Ť Existen actualmente seis programas oficiales de ayuda a ese sector de la población

Proponen la creación de la procuraduría del migrante; duplicaría funciones, dicen analistas

Ť La oficina a cargo de Juan Hernández pretende presentar el proyecto al Congreso en septiembre

ROSA ELVIRA VARGAS

La Oficina Presidencial de Atención a Migrantes, a cargo de Juan Hernández, presentó un proyecto para crear la procuraduría del migrante.

Esta nueva propuesta viene a sumarse a otras dos acciones surgidas de la oficina de Hernández. En la primera, se planteaba dotar a los migrantes de un ''paquete de sobrevivencia'', que incluía agua, medicamentos, mapas y hasta condones; algunos calificaron esta idea como de ''cajita feliz''. La segunda consistió en publicidad disuasiva en autobuses que viajan a la frontera norte.

Con metas que para el tercer año garantizan la satisfacción de 90 por ciento de los usuarios, y no obstante que identifica la existencia de seis programas oficiales para ese sector de población, la iniciativa no considera que en sus acciones podría incurrir en duplicidad y hasta en invasión de funciones con otras dependencias del gobierno federal y estatales.

En la reunión interinstitucional donde se presentó la propuesta hubo señalamientos que podrían retrasar la pretensión de presentar al Congreso de la Unión el proyecto de la procuraduría del migrante en septiembre próximo.

Los seis programas del gobierno federal que atienden y protegen a migrantes son: Paisano (a cargo de Gobernación); Programa de Comunidades Mexicanas en el Exterior y la Red Consular de México (responsabilidad de la cancillería); Grupo de Protección a Migrantes y Programa de Repatriaciones Seguras y Ordenadas (coordinados por el Instituto Nacional de Migración), y Programa Interinstitucional de Atención a Menores Repatriados (a cargo del DIF).

El objetivo de la procuraduría del migrante, dice Hernández, es crear una institución gubernamental que garantice en México ''a todo aquel migrante mexicano o mexicano-estadunidense que ingrese o salga de nuestras fronteras, que sus derechos e integridad física o patrimonial serán respetados, y en el caso que no sea así, que serán legalmente representados para sancionar a quien haya cometido el abuso'' en su contra.

Para la oficina presidencial, un migrante es aquel trabajador mexicano que busca ingresar a Estados Unidos de manera legal o indocumentada; también los mexicanos residentes en Estados Unidos que visitan México; los mexicanos trabajadores temporales en Estados Unidos que retornan a México y, los mexicano-estadunidenses que han solicitado recuperar la nacionalidad mexicana, residen en Estados Unidos y que visitan México. Nadie más.

Dudas de especialistas

De acuerdo con analistas consultados, el dilema es cómo haría esa procuraduría para ubicar en territorio nacional y sin violar garantías individuales, quién es un potencial migrante o un ciudadano más. Pero además, precisan, a quienes ya están en el país del norte corresponde su atención a las autoridades consulares designadas por Relaciones Exteriores, al margen de su condición migratoria.

Según el proyecto de la oficina de Juan Hernández, la procuraduría nacería como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y desde su inicio tendría autoridad. Conviene en que también podría ser un organismo descentralizado con personalidad jurídica propia. En cualquier caso, se le adjudicarían atribuciones amplias de representación legal, asesoría jurídica, inspección y vigilancia, ''y opcionalmente la de ombudsman especializado en materia migratoria''.

Sería, además, ''una institución moderna (y) su personal se caracterizará por sus principios de honestidad, imparcialidad y apego a la ley. Sus procedimientos de trabajo serán públicos y auditables''.

Entre las atribuciones del nuevo órgano figuraría el prevenir la violación a los derechos de los migrantes, mediante acciones de información y capacitación; lograr la especialización en los servicios de atención a migrantes; representarlos legalmente en la defensa de sus derechos; vigilar el respeto a los derechos humanos de los migrantes en zonas fronterizas y en su repatriación; salvaguardar su integridad física y patrimonial en su trayecto por zonas de alto riesgo, y denunciar ante las instancias competentes la violación de derechos.

Los mismos especialistas consideraron fundamental que en el proyecto se precisara que sus objetivos se realizarían exclusivamente en el territorio mexicano, pues para la atención de quienes están ya en el país vecino funcionan las oficinas consulares. Ellos mismos, sin embargo, subrayan la inutilidad de crear una oficina especial para atender a los migrantes en suelo nacional, cuando para ello ya existen las procuradurías de justicia locales y federal, y que actúan en función de la naturaleza del ilícito denunciado.

Por lo que toca a las metas a alcanzar con la instalación del nuevo organismo (las cuales se trazan a tres meses y luego por cada año que se sume a su operación), las del primer trimestre incluyen ?según el documento? ''constituir un foro nacional formado por organizaciones sociales y civiles contra los abusos y actos de corrupción de las autoridades gubernamentales en las tareas relacionadas con la atención al migrante''.

Para ese lapso, se proponen además trabajos ''de dignificación y mejoramiento de la infraestructura de atención al migrante''; cursos de capacitación del personal federal involucrado en los servicios de atención; convenios de colaboración con las comisiones nacional y estatales de derechos humanos y con las procuradurías federales y estatales de justicia; una reunión binacional México-Estados Unidos para revisar y hacer más eficiente los mecanismos y procedimientos de repatriación segura y ordenada, y tener un catálogo con todos los servicios de atención que se brindan a los migrantes, los trámites y requerimientos que los paisanos tienen que cumplir ''al internarse y salir''.

Los estudiosos de las relaciones bilaterales con Estados Unidos, que conocieron la nueva propuesta de Juan Hernández, comentaron que tal vez el documento que la sustenta se habría elaborado hace muchos meses, habida cuenta que parece desconocer que ya se realizan con periodicidad las reuniones binacionales que buscan resolver la repatriación de los indocumentados, ''cuestión de la que hoy todo mundo está enterado''.

A propósito, se preguntaron: ''¿La procuraduría del migrante no tendría también que atender a aquellos centroamericanos o de otras lejanas regiones que llegan a México buscando pasar a Estados Unidos y que también son considerados migrantes? De ellos no se dice nada en la propuesta de la oficina de Juan Hernández'', concluyeron.