SABADO Ť 14 Ť JULIO Ť 2001

Ť El país debe saber si Fox recibió dinero del exterior, dice

Exige PRD al IFE acuda al Poder Judicial en controversia con SHCP

Ť Funciones del instituto, por encima de cualquier ley: Gómez

Ť El problema está en la legislación, señala Alonso Lujambio

MIREYA CUELLAR

Porque el "secreto fiscal" no puede ser un instrumento usado por la Secretaría de Hacienda para impedir que el Instituto Federal Electoral ejerza a plenitud sus funciones constitucionales de fiscalización, el Partido de la Revolución Democrática exigió ayer al IFE que recurra al Poder Judicial para que sea éste el que resuelva la controversia que sostiene con la dependencia y el país pueda saber con precisión si el presidente Vicente Fox recibió financiamiento del extranjero para llegar a Los Pinos.

"Nosotros respaldamos a José Woldenberg en su ánimo de no cesar hasta conseguir la información (el consejero dijo ante la primera negativa de Hacienda que no cruzaría los brazos)", señaló la presidenta del PRD, Amalia García, al recordar que su partido es, junto con el PRI, el que acusó al entonces candidato Vicente Fox de estar recibiendo financiamiento extranjero vía cuatro empresas privadas, entre ellas Vegetales Frescos, propiedad de los hermanos del Ejecutivo.

Pablo Gómez, representante perredista ante el IFE, dijo que las funciones constitucionales del órgano se tienen que cumplir; están por encima de cualquier ley secundaria.

No puede ser que por falta de una precisión legal el IFE no tenga la posibilidad de ejercer su función constitucional de fiscalizar a los partidos, expresó Gómez, quien propuso la vía del amparo, "que tiene complicaciones, porque hay que demostrar un posible daño patrimonial, lo cual se podría hacer diciendo que la conducta denunciada y que no se ha podido investigar genera una multa y que, potencialmente, la negativa de Hacienda generaría un daño patrimonial al Estado".

También podría recurrirse a una vía directa para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que se pronuncie en este caso. "Lo primero que hay que cumplir es la Constitución; aun cuando las leyes sean defectuosas, como en este caso, el IFE y la sociedad tienen derecho a conocer si hubo aportes de estas compañías a la campaña del señor Fox, y no hay otra más que entrando a la situación fiscal de estas empresas".

Posiciones encontradas

Sin embargo -luego de la segunda y al parecer definitiva decisión de la dependencia de no entregar la información-, en el órgano electoral las posiciones parecen divididas. El consejero Alonso Lujambio, quien preside la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, ofreció ayer por primera vez una opinión sobre el tema: "se ha estado diciendo en los medios que hay un conflicto entre Hacienda y el IFE, lo cual es incorrecto, porque las dos instituciones están cumpliendo y haciendo cumplir la ley".

Resumió: "el problema no está en la conducta de las autoridades, sino en la ley", en este caso el Código Fiscal de la Federación, y recordó que en varias ocasiones los consejeros han dicho que se requieren reformas jurídicas para que el IFE pueda verdaderamente fiscalizar los ingresos y egresos (públicos y privados) de partidos políticos y candidatos.

"El IFE, con fundamento en el artículo 2, pidió la colaboración de Hacienda, y la secretaría, fundada en su propia normatividad, contestó que no le es posible dar dicha información. No es un conflicto ente ella y nosotros, sino un problema de la ley. Aquí no hay una querella entre Hacienda y el IFE. Lo que está haciendo cada quien es aplicar la ley", insistió Lujambio.

También dijo que "es falso que Hacienda impida que se realice la investigación, porque sobre el caso Fox hay varias líneas de indagación abiertas. Y, por ejemplo, la PGR sí respondió a nuestros requerimientos, al igual que algunas empresas. También los vocales consiguieron información y se consultó el Registro Público de la Propiedad".

Lujambio hizo un llamado a "la opinión pública" para que "espere a que el IFE dé los resultados de su investigación en conjunto, y no saque conclusiones a partir del desarrollo de una de las muchas líneas de investigación".

En una posición totalmente distinta, el consejero Jaime Cárdenas consideró que la respuesta de la Secretaría de Hacienda es "inaceptable", y anunció que solicitará a José Woldenberg que convoque a una sesión extraordinaria del Consejo General para que se discuta y decida públicamente el camino que seguirá el instituto para obtener la información.

"La respuesta de Hacienda genera una situación de suma gravedad. Sé que el camino del Poder Judicial para conseguir los datos será muy complicado, pero tenemos que explorar todas las opciones". Explicó que una controversia constitucional no sería eficaz porque el artículo 105 de la Carta Magna establece que no procede para asuntos electorales, sin embargo, no descartó la ruta del amparo. "Lo que tengo claro es que el IFE debe intentar una resolución judicial en este caso", concluyó.