Reunidos en la ciudad fronteriza de Tapachula, Chiapas, 250 representantes de 109 organizaciones de la sociedad civil y de productores de los países centroamericanos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, y de los estados mexicanos de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, realizamos una intensa labor de información y análisis colectivo y construcción de propuestas alternativas a la problemática que enfrenta la región que pretende abarcar el llamado Plan Puebla Panamá.

Considerando que cualquier plan de desarrollo debe ser resultado de un proceso democrático y no de un proceso autoritario, rechazamos firmemente el llamado Plan Puebla Panamá porque es un renovado proyecto de colonización salvaje de Centroamérica (Sur-Sureste de México y países centroamericanos), al servicio de los intereses del gran capital, las transnacionales y las oligarquías. Un plan que profundizará aún más el empobrecimiento de los pueblos y la destrucción de nuestras culturas y de la naturaleza.
 

Rechazamos categóricamente elintento de imponer este plan pasando por encima de la voluntad de los intereses de nuestros pueblos.

Expresamos nuestra propuesta de impulsar procesos de integración de nuestros pueblos bajo principios democráticos, de equidad, justicia, sustentabilidad, emanados de las necesidades y diversidad cultural, social y económica de cada uno de ellos. La historia nos ha demostrado que sólo a partir de un proceso de planeación e integración de abajo hacia arriba se puede asegurar el respeto a los derechos de los pueblos, comunidades y sociedad en su conjunto, a partir del correspondiente respeto a la diversidad.

Los participantes en este Foro demandamos abrir amplios espacios de participación, información, consulta y debate público entre la sociedad civil y las instancias gubernamentales.

Rechazamos cualquier simulación de consulta pública, como la que ha realizado el gobierno mexicano en algunos estados de la República.

Estos procedimientos antidemocráticos son violatorios del Convenio 169 de la OIT, relativo a los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como de diversos artículos del Protocolo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la onu, que los gobiernos están obligados a respetar y vigilar que sean respetados.

Afirmamos que, después de analizar y reflexionar sobre la grave crisis en que se encuentra la mayoría de los productores y pobladores de la región, producto de políticas públicas equivocadas y decididas antidemocráticamente, repetir y profundizar esos esquemas bajo otro nombre no garantiza ningún crecimiento ni desarrollo a favor de la mayoría de la población; al contrario, amenaza con agudizar la polarización social, la exclusión y la insustentabilidad.

Rechazamos la continuación de estrategias de inversión autoritarias que, como muchas de las sugeridas por los organismos financieros multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, no resuelven sino empeoran la situación económica y sólo sirven para dar garantías al gran capital, a las empresas transnacionales y a las oligarquías nacionales y locales.

El Foro consideró que el Plan Puebla Panamá (PPP) es parte de una estrategia de expansión del capital que responde a la llamada globalización neoliberal, misma que busca implantar un Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA).

Esta estrategia es impulsada por el gobierno estadunidense para afianzar su hegemonía en el hemisferio; y los gobiernos de la región, tan neoliberales como el de EUA, se suman incondicionalmente a la misma estrategia.

El PPP una vez más pretende ser impuesto, como lo fueron los Programas de Ajuste Estructural y los Tratados de Libre Comercio, y además abarcar a todos los países centroamericanos, con la novedad de que fue anunciado en un principio unilateralmente por el gobierno mexicano quien actúa en la región como su principal promotor.

Denunciamos todas las estrategias implícitas orientadas a destruir la economía nacional, campesina y popular, sustento de la soberanía alimentaria y laboral. Por ello llamamos a fortalecer las iniciativas de resistencia y de construcción desde abajo de alternativas viables de índole económica, asociativa, solidarias, equitativas, sustentables y autogestionarias como las que presentaron en el Foro las organizaciones de productores cafetaleros y de bienes alimentarios básicos.

Rechazamos las acciones de biopiratería y de apropiación de la diversidad cultural a través de patentes, que pretenden privatizar los saberes comunitarios. Exigimos seriedad y cumplimiento por parte de los gobiernos y sus instituciones a la demanda de moratoria a todos los contratos de bioprospección.

Rechazamos la privatización de las Áreas Naturales Protegidas, como se pretende hacer en el Corredor Biológico Mesoamericano. Apoyamos las iniciativas de las Áreas Naturales Protegidas Campesinas e Indígenas.

Rechazamos el comercio y la importación de alimentos transgénicos (entre ellos el maíz) por los riesgos ambientales y de salud pública que suponen.

Rechazamos la pretensión de continuar privatizando los derechos sociales a la salud, educación, electricidad, transporte, comunicación y otros, por ser indiscutible obligación de cualquier gobierno nacional y local.

Llamamos y nos comprometemos a desarrollar y fortalecer todas las formas de resistencia frente a la imposición de proyectos ajenos a nuestra realidad y costumbres, así como apoyar y alentar la construcción de alternativas productivas y comunitarias.

Condenamos enérgicamente la reproducción de la infame política antiinmigrante que el gobierno mexicano instrumenta hacia los hermanos centroamericanos, similar a la que aplica el gobierno estadunidense hacia los inmigrantes mexicanos y latinos en general. Por ello, exigimos que cualquier política de integración debe combatir las raíces de la expulsión de nuestros compatriotas y en todo caso garantizar sus legítimos derechos humanos como migrantes.

Rechazamos decididamente la instrumentación de políticas discriminatorias de los flujos migratorios que pretende clasificar a los grupos humanos por origen, género, edad y raza, demandando en contrapartida una especial atención a cada uno de ellos.

Los centroamericanos migrados en Estados Unidos son parte de los pueblos mesoamericanos, y al tiempo que se defienden sus derechos como personas y migrantes, debemos buscar que participen en el desarrollo de sus países de origen.

Nos sumamos al rechazo que el Congreso Nacional Indígena ha expresado hacia la distorsionada ley de Derechos y Cultura Indígena que la mayoría del Poder Legislativo mexicano emitió, negando a los pueblos indios la condición de sujetos de derecho, así como la autonomía y el disfrute pleno de sus territorios y de sus recursos naturales. Exigimos se retome la Ley Cocopa y se incorpore a la Constitución.

Manifestamos nuestro rechazo a la pretensión de imponer procesos de integración subordinada y autoritaria de nuestros pueblos con el uso de los ejércitos, o la intimidación castrense.

Exigimos la suspensión y cancelación definitiva de los operativos y bases estadunidenses en territorios de nuestros pueblos. Nos solidarizamos con la exigencia del pueblo de Colombia de cancelar el Plan contrainsurgente y de invasión del imperio estadunidense.

Exigimos la liberación de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, campesinos ecologistas de la Sierra de Guerrero, presos por defender sus bosques del saqueo que practican las empresas transnacionales.

Denunciamos la violación de los derechos reproductivos de las mujeres mediante el control natal forzado y la esterilización, impuesta por programas públicos alentados desde los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial.

Frente a este panorama, urgimos un rechazo a los megaproyectos incluidos en el Plan Puebla Panamá, y exigimos a los gobiernos de nuestros países un debate público e informado que incluya los impactos económicos, sociales, culturales y ambientales y la discusión de proyectos alternativos de desarrollo e inversión.

Los asistentes al Foro nos comprometemos a impulsar y construir un Plan Panamá México alternativo que represente los intereses de nuestros pueblos; a difundir y multiplicar ampliamente los acuerdos del primer Foro Tapachula; a mantener los enlaces para avanzar en la construcción de una gran Alianza Social Mesoamericana, como instrumento de fortalecimiento de la Alianza Social Continental e impulsar un nuevo encuentro inmediato el próximo mes de noviembre en Guatemala.
 

Ataque a las vías  generales de diálogo

Zongolica, Veracruz. En enero del año pasado, varias comunidades indígenas de la Sierra de Zongolica, junto con sus maestros bilingües, llevaron a cabo algunas protestas contra la única línea de autotransporte que da servicio en la sierra, debido al aumento desmedido a las tarifas. Ante el silencio del gobierno alemanista, los inconformes bloquearon la carretera.

El gobierno acordó entonces que las tarifas no subirían. Sin embargo, esta reducción no fue respetada por la empresa camionera, y en abril los maestros bilingües y las comunidades decidieron bloquear nuevamente la carretera. Llevado de vuelta a la mesa de negociación, el gobierno estatal se comprometió a respetar la tarifa acordada, a no ejercer acción penal contra los indígenas y a intervenir ante las autoridades federales para que se anularan las diligencias practicadas por el bloqueo.

Por segunda ocasión, los acuerdos no fueron respetados, y el 14 de diciembre la Procuraduría General de la República arrestó a Vicencio Vite Bautista, maestro bilingüe y cabeza visible en las protestas, y libró otras veinte órdenes de aprehensión contra maestros e indígenas del Consejo Regional de la Sierra de Zongolica. Vicencio Vite quedó internado en el Penal de Allende, en el Puerto de Veracruz, bajo el señalamiento de ataques a las vías generales de comunicación. Luego de salir bajo fianza, este año fue sentenciado a tres meses de prisión y al pago de una multa de 13 200 pesos (cantidad excesiva para un maestro bilingüe que tiene un bajo salario), además de perder sus derechos políticos.

Según los afectados, no se trata de un problema legal, sino que se inscribe dentro de una política de persecución y hostigamiento contra las organizaciones indígenas. ¿La gente de Zongolica tendrá alguna razón para confiar otra vez en tan "cumplidoras" autoridades?