MIERCOLES Ť 18 Ť JULIO Ť 2001

Ť Sus integrantes elaborarán un estudio jurídico para fundamentar la postura

Un grupo especial intentará que el caso de las tzeltales violadas pase del fuero militar al civil

Ť La permanencia de las pesquisas en la jurisdicción castrense contraviene lo dispuesto en la Convención Americana de Derechos Humanos, sostiene la abogada Martha Figueroa

ROSA ROJAS

La primera tarea del grupo mixto instalado ayer entre el gobierno mexicano y la representación de las tres indígenas tzeltales violadas por militares en Chiapas en 1994, en el marco de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a México, será elaborar un estudio jurídico "para que el caso pase de la justicia militar a la civil", informó la abogada Martha Figueroa Mier, abogada de las víctimas.

Indicó además que, contra lo que esperaba, no hubo aún respuesta a la propuesta de indemnización a las tres hermanas violadas y a su madre, misma que entregó desde el pasado 3 de julio.

El citado grupo quedó integrado por la abogada Figueroa Mier por parte de "los peticionarios". Por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores participa la embajadora Mariclaire Acosta Urquidi; por la Procuraduría General de la República, Carlos Garduño Salinas; por la Secretaría de la Defensa Nacional, el mayor Carlos Sergio Ruvalcaba.

En la minuta respectiva se asentó que la reunión tuvo como propósito instalar el grupo de trabajo previsto en los acuerdos suscritos ante la CIDH "e iniciar los trabajos para buscar las alternativas viables para dar cumplimiento al informe de la misma", en el caso 11.565 (Hermanas González Pérez) abierto por la mencionada institución internacional.

"Los peticionarios elaborarán un estudio jurídico que sustente su posición con relación al tema de la competencia para conocer de los hechos, en un plazo no mayor a 15 días. La PGR y la PGJ Militar se comprometen a analizarlo y ofrecer una respuesta por separado en un plazo de 15 días contado a partir de que se reciba el estudio de referencia. "Una vez satisfecho lo anterior, se acordará la celebración de ulteriores reuniones para continuar los trabajos". Además se acordó invitar a un representante de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas a que participe en la investigación.

Como una segunda fase de los trabajos del grupo "se planteó la opción de la coadyuvancia y del exhorto para obtener la colaboración de las instancias federales o locales de investigación para la realización de diligencias".

Figueroa informó a La Jornada que el representante de la PGR planteó que se va a estudiar la argumentación jurídica que se presente en relación con que la querella pase de la jurisdicción militar a la civil, "en la mejor posición de atender la situación y la resolución de la CIDH". La citada institución estableció en su informe que la atracción del caso del fuero civil al militar es una clara violación a la Convención Americana de Derechos Humanos, ya que "en razón de su naturaleza y estructura, la jurisdicción penal militar no satisface los requisitos de independencia e imparcialidad que impone el artículo 8 (1) de la referida Convención".

Mencionó la abogada que en la reunión otro militar presente, Aníbal Trujillo, afirmó que en este caso "no se puede hablar de tortura ni de violación; Mariclaire Acosta dijo que no se puede avanzar por ahí y que la reunión era para dar cumplimiento al informe de la CIDH".

Figueroa indicó que el mayor López Ruvalcaba indicó que la justicia militar "va a tomar en cuenta la averiguación previa que hizo la PGR para, en su caso, si hay elementos jurídicos suficientes, ejecutar acción penal para evitar que persista la impunidad".

"Yo insistí en que para mí todos los elementos constitucionales ya están realizados en la averiguación previa de la PGR y él contestó que algunos elementos no los tienen y los van a solicitar a la PGR".

La abogada de las indígenas violadas subrayó que ya la CIDH dejó asentado en su informe que las hermanas González Pérez fueron violadas y torturadas por los militares y que hubo denegación de la justicia y le pide al gobierno mexicano que haga una investigación formal en el fuero civil y que debe reparar el daño hecho a las víctimas".