Ť José Antonio Rojas Nieto

La oposición estadunidense

Nueva York. El debate ambiental con el nuevo gobierno estadunidense apenas empieza y, sin embargo, ya genera una dura polémica que, seguramente, se intensificará durante el gobierno del presidente Bush. Lo cierto es que este jueves en Sacramento, California -como también los días 17 y 20 de este mes en Boston, Massachusetts y en Baton Rouge Luisiana, respectivamente-, una comisión especial de la Agencia de Protección Ambiental de este controvertido país (EPA por sus siglas en inglés), escuchará las opiniones de grupos sociales y expertos en torno a la propuesta presidencial de relajar (no es fácil llamarlo de otra forma), las exigencias formuladas desde 1977 en el Acta de Limpieza del Aire (Clean Air Act), para que industrias, plantas eléctricas, refinerías y, en general, instalaciones contaminantes, se sometan a continuas revisiones y a normas con un rigor creciente.

Y esta liberalidad con la que la nueva administración planea asumir la problemática de contaminación ambiental y del calentamiento global ya ha sido introducidad en el Grupo de los 8 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia, Japón y Rusia ), al anunciarse el rechazo estadunidense a las tesis principales de un borrador sobre acuerdos energía y medio ambiente, que se discutirá este fin de semana en Génova, y cuyas ideas principales dio a conocer The New York Times (NYT) este sábado. En dicho borrador se formula la necesidad de dos medidas urgentes: acabar con los subsidios a los altamente contaminantes combustibles fósiles (carbón y petrolíferos) y fortalecer el financiamiento a las fuentes renovables (hidro, viento, biomasa, geotermia y solar) cuya participación en el balance energético mundial, por cierto, sigue siendo absolutamente marginal (menos de 5 por ciento, 8 por ciento en Estados Unidos).

La oposición de la Casa Blanca se funda -según NYT- en una idea muy sencilla: debe ser el mercado el que indique si las fuentes alternas se desarrollan o no; toda intervención gubernamental sólo desvirtuaría la mayor o menor relevancia de dichas fuentes de energía. Sin embargo, muchos piensan -añade el NYT- que atrás de esa defensa de las leyes del mercado se encuentra el compromiso de esta nueva administración con las grandes compañías petroleras que no desean enfrentar las exigencias que se formulan desde hace varios años para abatir los problemas de contaminación ambiental y de calentamiento global, y que de manera más nítida quedaron plasmadas en el Protocolo de Kyoto, el que, precisamente, Bush se opone a respladar. Pero también la de compañías que venden plantas eléctricas, equipos de perforación, de refinerías y de plantas petroquímicas, gasoductos y demás implementos para la explotación y la industrialización del carbón , del crudo y del gas natural, cuyas exportaciones podrían descender.

Es que es muy probable que el documento sea rechazado el próximo fin de semana porque, de ordinario y por razones más que evidentes en este caso, en el G-8 sólo se impulsan acuerdos de consenso. Y, sin embargo, los europeos no quitan el dedo del renglón para que el Presidente Bush no evada los compromisos del acuerdo de Kyoto, con el impulso de una nueva política que se impulsa con el ánimo de superar lo que muchas grandes empresas petroleras y eléctricas caracterizan como el desorden y la confusión de Clinton, cuando se reforzaron las exigencias de control de contaminantes.

Esa política -por ejemplo y a decir de algunos industriales citados en el NYT y que hoy apoyan decididamente a Bush-, podía haber llegado al grave extremo de cancelar el permiso de operación una veintena de centrales eléctricas a carbón que representan unos 10 mil Megavatios de capacidad, y que alimentan a 10 millones de usuarios al día. Por eso el cambio necesario con Bush -aseguran-, que ya saludan con gran optimismo esos grandes barones de la energía. ¿Y nosotros frente a esto qué?