Las comunidades chiapanecas pertenecientes a La Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos están llevando a cabo acciones para fortalecer sus derechos como pueblos y expresar su rechazo a la "contrarreforma" indígena. A través de sus defensores comunitarios se han propuesto presentar una queja profunda ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por violaciones del gobierno mexicano al Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en los Países Independientes (1989). A diferencia de organizaciones no gubernamentales (ONGS) que han presentado casos frente a organismos internacionales, la Red de Defensores propone que esta queja sea compuesta por los pueblos mismos como un ejercicio de su autogestión jurídica.

En un contexto de violaciones frecuentes y sistemáticas a los derechos humanos de los pueblos indígenas, las ongs proliferaron para defender a los indígenas de los embates del Estado.

La labor de estos organismos fue fundamental para frenar la guerra en 1994 y 1995. También han evitado mayores violaciones a los derechos humanos a partir de la denuncia y difusión de los casos que se han presentado.

En un contexto histórico en que las comunidades indígenas se encuentran tan excluidas de las estructuras del Estado, las ONGS de defensa de los derechos humanos se tuvieron que introducir al conflicto como mediadores entre las comunidades y el Estado. Generalmente, la atención de los problemas de las comunidades es abordada con las ONGS y en diversas instancias el gobierno ha optado por dirigirse a las comunidades indígenas a través de ellas. Sin embargo, las ongs han promovido la percepción de que la defensa de los derechos humanos es propia y exclusiva de las abogadas y abogados, de la gente de la ciudad, de las ONGS, en fin, de los no indígenas.

Pero hoy, los pueblos indígenas comienzan a vivir sus reivindicaciones y a tomar mayor conciencia de la función histórica en su devenir y empiezan a exigir su derecho de acceder a las instancias del Estado que les pertenecen como ciudadanos; comienzan a asumir la toma de decisiones en aspectos que les competen directamente.
 

La defensa de sus derechos humanos es hoy una expresión más del ejercicio de la libre determinación y autonomía.
 

La Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos está conformada por dieciséis indígenas de nueve regiones de Chiapas (Altamirano, Palenque, zona alta de Tila, zona baja de Tila, Frontera, Centro, San Jerónimo Tulijá, Salto de Agua-Palenque, y región Tuxtla), que se destacan por la violencia del Estado y la frecuencia con que se producen ataques a los derechos humanos.

Fueron elegidos en asambleas de comunidades y asumieron el compromiso de capacitarse para defender los derechos de los habitantes y las comunidades que los eligieron.

Periódicamente, los defensores acuden a sus asambleas para informar sobre su trabajo y recibir las indicaciones, críticas y sugerencias.

De allí que el lema de la Red sea "asumiendo nuestra propia defensa", para enfatizar que son las mismas comunidades, a través de sus defensores, quienes se responsabilizan por la defensa de sus problemas. Con ello no quieren decir que no se coordinarán con ONGS. Lo harán pero será eso: relaciones de coordinación y de apoyo, basadas en una igualdad y respeto mutuo. Los defensores se han capacitado en la utilización de las instancias e instrumentos nacionales para la defensa de los derechos humanos.

También cuentan con preparación para proveer asesoría jurídica básica y presentar escritos sencillos ante instancias judiciales. Han sido entrenados en el uso de cámaras de video, máquinas de fax, computadoras y cámaras fotográficas.

Los defensores comunitarios se han convertido en la forma más eficaz de responder ante violaciones a los derechos humanos, porque se encuentran en los lugares en que éstas suceden (algunos defensores cuentan con modestas oficinas en sus regiones), atienden los casos hablando el mismo idioma y defienden los casos considerando las necesidades y preocupaciones de sus comunidades. Además, el trabajo de la Red de Defensores forma parte de una lucha más amplia por los derechos humanos, la libre determinación y la autonomía de los pueblos indígenas.

 
"De una comunidad, cuyos sujetos son impedidos a tomar las armas por terror, se le debe decir que es libre de la guerra y no que está en paz. Porque la paz no es la ausencia de la guerra, sino una virtud
que nace de la fuerza de espíritu."

Benedicto de Spinoza

En informes hechos públicos por la Red de Defensores y en comunicados dirigidos a la prensa, las comunidades del estado han denunciado el incremento de movimientos militares y vuelos rasantes (en los municipios autónomos de Vicente Guerrero, Ricardo Flores Magón, y San Pedro Polhó), agresiones por parte del Ejército Federal (en el municipio autónomo de Ricardo Flores Magón y San Isidro el Ocotal, municipio de San Cristóbal de Las Casas), el entrenamiento de nuevos elementos paramilitares (en el Aguascalientes Zapatista de Roberto Barrios y el municipio autónomo de San Pedro Michoacán), la intensificación de los conflictos agrarios (en Rivera Buena Vista-municipio de Suchiapa, San Caralampio Chavín-municipio de Amatenango del Valle, Naj-Chejeb-municipio de Chilón, Progreso Agrario-municipio de Socoltenango y el municipio de Nicolás Ruiz), la continua desatención a la situación de los más de 16 mil desplazados en el estado y la existencia de presos políticos (bases de apoyo zapatistas, autoridades "autónomas" de Ixtapa y miembros de la Unión Campesina Francisco Villa). Se agrega a esto el retorno de los destacamentos, retenes y patrullajes de las Bases de Operaciones Mixtas (conformada por militares, policías federales y policías del estado) y de Seguridad Pública. A esta situación se suma la liberación de once dirigentes del grupo paramilitar Paz y Justicia el día 14 de mayo, incluyendo a sus máximos líderes Samuel Sánchez Sánchez y Marcos Albino Torres. A pesar de haber acumulado más de seis años de averiguaciones previas a nivel estatal por homicidio, desaparición, violación, despojo y daños, estos paramilitares fueron liberados en menos de cinco meses, por "falta de evidencias".

Estos actos de violencia, terror e injusticia reflejan el intento de poner fin a la lucha de los pueblos indígenas. Terminarán sólo cuando el gobierno reconozca y respete el derecho de los pueblos a la autonomía y libre determinación. Así cualquier acción que quiera terminar con las violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas debe tener como fundamento el reconocimiento y ejercicio de la autonomía y la libre determinación. Este ha sido el principio que ha guiado a la Red de Defensores en sus denuncias en contra de las acciones violentas ya mencionadas y en su búsqueda por el respeto a los derechos de sus pueblos.
 
 

¿Cuáles son los derechos de un pueblo? La lucha en contra de la colonización, que se expresó con particular intensidad a mediados del siglo veinte, tuvo como consecuencia en el ámbito del derecho internacional la firma de la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales (1961) y dentro de éste, el reconocimiento de la libre determinación como principio fundamental. Durante los años próximos a la firma de esta Declaración, la mayoría de los "países" del África y Asia consiguieron su independencia. Sin embargo, muchos de los "pueblos" que caben dentro de la definición de "sujetos" a los cuales se les extiende el derecho a la libre determinación todavía no se les reconoce de este derecho. Los pueblos indígenas de las Américas son uno de los grupos que no han sido descolonizados. Existe mucha controversia sobre la palabra "pueblos" en los documentos de las Naciones Unidas y en específico si ésta abarca a los pueblos indígenas de las Américas.

No hay razón jurídica por la cual los indígenas no deban ser incluidos en esta categoría. Las razones que se argumentan para negarles el carácter de "pueblos" han sido netamente políticas y tienen que ver con el interés de los países preocupados por conservar su integridad. Sin embargo, esta lógica no nulifica el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, simplemente cambia la naturaleza de su posible expresión. Es decir, como ha declarado el movimiento indígena en nuestro país, los pueblos indígenas tienen el derecho a la libre determinación como parte del Estado y como ciudadanos indígenas de la nación.

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se reconoce cada vez con más fuerza dentro del derecho internacional. Hasta ahora la expresión más concreta de los derechos de los pueblos indígenas ha sido el Convenio 169 de la OIT. Este convenio establece el marco jurídico dentro de la cual los Estados se deben relacionar con sus pueblos indígenas para así respetar su derecho a la libre determinación. Como expresión de este marco, el 169 obliga a los gobiernos a reconocer y fortalecer los derechos de los pueblos indígenas a la tierra, a ser consultados en decisiones que les afecta, a la participación política, el respeto a sus instituciones y costumbres, y el control de su desarrollo.

Como firmante de este convenio, México ha aceptado este marco jurídico y el respeto a los derechos indígenas que implica. Sin embargo con la aprobación de las reformas constitucionales, y con las continuas agresiones en contra de las comunidades chiapanecas, el gobierno de Vicente Fox ha dado señales que tiene la intención de continuar violando el derecho internacional así como sus obligaciones frente a los pueblos indígenas.
 
 
 

"El derecho positivo no es nuestro derecho,
nuestras comunidades tienen otra manera.
Pero eso es muy útil entenderlo para así poder
defendernos del gobierno."

Defensor comunitario

Esta "reclamación" frente a la OIT se basará primeramente en un rechazo total hacia las reformas constitucionales en materia de derecho indígena porque éstas de ninguna manera respetan el derecho de los pueblos indígenas de "conservar y fortalecer sus propias instituciones" y de mantener un sistema de tenencia colectiva en sus tierras como requiere el Convenio 169. Además del rechazo a las reformas constitucionales, la Red contextualizará su queja dentro del marco de hostigamiento constante que viven las comunidades indígenas de Chiapas. Esto para demostrar que la intención de violar los derechos de los pueblos indígenas a través de una legislación nacional es sólo la más reciente instancia del abuso sistemático al cual estos pueblos son sometidos.

La contextualización del Proyecto 169 se hará con la inclusión de tres casos específicos. El primero tratará el tema de paramilitares y complicidad del Estado en sus actos delictivos; el segundo será enfocado a los derechos de auto-definición y territorios, y el último, presentará las injusticias de las expropiaciones presidenciales y la militarización que estas permiten.

La novedad de la Red de Defensores y su Proyecto 169 no es sólo su enfoque hacia los casos concretos de violación a los derechos en Chiapas ni su rechazo a las reformas constitucionales, sino que por primera vez serán las comunidades indígenas mismas las que denuncian en el derecho internacional estas violaciones. Es decir, todos los casos ya mencionados serán aprobados dentro de las asambleas generales de cada comunidad participante. Con la búsqueda de esta aprobación y la transferencia y construcción de autoridad y conocimiento que esto implica, las comunidades serán fortalecidas internamente al mismo tiempo que se busca el reconocimiento de éstas al nivel nacional e internacional. Además todas las evidencias y los argumentos necesarios serán recolectados y construidos por los defensores.

Esto no sólo le dará entrenamiento jurídico a los defensores comunitarios sino que incrementa la posibilidad que estas comunidades se sigan auto-representando en el ámbito del derecho internacional.
 
 
 

 
"Y si hoy somos indígenas, después seremos
todos los otros y otras que son muertos,
perseguidos y encarcelados
por razón de su diferencia."

Comandanta Esther

Las comunidades indígenas de Chiapas continúan en el proceso de adquirir elementos y herramientas para su fortalecimiento. Tarde o temprano el gobierno federal no va a tener otra salida que su respeto y reconocimiento. Mientras tanto es la responsabilidad de la sociedad civil aprender de nuestros hermanas y hermanos indígenas, aplicar sus lecciones y reconocer su integridad y riqueza. Así nuestra nación, no sólo los pueblos indígenas, podrá conseguir la libertad y justicia que todos deseamos.