MARTES Ť 17 Ť JULIO Ť 2001
Ť Latente aún, la amenaza de católicos de expulsión y despojo contra 20 familias
Evangélicos de Ixmiquilpan denuncian timidez de Gobernación y Pachuca ante intolerancia religiosa
Ť Se mantiene por sexto mes la interrupción del servicio de agua y de uso del panteón
Ť Las autoridades no tienen "voluntad política... sólo están dando largas al asunto"
JOSE ANTONIO ROMAN
La subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, así como el gobierno del estado de Hidalgo han tenido una "actuación tímida y muy limitada" para resolver el problema de intolerancia religiosa en la comunidad de San Nicolás, Ixmiquilpan, donde más de una veintena de familias evangélicas viven con la amenaza de ser desalojadas y despojadas de sus propiedades.
En conferencia de prensa celebrada en la ciudad de México, representantes de las familias evangélicas señalaron el "poco interés" mostrado por el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, para abordar con seriedad este grave problema que vulnera los más elementales derechos humanos y las garantías contempladas en la Constitución.
Guillermo Cano, del Centro Cristiano Pentecostés Bethel de dicha comunidad, informó que desde el surgimiento de las primeras amenazas se solicitó directamente al subsecretario de Asuntos Religiosos, Javier Moctezuma Barragán, la aplicación de varias medidas preventivas, como la presencia de algunos elementos policiacos en San Nicolás, a fin de salvaguardar la integridad física de los evangélicos, sin que hasta la fecha exista una respuesta a dicha solicitud.
Los funcionarios de Gobernación, dijo,
ni siquiera conocen el poblado, que se encuentra a diez minutos de la cabecera municipal de Ixmiquilpan, pues las seis reuniones que se han tenido hasta ahora -algunas de ellas sin la presencia de la parte católica- se han reducido a "simples encerrones" con las autoridades, en las que el único acuerdo es que se continúe con el "acercamiento y diálogo" entre las partes, pero las familias evangélicas, después de casi seis meses, siguen sin el suministro de agua potable y sin poder hacer uso del panteón de la comunidad.
Desde marzo pasado, luego de una asamblea presidida por el delegado municipal en San Nicolás, Heriberto Lugo, el "pueblo católico acordó" dar un plazo de 90 días para que todos aquellos que no profesaran la fe católica salieran de la comunidad, plazo que venció el 17 de junio pasado, mismo que finalmente fue prorrogado indefinidamente, pero sin la restitución de los servicios suspendidos a la población evangélica desde marzo pasado.
La interrupción del suministro de agua potable se ha dado bajo el pretexto de que los evangélicos no están al corriente en el pago de este servicio, cuando en realidad se debe a que han expresado su negativa a participar en las fiestas del pueblo, varias de ellas de carácter religioso, pero que están marcadas por los llamados "usos y costumbres" que tienen las comunidades indígenas.
"Las autoridades de los tres niveles de gobierno no han actuado, dejando el problema de la persecución religiosa latente y sin que los servicios cortados sean reconectados o desaparezcan las amenazas por ser cristianos evangélicos", señala el comunicado presentado ayer en la conferencia, en el que los representantes de los afectados coincidieron en que la Secretaría de Gobernación y el gobierno estatal "no tienen la voluntad política" para resolver el problema, "sólo están dando largas al asunto".
En realidad, el conflicto de persecución religiosa en San Nicolás data de los años 60, cuando se expulsó de la localidad a los ciudadanos Tito Espinoza y Venancio Hernández, situación que se recrudeció a mediados de 1998, impidiendo la sepultura de Jerónima Cenovio Corona, y posteriormente el de Rosa González Lugo y de Candelaria Vega Moxthe.