MARTES Ť 17 Ť JULIO Ť 2001

Ť Apoyan a Soberanes

Posible parcialidad, advierten ONG

ELIZABETH VELASCO C.

Es adecuada la exigencia que la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace al Centro de Investigación y Seguridad Nacional sobre los desaparecidos en la década de los 70, pero se corre el riesgo de que la información proporcionada por ese organismo sea parcial, ante la inexistencia de leyes que obliguen a las instituciones de inteligencia a informar a la ciudadanía, aseguró el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Edgar Cortez.

En tanto, el director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Luis Javier Rubio, opinó que no debe existir ninguna razón para que el Cisen se niegue a proporcionar la información que sobre los desaparecidos políticos existe en los archivos de las extintas direcciones Federal de Seguridad y General de Investigaciones Políticas y Sociales.

''Vivimos en un nuevo estado de derecho y necesitamos empezar con la defensa de los valores fundamentales, entre ellos el de la verdad, sin ningún afán de revancha o de hacer leña del árbol caído, sino sólo para hacer justicia'', expresó Rubio Guerrero.

Para Edgar Cortez, con la petición hecha la víspera al Cisen, la CNDH no sólo ''está cumpliendo con la responsabilidad que le atañe, sino que para actuar dentro de una perspectiva correcta y evitar evasiones sería prudente que una vez obtenida la información emita una recomendación general, no sólo a nivel particular''.

Necesaria, comisión de la verdad

Simultáneamente, agregó, es pertinente la creación y fortalecimiento de una comisión de la verdad que tenga como objetivos ''garantizar a las víctimas y familiares de los desaparecidos el derecho a la reparación del daño material y moral; el derecho a la justicia, castigando a los funcionarios responsables de los hechos, y promover un debate nacional a fin de que se legisle en el Congreso de la Unión para establecer un ordenamiento que regule las actividades del Cisen, de la Sedena y de otros organismos de inteligencia en el país''.

De esta manera, señaló que se podría evitar que dichos organismos sigan actuando ''en los sótanos del poder'', así como la impunidad que a la fecha persiste. ''En 1990 -dijo- se mantuvieron prácticamente las desapariciones forzadas. Esta es una realidad que todavía no se agota''.

De la razón que justifica una indemnización económica y moral a víctimas y familiares de los desaparecidos explicó: se requiere que el Estado asuma su responsabilidad histórica y pida perdón a los afectados. Esto implica también que la investigación de la CNDH no se quede al nivel de recomendaciones individuales, sino a nivel de Estado. Es decir, ''que se informe de la historia de la opresión al pueblo'', aunado a una resolución con carácter general.

De lo anterior, agregó, se desprendería la necesidad de regular, a través del Congreso de la Unión, las actividades y atribuciones de las instituciones de inteligencia, así como la definición de los temas de seguridad nacional. ''Así se especificarían los casos donde sólo se puede actuar vía mandato judicial, pero de ninguna manera mediante la inteligencia y el espionaje''.