LUNES Ť 16 Ť JULIO Ť 2001
Ť Fusión trunca de 2 bancos, entre las causas: Di Constanzo
Originó el caso Banamex disputa entre IPAB y Hacienda
Ť Gil Díaz intentó desacreditar a vocales del instituto, refiere
NOTIMEX
La venta de Banamex a Citigroup no sólo reactivó el caso Fobaproa, sino también ocasionó que se manifestara públicamente un conflicto entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y los vocales del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), expresó el consultor financiero Mario Di Constanzo.
Según el experto, son tres razones las que llevaron al secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, a utilizar al procurador fiscal, Gabriel Reyes Orona, para desacreditar al instituto y a los vocales que ahora son sujetos de investigación por parte de la Contraloría.
Se trata, dijo, de la inconclusa operación de fusión entre Banco Bital y Banco del Atlántico, las auditorías a los créditos doble A (Aa) de las transacciones reportables y la entrega al IPAB de la banca intervenida por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
El asesor financiero del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado, y ex secretario técnico de la comisión para investigar el funcionamiento del Fobaproa en la legislatura anterior, consideró que Gil Díaz está molesto porque los vocales se manifestaron por llegar al fondo de esos asuntos.
En diciembre de 1997, cuando aún no concluían los programas de compra de cartera realizados por el entonces Fondo de Protección al Ahorro Bancario (Fobaproa), Antonio del Valle, actual director del IPAB, manifestó su intención de adquirir el Banco del Atlántico.
A raíz de ese contrato, el Banco Bital exige ahora al IPAB la aportación de más de 13 mil millones de pesos, bajo el argumento de que el Banco del Atlántico no fue suficientemente saneado en su momento por el Fobaproa.
Por otro lado, en la auditoría que practicó Michael Mackey al Fobaproa se definieron 18 mil 973 operaciones denominadas "transacciones reportables" por 73 mil millones de pesos. Dichas operaciones fueron clasificadas en "Aa", es decir, que no cumplieron los requisitos establecidos por el Fobaproa en los programas de compra de cartera, y cuyo importe asciende a 24 mil millones de pesos.
Asimismo, las transacciones "B", que son créditos otorgados a partes relacionadas como accionistas de bancos por 42 mil millones de pesos y "C" en los que existió violación a la ley, por seis mil millones de pesos.
La entidad de fiscalización superior recomendó al IPAB desde septiembre del 2000 revisar las transacciones reportables "Aa" para identificar irregularidades, pero la junta de gobierno no atendió la solicitud, lo que causó molestia por parte de los vocales, quienes han exigido dar cumplimiento a esa especificación, explicó Di Constanzo.
A decir del consultor, la actitud de los vocales resulta incómoda para los banqueros beneficiados con el Fobaproa, porque tendrían que devolver los créditos chatarra que ahora tiene el IPAB.
El tercer aspecto que generó la disputa directa con la SHCP, según Di Constanzo, -vía el procurador fiscal- es que bancos intervenidos por la CNBV durante la crisis bancaria no han sido entregados aún al IPAB para la venta de los activos y de esa manera reducir el costo fiscal del rescate bancario.