MARTES Ť 17 Ť JULIO Ť 2001

Ť Hoy se instalará un grupo de trabajo sobre el caso

Rechaza defensa de tres tzeltales violadas por soldados más pesquisas

ROSA ROJAS

Este martes se instalará, en el contexto de los compromisos del gobierno mexicano con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el grupo de trabajo sobre el caso de las tres tzeltales violadas en Chiapas, en 1994, por miembros del Ejército Mexicano. Lo integrarán, por el gobierno, funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República y la Procuraduría Militar, y en representación de las víctimas, el Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Martha Figueroa, abogada de las tzeltales, informó a La Jornada que espera hoy se dé respuesta a la propuesta de indemnización para las víctimas y, sobre todo, a la demanda de que los militares violadores sean juzgados paralelamente en el fuero civil y en el fuero castrense y no sólo en este último, como pretende el gobierno mexicano, que fue lo que llevó a la CIDH a la determinación de hacer pública su recomendación en este caso.

Faltan juicio y castigo

''No voy a aceptar de ninguna manera continuar la investigación, está terminada y sólo falta el juicio y castigo a los responsables'', afirmó Figueroa al explicar que, a su juicio, en los expedientes respectivos de las averiguaciones previas, tanto en el fuero civil como en el fuero militar, ''hay elementos suficientes como para que a los soldados que violaron a las compañeras tzeltales se les gire orden de aprehensión y los detengan''.

Recordó que en la reunión de trabajo sostenida con funcionarios del gobierno de Vicente Fox, durante la visita de una delegación de la CIDH a México -del 2 al 5 de julio-, encabezada por el presidente de esta institución internacional, Claudio Grossman, y a la que no asistieron representantes de la Procuraduría Militar, ella presentó una propuesta de indemnización a las tres hermanas violadas y a su madre; esta última fue también víctima de tortura, como sus hijas, por parte de militares.

''Se está proponiendo que además de que se castigue a los violadores se les repare a las víctimas el daño emergente, es decir, los gastos que se generaron alrededor de la violación: médicos, laboratorio, transportes especiales, su traslado forzado fuera de su comunidad, así como el lucro cesante, porque las afectadas no pudieron trabajar en estos siete años; perdieron sus vidas, tuvieron que huir de un lugar a otro, han tenido que ir de incógnitas de un lugar a otro ocultándose de la comunidad e incluso con el zedillazo, en febrero de 1995 (cuando el entonces presidente Ernesto Zedillo lanzó a la tropa tras el EZLN), se tuvieron que desplazar otra vez.

Difícil, recuperar su vida

''Recuperar la vida de estas mujeres ha sido difícil y siguen mal. Ellas finalmente se casaron. A la más pequeña, cuando su marido supo de todo este problema la abandonó, la repudió estando embarazada y con una niña pequeña; tuvo un parto muy difícil por estas causas. A las de más edad los maridos sí las entendieron e incluso el compañero de la mayor la ha apoyado en este nuevo trance.

Señalamientos infundados

''A ellas eso de recibir dinero del gobierno no muy les pareció, pero les expliqué que lo que se tiene que hacer en este caso es un juicio en serio y el dinero es como si la comunidad internacional impusiera una multa. Lo discutieron entre ellas y sólo así decidieron aceptar.''

Figueroa informó que para los trabajos de la mesa ella invitó como asesoras a Carmen Herrera, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, y a Adriana Carmona, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

Respecto a los señalamientos de la Procuraduría Militar de que la defensa y las agraviadas ''nunca cooperaron'' en la investigación, Figueroa indicó: ''Ellos no hablaban de ampliar la declaración, sino de interrogar a las supuestas agredidas y hacer un nuevo examen ginecológico, cuando ya había uno hecho por una especialista, porque saben que esa es un forma de hostigar y de intimidar a una mujer violada. Ahora, un examen ginecológico de los militares es otra violación; llevarlas al lugar de los hechos y hacer una reconstrucción es revivir el trauma y hacerlas polvo otra vez; eso nunca dejé que lo hicieran y no voy a permitir que lo hagan, y por eso ellos dicen que no cooperamos en la investigación''.

Subrayó que, sin embargo, las jóvenes violadas y su madre ''declararon ante el Ministerio Público federal, se hizo un examen ginecológico a 20 días de la violación y mostraban todavía huellas de violencia; una de ellas tenía todos los glúteos arañados y la cicatrización concordaba con la fecha de la violación; la doctora que hizo los exámenes fue a ratificar a la PGR los resultados. Lo mas importante es que los soldados que estaban de fatiga, (de guardia) en el retén el día de la violación, varios de ellos reconocen que las separaron, que las interrogaron, que entraron tranquilas y salieron llorando, y lo único que no reconocen es que las violaron. Con estos elementos el ejercicio de la acción penal está justificado, porque se ponen ellos mismos en tiempo, forma y circunstancia''.

No a prácticas intimidatorias

Esta declaración ante los militares por los soldados ''nunca es tomada en cuenta para la acción penal; un examen ginecológico a los seis meses y a casi dos años de la violación, no tenía ningún sentido más que intimidar a las chavas; igual las otras diligencias de reconstrucción de los hechos y el interrogatorio, que es muy diferente a la ampliación de la declaración. Entonces se les dijo que no, y eso es parte de lo que ellos alegan ante la CIDH, que dicen que nunca cooperamos. Y que entonces no las violaron'', indicó Figueroa, reiterando que no se va a permitir que se quiera reabrir la investigación que ya se efectuó.