MARTES Ť 17 Ť JULIO Ť 2001
Ť Un tribunal le concedió amparo contra 12 órdenes de aprehensión
Exculpan a ex director jurídico de Banco Unión
Ť Armas Arroyo, acusado por la PGR de fraude, fue extraditado de España en 1997
NOTIMEX
La Procuaduría General de la República (PGR) sufrió un nuevo revés en el caso Cabal Peniche, luego de que el primer tribunal unitario del primer circuito concedió la suspensión definitiva de amparo contra 12 órdenes de aprehensión giradas al ex director jurídico de Banco Unión Ricardo Javier Armas Arroyo.
El tribunal señaló que los diversos procesos penales que se iniciaron contra Armas Arroyo no están debidamente fundamentados desde la emisión de la orden de aprehensión.
Según la determinación del tribunal, la justicia "ampara y protege" a Ricardo Javier Armas Arroyo contra 10 órdenes de aprehensión giradas por impartidores de justica federal, y dos del fueron común del Distrito Federal.
Con esta resolución, el presunto responsable de violación a la Ley Federal de Instituciones de Crédito, y de fraude, quedó exonerado, ya que el tribunal que dictó la resolución final y de fondo de los diversos amparos tramitados por la defensa de Armas Arroyo es la última instancia e inapelable.
En tanto, la defensa de Armas Arroyo aseveró que con esta determinación judicial, se valora la autonomía del Poder Judicial Federal.
Cabe recordar que los procesos en los que se involucró al ex director jurídico de Banco Unión estaban relacionados con las causas penales abiertas contra Cabal Peniche, quien se encuentra en Australia bajo proceso de extradición.
Por otra parte, el jueves próximo la Suprema Corte de Australia revisará las evidencias de garantía que se entregaron ante esa instancia, por la cantidad de 900 mil dólares americanos, para cubrir la fianza de Cabal Peniche y que éste goce de la libertad provisional.
Con repecto a Ricardo Javier Armas Arroyo, este fue extraditado de España el 24 de abril de 1997, luego de que el gobierno mexicano realizó la petición formal de extradición, debido a que en su contra existía una orden de aprehensión girada por el entonces juzgado séptimo de distrito en materia penal.
El ex director jurídico de Banco Unión supuestamente otorgó la renovación de líneas de crédito, préstamos quirografarios y cartas de crédito irrevocables a diversas empresas, sin ordenar previamente los estudios de viabiliad económica, con lo que causó un quebranto patrimonial a Banca Unión por varias decenas de millones de dólares, según informó entonces la PGR.