Un estudio realizado por el Consejo Nacional de Población (Conapo) sobre los índices de desarrollo municipal ha puesto nuevamente de relieve la dramática situación del mundo indígena mexicano --al que el Congreso de la Unión le negó una ley justa--, que hoy registra los niveles más bajos de desarrollo humano.

El mismo Conapo reconoce dos Méxicos antagónicos, separados por una profunda brecha de desigualdad. En un extremo, el micropaís progresista que ha concentrado los beneficios de la globalización; en el polo opuesto, los cientos de municipios marginados y de población mayoritariamente indígena que agrupan a los más pobres y desprotegidos del país.

Las enormes y persistentes desigualdades sociales no son ninguna novedad en una nación que registra, desde hace varias décadas, un incremento sostenido en los índices de pobreza y una cada vez más inequitativa distribución del ingreso. Tampoco es novedad confirmar que, a la luz de los resultados, los programas focalizados de desarrollo social y combate a la pobreza, en particular los aplicados en comunidades rurales e indígenas, han sido poco efectivos. 

En realidad ningún gobierno ha buscado solucionar de raíz tales problemas. Sin embargo, resulta reprobable que el Senado, habiendo tenido en sus manos la posibilidad de dar un paso fundamental en beneficio de los indígenas mexicanos, se haya lavado las manos con el agua "bendita" de una ley inoperante que en nada contribuye al desarrollo de las comunidades marginadas, sino que, por el contrario, representa un claro retroceso para el país. Y no sólo en materia de desarrollo social, sino en cuestiones que tienen que ver con el respeto a los derechos fundamentales de los individuos y las comunidades que forman. 

No conformes con ello, PRI y PAN, la ya tradicional mancuerna de lides camarales, intentan ahora, ilegalmente, nulificar cualquier posibilidad de que la ley indígena sea revisada y mejorada. Un arrogante capricho contra la pobreza y la injusticia.

Los datos que arrojan el estudio del Conapo, y el realizado por la UNAM y el Conacyt, corroboran que es en los estados del sur --Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz-- donde se ubican los municipios con los menores índices de desarrollo humano. El contraste con los municipios de estados norteños y zonas urbanas es abrumador. Y esta situación lejos de por lo menos detenerse, se ha agravado.

Tal es el caso del ayuntamiento de Coicoyán de las Flores, Oaxaca, donde se registran índices similares a los de hace más de 60 años, y dos modernas delegaciones capitalinas como Benito Juárez y Miguel Hidalgo. 

Efectivamente, la brecha que divide al progreso de la miseria en nuestro país tiene un referente geográfico obligado. La bonanza está y apunta hacia el norte.

En el contexto internacional, en el que México quiere perfilarse como promotor de la democracia y los derechos humanos, destaca el Informe sobre Desarrollo Humano 2001 de la ONU, en el que ocupamos el lugar 51 de entre 162 naciones, detrás de países como Trinidad y Tobago y Letonia.