MIERCOLES Ť 18 Ť JULIO Ť 2001

Ť Hasta el momento ningún funcionario ha sido señalado como culpable, dice

Niega la SG que se busque desprestigiar a las autoridades del Edomex por casos de espionaje

Ť Justifica Bravo Mena la práctica realizada por el gobernador de Querétaro

La Secretaría de Gobernación rechazó que desde el gobierno federal se promueva una campaña de desprestigio en contra de las autoridades del estado de México, y precisó que en la investigación de la red de espionaje telefónico descubierta en la entidad no "ha presumido la responsabilidad de autoridad alguna".

En un comunicado, emitido cuatro horas después de que la presidenta del PRI, Dulce María Sauri Riancho, hizo pública su exigencia al secretario de Gobernación, Santiago Creel, para que la investigación "esté lejos de cualquier revancha política", la dependencia afirmó que con el gobernador Arturo Montiel se "mantiene una relación de colaboración interinstitucional permanente".

Sauri reveló que en una entrevista con Creel, le advirtió que Montiel "tiene un pleno, total apoyo y respaldo del partido". El funcionario respondió que el gobierno de Vicente Fox garantiza que la investigación se realizará con "apego irrestricto a la ley".

Gobernación insistió en que tiene facultades para realizar tareas de investigación e información que le permitan preservar "la integridad, la estabilidad y la permanencia del Estado mexicano".

Al precisar que sólo la PGR puede investigar delitos relacionados con intervenciones telefónicas ilícitas, desautorizó cualquier información relacionada con la red de espionaje, "sin que provenga de la propia dependencia".

En relación con los desplegados que organizaciones, legisladores priístas y políticos del estado de México han publicado, denunciado una supuesta campaña de desprestigio del gobierno federal en contra de la administración mexiquense, la secretaría explicó que se ha mantenido atenta a las investigaciones de la PGR en torno al hallazgo de un centro de espionaje que funcionaba en la capital del país y en el municipio de Naucalpan, pero que "en ningún momento ha presumido la responsabilidad en esos hechos de persona o autoridad alguna".

Por su parte, el gobernador del estado de México, Arturo Montiel Rojas, mencionó que hasta el momento no ha recibido un citatorio para declarar ante la PGR por el caso de espionaje. Aseguró que está dando todas las facilidades para que la dependencia investigue a fondo el caso y que de manera personal le interesa que el asunto se "esclarezca".

A su vez, el dirigente del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, defendió al gobernador de Querétaro, Ignacio Loyola Vera, quien ha aceptado que su administración cuenta con un equipo para escuchar las conversaciones de dirigentes políticos y universitarios.

"El se allega de información; no practica espionaje, pues una cosa es que la autoridad debe tener información de lo que ocurre en su estado para actuar de forma oportuna, y otra que se hagan actos de violación a la ley y a los derechos humanos espiando a la gente de forma ilegal", argumentó.

Para Bravo Mena, los desplegados de los priístas mexiquenses constituyen una estrategia para tratar de encubrir las "graves anomalías que se han cometido ahí", y convocó a permitir que la PGR dictamine y deslinde responsabilidades.

Mientras, Francisco Hernández Juárez, líder del sindicato de telefonistas, aseguró que el espionaje es una práctica común que detectan de inmediato los trabajadores cuando instalan o reparan una línea telefónica. "Cuando nos reportan una falla se encuentran grabadoras instaladas o líneas raras", informó.

"Hace más de un año -reveló- nosotros denunciamos una red paralela de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y hasta el momento no se ha hecho nada".

En Teléfonos de México existe un equipo que verifica el nivel de resistencia de las líneas o el nivel de ruido que éstas presentan, y a través de esta vía los casos de espionaje y teléfonos intervenidos se detectan rápidamente, explicó.

Por ello, agregó, es necesario contar con leyes muy claras para sancionar ese tipo de acciones ilegales y voluntad política del gobierno para investigar a fondo.

Albores Guillén también espiaba

En Chiapas, el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía informó que había solicitado al consejero de Seguridad Nacional de la Presidencia, Adolfo Aguilar Zinser, apoyo para que localice el equipo de espionaje que utilizó la anterior administración, e investigue si aún se encuentra operando.

En Tuxtla Gutiérrez, Salazar dio a conocer que Alfonso Utrilla Gómez se dedicó en todo momento a la labor de espionaje político. Durante el gobierno de Roberto Albores fue titular de Investigaciones Políticas y Sociales; de los Servicios Educativos para Chiapas; así como secretario de Gobierno y de Desarrollo Agrario.

Para realizar esta labor "ilegal", Utrilla Gómez utilizó equipo con tecnología de punta, presuntamente adquirido con dinero del erario público, explicó.

Al tiempo de ordenar al procurador de justicia estatal, Mariano Herrán, iniciar las investigaciones, Salazar Mendiguchía informó que dicho equipo desapareció, por lo que al asumir él la administración -el pasado 8 de diciembre- no encontró el material.

El gobernador recordó que durante los meses de campaña, él mismo fue víctima del espionaje, e incluso presentó las demandas respectivas. "Teníamos la información de más o menos cuántos grupos estaban operando aquí en materia de espionaje, y tenemos la preocupación de que continúe esto en Chiapas", expresó.

Sin embargo, aclaró, "les doy la garantía que esto (el espionaje) no se da desde mi gobierno".

En tanto, familiares de María Elena García Acosta, una de las 11 personas arraigadas en una casa de la colonia Coyoacán, en la ciudad de México, por el caso de espionaje, aseguraron que han recibido llamadas telefónicas en las que los amenazan de muerte si presentan ante la PGR el documento que comprueba que su pariente trabaja para el gobierno del estado. "Nos van a matar", alertaron.

En su casa ubicada en la colonia Metropolitana III, municipio de Nezahualcóyotl, los familiares entregaron copia del documento número 323705, en el cual Joaquín Estrada Ortega, coordinador administrativo, valida su afiliación al Instituto de Seguridad Social del estado de México y Municipios (Issemym), bajo la clave 578881, y presentaron el comprobante de pago de la última quincena de junio.

En el primer escrito se indica que la arraigada es asesora de la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado, con un sueldo mensual de 16 mil 833 pesos y su ingreso al Issemym fue el 1o. de mayo pasado, según consta en el documento de "aviso de movimiento para la afiliación del servidor público". (DE LA REDACCION Y LOS CORRESPONSALES ANGELES MARISCAL Y RENE RAMON ALVARADO)