sabado Ť 14 Ť julio Ť 2001

 Silvia Ribeiro Ť

PNUD 2001: al rescate de las multinacionales

El reciente Informe sobre Desarrollo Humano 2001 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) seguramente fue como un regalo de Navidad atrasado para las empresas multinacionales de la agrobiotecnología. Titulado "Poner el adelanto tecnológico al servicio del desarrollo humano", rezuma un optimismo tecnológico pocas veces visto, particularmente grave por la defensa que hace de los transgénicos y los sistemas de patentes sobre la vida.

Plantea que, como toda nueva tecnología, genera resistencias, pero que los transgénicos podrían ser la solución del hambre en el mundo al producir cultivos más rendidores, más nutritivos y resistentes a sequías y enfermedades. Para posibilitar esto, según el PNUD, los países deben desarrollar marcos regulatorios y capacidad institucional para "gestionar los riesgos" que implica esta tecnología y desarrollar la investigación biotecnológica en el sector público.

Aunque se enumeran potenciales riesgos ambientales y de salud de los transgénicos, así como los múltiples problemas que implican los sistemas de patentes para los países del sur, el sector público y las comunidades locales, la recomendación final no deja dudas: no adoptar este paquete en los países pobres sería cuasi inmoral, ya que la oposición a los transgénicos es un lujo de los consumidores ricos del Norte (¿que sí tendrían derecho a la salud y a un medio ambiente sano?)

Lamentablemente el informe falla en varios aspectos fundamentales.

El primero y básico es que ni la pobreza ni el hambre en el mundo son ni han sido nunca problemas tecnológicos. Con las tecnologías actuales hay suficientes alimentos para toda la población mundial, pero el propio informe muestra índices crecientes de pobreza y desnutrición en grandes áreas del planeta.

Ninguno de los beneficios atribuidos a los transgénicos ha resultado verdadero en la única prueba que cuenta: la de la realidad. Cuatro cultivos (soya, maíz, canola y algodón, de los cuales 98% está en sólo tres países) constituyen prácticamente la totalidad de los transgénicos sembrados comercialmente hasta diciembre de 2000. Ninguno ha sido modificado para tener esas cualidades teóricamente "beneficiosas". Han sido modificados para ser resistentes al herbicida de la propia empresa que vende la semilla (74 por ciento) -logrando así una dependencia mayor del agricultor con la empresa- o como planta insecticida (19 por ciento) o con una combinación de ambas características (7 por ciento).

Una sola empresa -Monsanto, ahora parte de Pharmacia- vendió 94 por ciento de las semillas del área sembrada a escala mundial. Las semillas transgénicas son significativamente más caras para los agricultores que las convencionales.

Un extenso estudio (Benbrook, Estados Unidos, 2001) mostró que la soya transgénica produce 5-10 por ciento menos y requiere un promedio de 11 por ciento más químicos.

El PNUD reconoce que si se deja todo en manos de las empresas, éstas sólo piensan en el lucro y por tanto, hay que dedicar esfuerzos de la investigación pública para el desarrollo de esta tecnología. Pero en colaboración con esas mismas empresas, y respetando puntualmente sus sistemas de patentes.

Esta propuesta es grave, porque lo que sería realmente inmoral es dedicar los recursos cada vez más exangües de la investigación agrícola pública, a tecnologías que conllevan riesgos y que van a producir más dependencia de los agricultores con semillas de alta tecnología y sistemas de patentes que restringirán el acceso, en lugar de facilitarlo. Los sistemas de propiedad intelectual solamente son útiles para las empresas, porque si la investigación es pública no se necesita esta restricción.

Además, es ingenuo pensar que esta tecnología se podrá desarrollar al margen del control de esas empresas. Por ejemplo, en este momento, las multinacionales Monsanto/Pharmacia y Novartis/Syngenta tienen patentadas las dos tecnologías disponibles de marcadores genéticos, que son un "cuello de botella" tecnológico para toda la agrobiotecnología. Otro ejemplo: el famoso "arroz dorado", modificado genéticamente para contener vitamina A, fue desarrollado en la investigación pública, y posteriormente donado a AstraZeneca/Syngenta porque sus promotores pensaron que no podrían manejar los litigios de patentes potenciales que podrían tener en muchos países ?por aspectos parciales utilizados en el proceso de desarrollo de esta variedad.

Por otra parte, existen estudios, incluyendo algunos del sistema CGIAR, que muestran que las variedades desarrolladas por los campesinos y agricultores de pequeña escala en el largo plazo tienen mayor productividad promedio que los híbridos de "alto rendimiento", debido a un mejor proceso de adaptación a condiciones difíciles de cultivo. En muchos países del Tercer Mundo existen todavía -pese a la erosión que sufrieron debido a la introducción de los paquetes tecnológicos de la Revolución Verde- miles de variedades locales de cultivos básicos que tienen resistencia a enfermedades, plagas o estrés climático, en forma natural. La investigación agrícola pública podría desarrollar estas potencialidades -recursos y conocimientos milenarios de campesinos e indígenas- si estableciera una relación respetuosa e igualitaria de colaboración con estos sectores, a partir de sus necesidades y las necesidades de las poblaciones en los diferentes países. Lo cual atendería realmente a los más desposeídos.

Ť Silvia Ribeiro es investigadora de RAFI