MARTES Ť 17 Ť JULIO Ť 2001

Ť Propone modificar el esquema de concesiones

Proyecto de ley de telecomunicaciones pretende evitar intervención telefónica

PATRICIA MUÑOZ RIOS

El nuevo proyecto de Ley Federal de Telecomunicaciones propone modificaciones al esquema de concesiones telefónicas, radiales, televisivas, satelitales y todas las redes públicas, a fin de dar un mayor acceso a estos permisos y que se otorguen con menos burocracia; también regula -capítulo cuarto- la "confidencialidad" de la comunicación, para evitar el espionaje y garantizar derechos y protección a los usuarios; anticipa la libertad tarifaria para diversos servicios, y abre más la participación de capital extranjero en algunos rubros del sector.

La versión completa de este nueva ley está siendo entregada a las representaciones, cámaras y agrupaciones de los prestadores de servicios de telecomunicación, así como a diversas empresas de telefonía y radiocomunicación, para su análisis y opinión. El documento contiene 15 capítulos y está acompañado de sus reglamentos.

Entre las novedades que establece este proyecto de ley se encuentran: el capítulo XI, que se dedica a la requisa, donde se fijan los casos en que se aplicará este recurso, así como la duración, el propósito y la indemnización que corresponderá; el capítulo XIII, donde se fijan infracciones y sanciones contra los prestadores de servicios que no cumplan con la legislación, y el IV, en el cual se trata el caso del derecho del usuario para tener confidencialidad en su comunicación.

Ese capítulo IV, titulado De la prestación de servicios de telecomunicaciones, en sus subíndices habla del trato no discriminatorio que debe tener la prestación de estos servicios, y que el comportamiento de las empresas del sector debe ser competitivo y no monopólico. Entre sus apartados más importantes se encuentra el referente a la "confidencialidad de la comunicación", en el que se habla del espionaje y hace una definición de esta actividad como delito.

Se definen en el mismo apartado los derechos y protección de los usuarios, así como las obligaciones de los operadores y las garantías que deberán ofrecer, como la protección de los datos personales de quienes contraten estos servicios. Asimismo señala que se deberá dar acceso a estos servicios a personas discapacitadas. Todo ello -establece la nueva ley- para dar una mayor protección a los usuarios contra delitos y uso indebido de información.

El proyecto de ley en su capítulo primero señala que el Estado mantiene la rectoría de los sectores básicos de la comunicación, fija las atribuciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y le da mayores responsabilidades a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel). Asimismo regula la competencia de los tribunales federales para conocer las controversias; establece quiénes serán los que intervendrán y mediarán en el arbitraje, y eleva la participación extranjera en algunas áreas.

En el III modifica todo el esquema de concesiones, permisos, asignaciones y registros, y señala los requisitos para cada caso. También indica que los permisos del espectro para redes privadas se otorgarán por un plazo de cinco años, y podrán ser prorrogados hasta por plazos iguales. Establece las condiciones para la terminación y revocación de las concesiones y permisos, y señala las medidas de liquidación o quiebra del concesionario.

El VI indica que habrá libertad tarifaria y las empresas sólo tendrán que "registrar" sus cuotas, pero no sujetarlas a autorización, y que no se otorgarán subsidios cruzados. En el VII habla del poder sustancial de algunos servidores en el mercado.

El VIII indica que se debe dar acceso a los servicios de telecomunicación a todos los sectores del territorio nacional, y el XII norma la verificación, inspección e información a fin de terminar con acciones discrecionales en esta actividad.