SABADO Ť 14 Ť JULIO Ť 2001
Ť Está libre desde la semana pasada; sus abogados buscan regularizar situación migratoria
Temen que México expulse al vasco Lázaro Galarza
CLAUDIA HERRERA BELTRAN
El ciudadano vasco Lázaro Galarza Larrayoz fue trasladado el pasado 5 de julio del Reclusorio Norte a la estación migratoria de Gobernación, luego de que las autoridades judiciales declararon improcedente su extradición a España y fue puesto en libertad el sábado de la semana pasada.
Los abogados Pilar Noriega y Lamberto González expresaron ayer su preocupación de que el gobierno mexicano al no tener elementos para extraditarlo intente expulsarlo, lo que sería una "extradición de hecho".
Señalaron que el ciudadano vasco, acusado por el gobierno español de pertenecer al grupo armado Euskadi Ta Askatasuna (ETA), cumple con los requisitos para regular su situación migratoria, pues tiene dos hijos mexicanos y ocho años de residir en el país.
Galarza se encuentra bajo custodia de su defensa en tanto se regulariza su estancia en el país tras un año de detención en el módulo de máxima seguridad del Reclusorio Norte.
La defensa señaló que existe el temor fundado de que las autoridades migratorias intenten expulsarlo y que al entregarlo a la policía española sea torturado, como ocurrió con Leida Martínez Pérez.
Explicó que la convención de la Organización de las Naciones Unidas contra la Tortura prohíbe en su artículo tercero la extradición, expulsión, devolución o entrega de una persona a un país donde pueda ser torturada.
Consideró que en la resolución del juez que concedió el amparo a Galarza, lo que obligó a la cancillería a negar su extradición a España, se antepuso el derecho a las razones políticas y de Estado que se privilegiaron en anteriores procesos contra ciudadanos vascos.
Galarza fue acusado por la Audiencia Nacional española de proporcionar un automóvil para un ataque que perpetró ETA a principios de 1990.
Sin embargo, el extranjero, detenido el 30 de mayo del 2000 en la ciudad de Morelia, argumentó que los jueces españoles ya procesaron a Javier Goldara, dueño del vehículo del atentado.
Los abogados argumentaron que la cancillería intentaba aplicar retroactivamente las reformas al tratado de extradición México-España de 1997 -que permiten la extradición sin comprobar delito- siendo que las autoridades de Madrid iniciaron el proceso de extradición desde 1994.