SABADO Ť 14 Ť JULIO Ť 2001

Ť Dice estar dispuesto a enfrentar el juicio que pretenden interponer legisladores

Jurídica, la resolución de la PGJDF que exime a Robles: Bernardo Bátiz

Ť Rechaza que la decisión haya respondido a intereses políticos Ť Considera apresuradas las reacciones de los panistas Ť Los exhorta a revisar la propuesta y presentar su inconformidad

LAURA GOMEZ Y ANGEL BOLAÑOS

El procurador general de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz Vázquez, dijo estar dispuesto a enfrentar el juicio político que pretenden interponer en su contra legisladores locales del Partido Acción Nacional ante la Cámara de Diputados, por la exoneración de la ex jefa de Gobierno, Rosario Robles Berlanga, y dejó en claro: "no trabajo para satisfacer intereses de nadie".

La acción que se pretende, señaló, le permitiría presentar ante los órganos legislativos locales o federales la documentación que sustenta la denuncia en torno a la suscripción de un contrato con la empresa Publicorp, en el cual no se aporta ninguna prueba, sólo una relación de hechos "no muy clara", y demostrar que la resolución fue jurídica y no respondió a fines políticos.

Consideró apresuradas las reacciones de los legisladores panistas, cuando aún no han analizado la resolución de la PGJDF, por lo que los exhortó a revisarla e interponer su inconformidad ante la oficina de auxiliares del Ministerio Público y, si todavía están en desacuerdo, recurrir al juicio de amparo ante el juzgado de distrito del fuero federal.

Al término de la reunión del gabinete de Gobierno y Seguridad expresó: "no me parece que sea la mejor arena política la de los ministerios públicos y los tribunales. La política se hace en las cámaras o congresos, haciendo propuestas, pero también algunas ocasiones caen por acá, nos distraen tiempo y gente, pero cumplimos".

El funcionario explicó que se solicitó información a las instancias correspondientes para sustentar la denuncia presentada por los diputados locales del PAN, Federico Doring y Walter Widmer, y el priísta Arturo Barajas, pero tras un análisis de las pruebas se determinó que no existía delito qué perseguir en contra de Robles Berlanga; posición independiente de la que asuma la Contraloría del GDF.

Sin embargo, tienen el derecho de litigar este asunto en los tribunales federales, a quienes no podrán acusar de parcialidad, si están inconformes con la resolución emitida por la procuraduría capitalina, dijo al precisar que no se llamó a comparecer a los ex funcionarios porque no había elementos probatorios de haber cometido un delito.

Fiscal rechaza encubrimiento

El titular de la Fiscalía para Servidores Públicos de la PGJDF, Roberto Pérez Martínez, reiteró que la denuncia presentada por los diputados de PAN y PRI contra la ex jefa de Gobierno "era muy vaga e imprecisa"; además no presentaron pruebas, por lo que el Ministerio Público encargado de la averiguación previa correspondiente se encargó de reunirlas y una vez agotadas las diligencias se procedió a resolver conforme a derecho.

Rechazó los señalamientos de los diputados sobre estar "tapando" a los funcionarios perredistas de la administración anterior y les recordó que están en todo derecho de presentar su inconformidad contra la resolución del no ejercicio de la acción penal. "La Procuraduría no debe dejarse guiar por posiciones políticas y así fue como se hizo en este caso", puntualizó.

Con respecto al hecho de que el gobierno de la ciudad no convocara a licitación para asignar el contrato motivo de la denuncia, relacionado con la prestación de servicios de difusión e información, destacó que la ley prevé excepciones para realizar adjudicaciones directas, y en este caso el acto no fue indebido, "está dentro del marco de la ley".

Además, cuando se suscribió el contrato, el primero de febrero del año 2000, el Programa de Comunicación Social tenía asignada una partida presupuestal autorizada de 278 millones de pesos y el contrato con Publicidad, Cine y Video, SA de CV, fue por poco más de 55 millones de pesos, por lo tanto no se excedió.

Con relación a la ampliación del presupuesto asignado a dicho programa, recordó que fue la misma Contraloría la que dictaminó que estas transferencias se realizaron con apego a las facultades de la misma jefatura de Gobierno; los diputados señalaron que el dinero había sido desviado de partidas presupuestales prioritarias, pero dichos recursos fueron producto de excedentes en la recaudación de impuestos y ahorros en el pago de intereses de deuda.

Por otra parte, Bernardo Bátiz informó que analizan los canales de distribución a los medios de comunicación de los casetes en los que se involucra a la delegada en Cuauhtémoc, Dolores Padierna, en "arreglos" con dueños de giros de alto impacto social, para determinar su procedencia y actuar en consecuencia; así como nuevas formas de atacar el robo de autos, como el seguimiento vía satélite o patrullajes especiales.