DOMINGO Ť 15 Ť JULIO Ť 2001
Ť Exigen suspensión del esquema ampliado de permisos a particulares
Trabajadores de la CFE expresan apoyo a la controversia constitucional contra Fox
Ť Sostienen que los proyectos autorizados superan los requerimientos de los próximos seis años
FABIOLA MARTINEZ
La Coordinadora Nacional de Electricistas CFE-SUTERM se manifestó en respaldo a la controversia constitucional impulsada por legisladores ante la reforma foxista al reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
Al término de un foro de análisis en torno de este sector, y de estrategias para defender el carácter público de la industria eléctrica, los trabajadores que integran la coordinadora recordaron que la apertura a la inversión privada se encuentra en marcha desde 1992.
Señalaron que los proyectos particulares autorizados hasta el momento, bajo la ley del servicio público, "superan ya los requerimientos de los próximos seis años en materia de generación de energía eléctrica", porque se han otorgado permisos por más de 15 mil megavatios, es decir, casi 40 por ciento de la capacidad instalada actual.
Los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad contrarios al líder nacional de este gremio, Leonardo Rodríguez Alcaine, exigieron al presidente Vicente Fox que suspenda el esquema ampliado de permisos a particulares para la inversión en la industria eléctrica nacionalizada, la cual -afirmaron- "es solvente en términos financieros para atender sus necesidades de expansión y ejecutar las obras por administración propia. No estamos de acuerdo con la propuesta privatizadora del gobierno".
La Coordinadora Nacional de Electricistas, encabezada por Jesús Navarrete Castellanos, y la Coordinación Nacional por el Desarrollo de la Industria Petrolera, también opuestas al dirigente de este gremio, Carlos Romero Deschamps, entre otros trabajadores del Frente Nacional del Sector Energético, se reunieron ayer en el Salón Verde de la Cámara de Diputados para delinear su estrategia de lucha para las próximas semanas.
Repudiaron el "proceso de privatización que se aplica en los hechos" sin modificar la Constitución, lo cual representa una restructuración de la industria eléctrica que atenta contra el carácter público de este sector en el marco de "una iniciativa apátrida y desnacionalizadora".
El gobierno, expresaron, empleará la misma retórica engañosa de administraciones pasadas y dirá una y mil veces que esta industria no se privatizará, aunque en los hechos lo llevan a cabo con el mismo chantaje: "nos dirán que sin inversión privada peligra el abastecimiento de energía eléctrica y se frenará el crecimiento económico, pero se olvidan de que la industria energética de México es de propiedad social, construida por varias generaciones de mexicanos".