MIERCOLES Ť 18 Ť JULIO Ť 2001

Ť Llaman obispos a diputados y autoridades a escuchar la voz de las indígenas

Difícil, que se reanude el diálogo: CEM

Ť Las posturas encontradas del gobierno federal y el EZLN, principales obstáculos, considera

JOSE ANTONIO ROMAN Y ANGELICA ENCISO L.

Las posturas encontradas entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), aunado a la aprobación de la ley indígena en la mayoría de los congresos locales, hace "muy difícil" pensar positivamente en la reanudación del diálogo de paz, afirmó ayer la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

Llamó a partidos políticos, sectores sociales, congresos estatales y población en general que se sienten "desilusionados" por la aprobación de las reformas constitucionales sobre derechos y cultura indígenas a "no perder la esperanza" y trabajar aún más para que en un "plazo no largo" sean posibles nuevas reformas legales en la materia.

En conferencia de prensa, el arzobispo de Oaxaca y miembro de la Comisión Episcopal para la Paz en Chiapas, Héctor González, explicó las líneas principales del documento que elabora la CEM sobre el tema. Dijo que la nueva ley de derechos y cultura indígenas debe "ser vista no como un punto de llegada sino como plataforma de lanzamiento" para futuras reformas, tanto en lo legal como en la promoción social de los pueblos y comunidades.

Al hablar en nombre de la CEM, el obispo de la diócesis de Parral, Chihuahua, José Andrés Corral Arredondo, lamentó que en algunos congresos locales la ley indígena se aprobó por un "mayoriteo político", sobre todo para probar una fuerza partidista y no por los intereses de los indígenas.

Hizo un llamado a los congresos locales que aprobaron la reforma y a aquellos donde fue rechazada a tomar en cuenta la voz de los indígenas que se expresaron sobre dicha ley, pues "tiene un enorme valor y cualquiera que haya sido la decisión de los diputados locales esa voz no puede quedarse ahí, en el vacío; no se puede decir ahí muere y ya. Esa voz tiene un enorme valor porque viene precisamente de ellos (los indígenas) y porque a ellos es a quienes afecta en primer lugar, para bien o para mal".

Preocupa a la Iglesia el proceso de paz en Chiapas

Ambos prelados, el primero de una entidad donde la ley fue rechazada y el segundo de una en que está en discusión, expresaron su preocupación por el proceso de paz en Chiapas luego de que la reforma aprobada por el Congreso de la Unión recibió la aceptación de la mayoría de las legislaturas estatales, con lo cual adquirió carácter de reforma constitucional.

Héctor González, también presidente de la Comisión Pastoral Indígena del Episcopado, comentó que se observa que la mayoría de las comunidades indígenas "están un tanto ajenas" a toda la discusión que se ha dado acerca de esta ley y el movimiento social que se está dando a su favor, es decir, esta dinámica es promovida no tanto por indígenas sino por quienes se preocupan por ellos.

"Será muy importante que las propias comunidades indígenas se hagan concientes de este movimiento y lo hagan suyo para que efectivamente sean gestores de su propio desarrollo", dijo el arzobispo de Oaxaca, arquidiócesis con mayoría de población indígena.

Destacó que la ley de derechos y cultura indígenas, pese a las críticas que ha recibido por parte de algunos grupos, es fruto de un aspecto positivo que vive el país: el importante avance que se ha dado en la democracia, la pluralidad y en una mayor separación e independencia entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.

El arzobispo González consideró que esto no se debe despreciar y manifestó que espera que en la misma dinámica democrática que vive el país, los mexicanos seamos capaces de encontrar caminos pacíficos y de diálogo para superar problemas y encontrar consensos.

Durante todo el día de ayer los veinte obispos del Consejo Permanente del Episcopado se reunieron en sus nuevas oficinas, ubicadas a un costado de la Basílica de Guadalupe, para empezar los preparativos de la asamblea plenaria que se realizará del 12 al 16 de noviembre y cuyo tema principal será el análisis de la educación superior del país, tanto religiosa como de universidades públicas y privadas.

Al respecto, el obispo Corral informó que varias comisiones episcopales elaborarán un diagnóstico sobre la educación superior, a fin de que la asamblea estudie y delibere, y los obispos puedan expresar sus puntos de vista.

Este análisis tiene fundamento en que la Iglesia no puede permanecer al margen ni eludir su responsabilidad en el tema de la educación, de manera primordial en las universidades, donde se forjan los constructores de la nueva sociedad, sus líderes y futuros gobernantes, dijo Héctor González.

La aceptación del otro, punto central de la reforma: López Bárcenas

El problema de la reforma aprobada por el Congreso de la Unión y los congresos estatales es que no tiene forma de establecer una relación distinta con los pueblos indígenas, lo cual representa un fuerte conflicto social, señaló Francisco López Barcenas, director de Procuración de Justicia del Instituto Nacional Indigenista (INI).

Aseguró que para los pueblos indígenas la pobreza no es el tema central, sino el asunto de la diferencia cultural, precisar si se va a aceptar al otro como es, y en esto no hay avances con esa ley. "La mayor desigualdad a la que se somete al indígena es la diferencia cultural, en la que también va implícita la procuración de justicia y el desarrollo", precisó.

En entrevista, resaltó que dos de las razones que dieron impulso a la iniciativa de ley sobre derechos y cultura indígenas era resolver el conflicto en Chiapas y equiparar la Constitución con los convenios internacionales, pero ninguno de estos aspectos se logró.

Consideró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación jugará un papel determinante para dirimir el conflicto sobre la ley indígena, y señaló que en Yucatán existe ya una controversia constitucional para determinar si esa legislación no se ajusta a los convenios internacionales que México ha suscrito. De ser así, el gobierno tendría que asumir que hay insuficiencias y deberá rectificar.

Explicó que de acuerdo con el censo realizado en coordinación con la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Secretaría de Seguridad Pública y el Instituto Federal de Defensoría de Oficio, aproximadamente 4.8 por ciento de la población indígena presa -8 mil 500 personas- está privada de su libertad por delitos del fuero común, lesiones y daños en propiedad ajena.

También hay presos por delitos federales, principalmente contra la salud en la modalidad de transportación, porque se usa a los indígenas para trasladar mariguana, y otras infracciones responden a problemas de diferencia cultural.

Explicó que el INI presta servicio de traductores y aunque no es su responsabilidad "lo hacemos porque no existe una institución que lo brinde y es necesario". Hay otros casos, como el de los huicholes, que son detenidos por recolectar y transportar el peyote que utilizan en sus rituales.

Otro ejemplo de delitos cometidos por indígenas es la presunta destrucción de zonas arqueológicas. En Campeche está el caso de una persona que tenía un terreno y quiso construir pero había unos montículos que el Instituto Nacional de Antropología e Historia considera zona arqueológica, y aunque los peritajes indican que esto es imposible de detectar a simple vista, ese indígena aún está detenido.

Aseguró que no existen presos indígenas ligados con grupos armados, porque ni el EZLN ni el EPR han identificado como activistas a personas que han sido vinculadas con ellos, aunque hay casos que se vuelven políticos, como el de los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.

El INI, agregó López Bárcenas, trabaja en reorientar los programas y establecer acciones concretas con el Ministerio Público y las instituciones para lograr que la nación pluricultural que establece la Constitución se refleje en la realidad. "Si un (agente del) Ministerio Público entiende desde el principio que el delito que se imputa es por diferencia cultural, debería tratarlo así y no esperar a que lo sentencie el juez".

Consideró que la ley indígena no impacta directamente en la procuración de justicia porque varios aspectos que se reclamaban, como los peritajes antropológicos y los traductores, ya están incluidos en algunas leyes y en la mayor parte de los códigos penales del país. Sin embargo, a pesar de que existen estos derechos no hay una sola institución que proporcione peritos oficiales, servicios de traducción o de intérpretes, y otro problema es que, con excepción de las legislaciones de Quintana Roo y Oaxaca, ninguna otra establece la facultad de las autoridades indígenas para administrar justicia.