SABADO Ť 14 Ť JULIO Ť 2001
Ť Castillo Mota
Posible, la reforma penal antes de que concluya el año
ANGEL BOLAÑOS Y GABRIELA ROMERO
El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la ALDF, el priísta Juan José Castillo Mota, estimó que existe un consenso de 80 por ciento respecto de las modificaciones y adiciones que deben hacerse a los códigos Penal y de Procedimientos del Distrito Federal, por lo que los dictámenes definitivos podrían quedar listos antes de que concluya este año.
Luego de recibir los comentarios de magistrados y jueces del Tribunal Superior de Justicia del DF, el diputado anunció que en agosto se realizarán tres foros más que permitirán llegar a conclusiones sobre la reforma penal en la ciudad.
El legislador perredista Gilberto Ensástiga señaló que los temas en los que no hay consenso son los relativos a los delitos en materias de comunicación, contra la libertad y el normal desarrollo sicosexual, violación y acoso sexual, de la vida y la integridad física (aborto), edad penal, cadena perpetua y pena de muerte.
El presidente del órgano judicial, Juan Luis González Alcántara Carrancá, reconoció que no serán suficientes los cambios al ordenamiento legal para resolver el problema de la delincuencia.
"El clamor social", dijo, es que los delincuentes sean detenidos lo más pronto posible, que de inmediato sean sometidos a procesos y que éstos no sean tan largos.
Para ello, explicó, se requiere además cambiar los procedimientos, una mayor profesionalización de los servidores públicos y más recursos a las instituciones encargadas de la administración y la procuración de justicia.
"La criminalidad ha crecido, no sólo en México, sino en todos los países del mundo, pero nuestras instituciones no han aumentado en la misma medida y al ser más los delitos que los servidores públicos, el tiempo de las investigaciones y de los procesos se alarga", dijo.
El magistrado Francisco Chávez Hochstrasser destacó que en los comentarios entregados a la Asamblea no se proponen modificaciones a la pena máxima vigente en el Código Penal, que es de 50 años.
El presidente del Tribunal consideró inecesario el endurecimiento de las condenas, y respecto de la aplicación de la pena de muerte la calificó de medida "absurda".