SABADO Ť 14 Ť JULIO Ť 2001
Ť Legisladores alcanzan puntos en común
Acercamiento de PRI y PRD en sus posturas sobre la reforma fiscal
RENATO DAVALOS
Legisladores priístas y perredistas tienen ya "importantes coincidencias" acerca de la reforma fiscal. Descartado el periodo extraordinario, las posiciones comunes se basan en cuatro puntos esenciales: no al impuesto al valor agregado (IVA) en alimentos y medicinas, federalismo fiscal, inmovilidad en la tasa del impuesto sobre la renta (ISR) y la posibilidad de que se graven las operaciones bursátiles.
Miroslava García, coordinadora económica de la bancada perredista, refirió que hay avances importantes en la agenda fiscal y expuso que 95 por ciento de los sectores con los que se han reunido las comisiones legislativas para el análisis del tema rechazan la aplicación del IVA a los productos exentos actualmente.
El vicecoordinador priísta Manuel Añorve comentó, por su parte, que las aproximaciones se han ido decantando en el curso de las semanas y que, pese a que el PRI no ha fijado su postura definitiva, sí hay posturas comunes en ciertos capítulos de la legislación fiscal.
En rueda de prensa, Miroslava García, Ifigenia Martínez y José Antonio Magallanes especificaron que si hubiese intención del gobierno foxista por lograr la eficiencia en la recaudación fiscal no habría necesidad de aplicar el IVA a alimentos, medicinas y libros.
Al respecto, plantearon que de acuerdo con los informes de la Secretaría de Hacienda, el total de créditos fiscales que no se han cobrado en este año ascienden a 273 mil 87 millones de pesos, una cifra que alcanza el 5 por ciento del producto nacional bruto.
La expectativa gubernamental de recaudación por concepto del IVA bajo la propuesta foxista prevé captar 118 mil millones de pesos, añadieron.
Ifigenia Martínez refirió la reciente postura del gobernador neoleonés panista, Fernando Canales Clariond, quien se mostró a favor de que puedan gravarse las operaciones bursátiles.
La propuesta perredista que presentó ayer la fracción parlamentaria plantea la necesidad de que el SAT tenga auténtica autonomía de Hacienda. A la fecha se emplea como un medio de presión o de premio en el proceso político, en el que se favorece a ciertas empresas o sectores productivos.
Por ello, argumenta la propuesta, no deben ser el Presidente o el secretario de Hacienda en quienes recaiga el nombramiento de titular del SAT, sino en el Congreso de la Unión. Este sistema no debe tener la regla de interpretación de la norma fiscal.
Igualmente, se propone la integración de un sistema de información pública para que termine la discrecionalidad en el manejo de los datos sobre recaudación potencial y la que realmente se ejerce.