SABADO Ť 14 Ť JULIO Ť 2001
Ť Desvíos por 5 mdd relacionados con campañas del tricolor
Detectan anomalías en Banca Unión que favorecieron al PRI
Ť Ernesto Zedillo podría estar implicado en las irregularidades
RENATO DAVALOS
En una primera revisión de los expedientes de Banca Unión, la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados detectó 24 operaciones ilegales y otras 64 más irregulares que en conjunto suman más de 5 millones de dólares a precios actuales, que se vincularon a los fideicomisos que financiaron campañas priístas de 1994.
En los próximos días se citará a comparecer al presidente de la Comisión Nacional Bancaria, Jonathan Davis, y a finales de agosto podrían empezar a librarse órdenes de aprehensión por delitos que van de la omisión y negligencia del gobierno zedillista hasta fraude genérico, desviación, quebranto y otros.
En total, precisó José Antonio Magallanes, secretario de la Comisión de Vigilancia, se identificaron 64 casos irregulares de la llamada serie "B", es decir, aquellos préstamos cruzados que requieren esclarecimiento y de los que se derivan ilícitos por perseguir. El importe de estas operaciones sumó 13 mil 63.3 millones de pesos de 1994, cuando la cotización de la moneda mexicana era de tres por uno respecto al dólar de EU.
Adicionalmente, hay un daño por 3 mil 956.8 millones de pesos en la serie "C", esto es, recursos totalmente irregulares. En total se alcanzan los 17 mil 20.1 millones de pesos, más de 5 millones de dólares a precios actuales.
Los delitos no pueden prescribir, aclaró Magallanes. Ese banco fue intervenido gerencialmente desde 1994 y, en consecuencia, la prescripción penal está detenida. La Comisión Nacional Bancaria, entonces encabezada por Eduardo Fernández, tuvo la obligación de denunciar los presuntos ilícitos.
No haberlo hecho, especificó, entraña responsabilidades judiciales como omisión, negligencia o complicidad. En este caso se encuentran también los funcionarios del ramo y el propio ex presidente Ernesto Zedillo.
Una vez que se reúna la Comisión de Vigilancia en la primera quincena de agosto, explicó, habrá no menos de 40 días para determinar junto con el Organo Superior de Fiscalización los caminos penales, civiles y mercantiles que seguirá el caso.
Aunque Davis no es el responsable directo porque no se encontraba en el cargo en 1994, heredó los compromisos y hasta el momento no ha entregado la información respectiva al IPAB. También este punto tiene que discutirse para "deslindar responsabilidades", indicó.
Al preguntársele sí la base de datos que entregó el gobierno es suficiente para tratar el capítulo del rescate a los bancos, respondió que dentro de los programas que se echaron a andar al amparo de la crisis financiera, se cuentan tres de ellos bajo los que figura 80 por ciento del quebranto bancario, que a precios de 2000 rebasa los 746 mil millones de pesos.
En torno a la situación jurídica del ex dueño de Banca Unión, Carlos Cabal Peniche, detenido en Melbourne, el legislador sostuvo que si tenía alguna esperanza de burlar la autoridad y las decisiones de ésta, "simplemente vamos a retomar el asunto".
Banca Unión -detalló- prestaba recursos a personas físicas y morales. En el momento de la quiebra se detectó que muchos proyectos fueron a parar a fideicomisos que fueron apoyados y entregados al Fobaproa.
Sin embargo, no reunían los requisitos pactados para el rescate del sistema financiero. Banca Unión quedó intervenida permanentemente por la Comisión Nacional Bancaria. De ahí se derivó la controversia constitucional para exigir a Zedillo que entregara la información al Congreso, apuntó.