Los nombres de las 482 personas cuya búsqueda se ha intensificado en los últimos 18 meses fueron dados a conocer el 27 de junio de 2001. En caso necesario, indicó, pueden consultarse en la dirección electrónica www.cndh.org.mx.
Cualquier documento, información escrita o gráfica que se desee aportar directamente o por correo podrá dirigirse indistintamente al Programa de Presuntos Desaparecidos de la CNDH o a la segunda visitaduría general, en Periférico Sur 3469, colonia San Jerónimo Lídice, delegación Magdalena Contreras, código postal 10200, México, DF.
Edgar Cortez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dijo que estos anuncios son alentadores, pero no hay que apostarle todo a los archivos gubernamentales, pues posiblemente no se hizo un manejo responsable de los mismos y están incompletos o depurados.
"Existe el riesgo de que los diferentes integrantes de la extinta Dirección Federal de Seguridad o de Gobernación pudieron haber hecho uso de esa información como patrimonio personal, y se llevaron o destruyeron documentación que sirviera para fincar responsabilidades", advirtió.
Dijo que este asunto obliga a discutir en México la necesidad de revisar órganos de inteligencia y de represión que han actuado con total impunidad y que deberían ser acotados por la ley para impedir que sigan siendo instituciones que, amparándose en la clandestinidad, actúan de manera arbitraria.
Para Edgar Cortez, el gobierno de Vicente Fox tiene la oportunidad de demostrar en los hechos y no sólo en el discurso que es real la lucha contra la impunidad.
Por ello, consideró, es importante determinar cuál es la responsabilidad de ex funcionarios gubernamentales en las desapariciones, y castigarlos, ya que este tipo de delitos no prescriben, así como promover reparaciones económicas y morales a favor de las víctimas.
Michael Chamberlain, coordinador de la Red Todos los Derechos para Todos, criticó el llamado que hizo la CNDH a los familiares para que aporten información, pues dijo que ese organismo primero debería dar acceso a los informes que ha recabado a lo largo de los últimos años.
"Me parece que la CNDH está haciendo un llamado al actor equivocado. Si las personas están denunciando las desapariciones es porque no saben dónde están sus familiares. Quien tiene esa información es el gobierno", aseguró.
Dijo que el ombudsman nacional debe comprometerse a encontrar mayor información y, sobre todo, entregársela a las víctimas para que tengan elementos y puedan decidir si presentan o no denuncias.
Consideró que la postura de Gobernación es positiva porque por primera vez se abre al escrutinio de la sociedad. Señaló que, inclusive, convendría que la propia dependencia hiciera un informe de los documentos en su poder y que los hiciera públicos.