sabado Ť 14 Ť julio Ť 2001

Alejandro Zapata Perogordo

Un año después: la nueva ortodoxia mexicana

La lectura y lección del proceso electoral del 2 de julio de 2000 no debe dejarse de lado, sino procurar llevar esa experiencia a la práctica. Se decidió la alternancia en el Poder Ejecutivo y, con ello, el sepelio de un sistema político agotado, sin rumbo y sin respuesta social. Además, se eligió a un Congreso de la Unión sin mayorías absolutas, lo que obliga al arribo de acuerdos para la toma de decisiones, es decir, se optó por un Poder Legislativo corresponsable o, en otras palabras, un cogobierno.

Sin embargo, a un año de distancia seguimos teniendo el prurito del presidencialismo y aún nos referimos al Presidente de la República como aquella persona que debe solucionar todo y que, a la vez, es el responsable de todo lo que acontece. Esto es producto, por una parte, de que el Congreso no acaba de tomar su responsabilidad y, por la otra, de que los partidos políticos no aceptan su lugar en la nueva realidad.

A un año de distancia de las elecciones, a 10 meses de un nuevo Congreso y a ocho de la toma de posesión del Ejecutivo, somos testigos del rompimiento del viejo sistema y el inicio de cambios importantes. Todos estamos conscientes de los grandes retos a los cuales nos enfrentamos, tanto de coyuntura como de fondo, y de las oportunidades que ahora, como nunca, tienen los legisladores que cuentan con mayores facultades, con posibilidades de decisión, de cabildear entre ellos y con organizaciones sociales, además de que empiezan a tomar conciencia de la necesidad de contribuir en las grandes transformaciones que requiere el país.

En contraste con lo anterior, aún persisten resabios, recelos y resistencias a aceptar los resultados de las urnas. Actores, particularmente del PRI y el PRD, muestran animadversión a todo aquello proveniente de sus adversarios políticos y descalifican por medio de la calumnia cualquier propuesta.

La presidenta nacional del PRI, Dulce María Sauri Riancho, ha resultado ser una oposicionista a ultranza, aun cuando no hace aportación alguna. Recordemos una nota de La Jornada del pasado 3 de julio en la que los periodistas Enrique Méndez y Angélica Enciso le atribuyen la siguiente declaración: "La visión del PAN y el gobierno foxista es no sólo fundamentalista, sino autoritaria, porque se asumen como los 'iniciadores de caminos', desconociendo largas luchas anteriores".

También Martí Batres hace una declaración similar en La Jornada de ese mismo día, en la nota firmada por Mireya Cuéllar y Rosa Elvira Vargas: "No vamos a ir a cualquier acuerdo y menos a uno que sólo busque apuntalar a Vicente Fox...".

Los anteriores ejemplos confirman la existencia de corrientes que pretenden obstruir el camino y rumbo de la nación a través de demorar los consensos. Su lógica señala que en tanto le vaya mal a Fox, el PAN lo resentirá en los procesos electorales y, por lo tanto, el PRI o el PRD tendrán mayores posibilidades de avanzar, sin importar que al país le vaya mal.

Afortunadamente, la posición ortodoxa y revanchista no se ha reflejado sino solamente en algunos actores en lo particular y no puedo ni debo llevarla al ámbito de las instituciones; sin embargo, bajo esa tesitura, resulta menester el establecimiento de reglas claras para la convivencia política, que permitan y faciliten el arribo de los acuerdos que requiere la nación para la reformulación del Estado, que actualmente está en crisis en virtud de que existía un debilitamiento de las instituciones y por ende de la sociedad.

La alternativa para superar esta deficiencia se encuentra en la política. Si se encuentran resistencias dentro de quienes deben llevar a cabo este quehacer, podríamos entrar a una crisis de esta naturaleza, situación que, desde luego, no es conveniente para nadie.

En conclusión, aceptamos que vivimos una realidad diferente, también que el país necesita profundas reformas estructurales y para que éstas se lleven a cabo se requiere de la participación de los partidos políticos, sin que se trate de una situación meramente de carácter ideológico, sino de procesos de consensos (que los hay en abundancia).

Sobre lo anterior, existen puntos torales, que a decir de Manuel A. Garretón, en una entrevista de la profesora Antonella Attili, publicada en el número 14 de la Revista Internacional de Filosofía Política: "...Implica una reforma o transformación del Estado al menos en cinco puntos fundamentales: El de su función, el de su estructura, el de sus recursos, el de su personal y el de sus vinculaciones" y continúa: "Fortalecimiento del Estado, del sistema de representación y de los actores sociales, individuales y colectivos; o sea, un Estado fuerte, controlado por un sistema de partidos y, a su vez, éstos controlados por ciudadanos y actores sociales fuertes".