SABADO Ť 14 Ť JULIO Ť 2001
Ť Pide al Congreso reabrir la discusión sobre ley indígena
Los acuerdos de San Andrés no son capricho de un guerrillero: Salazar
ANGELES MARISCAL, ELIO HENRIQUEZ Y CRISTOBAL GARCIA CORRESPONSALES
El gobernador de Chiapas, Pablo Salazar, exhortó al Congreso de la Unión a reabrir la discusión en torno a la ley indígena y asumir los acuerdos de San Andrés como compromisos de Estado, pues lo que ahí se plantea, dijo, ''no es capricho de un guerrillero, sino la demanda de la mayoría de la población indígena''.
Una vez conocida la aprobación de la Ley sobre Derechos y Cultura Indígenas, el mandatario estatal sostuvo que ésta es una clara paradoja legislativa, en la medida en que si bien la mayoría de los congresos aprobó las reformas, al mismo tiempo son minoría frente a la población indígena que habita en pocos estados y que la rechazó.
''Aquí tenemos un conflicto entre la democracia representativa y la democracia participativa (...) los destinatarios (de la ley aprobada) son los pueblos indios, y los pueblos indios mayoritariamente la están rechazando'', sostuvo.
En el caso de Chiapas, las modificaciones constitucionales ''no ayudan a resolver el problema de la paz y, por supuesto, no recogen las demandas de los pueblos indios y sus reivindicaciones, mientras no se establezca esa nueva relación entre sociedad mestiza y sociedad indígena, entre gobierno y pueblos indios y ésta (la ley) se plasme en el marco jurídico''.
Por otra parte, en San Cristóbal de las Casas el sacerdote Pablo Romo Cedano, promotor mundial de justicia y paz de la orden de los dominicos, afirmó que la aprobación de la ley indígena fortalecerá los argumentos del EZLN y de otros grupos armados en el sentido de que ''son discriminados, no se les escucha y no se atienden sus demandas''.
Dijo que para el país ''es una verdadera desgracia que no haya habido sensibilidad para escuchar a una minoría que representa nuestra historia. No sólo se trata de un problema de ilegalidad, sino también de sensibilidad por los que nunca han tenido una palabra, un espacio, y confirma la política que el gobierno ha establecido de no escuchar, de no entender y de creer que sólo desde allá arriba se tiene la razón''.
Por separado, el senador Jorge Emilio González, del Partido Verde Ecologista de México, dijo que la ley indígena es ''una chatarra que sólo nos va a regir durante unos cuantos meses, por lo que en breve se tendrá que volver a legislar sobre el tema, si queremos tener paz en México''.
Señaló que a pesar de los avances en la actual reforma, ésta ''no será la definitiva y vamos a tener que legislar sobre otra más profunda, con más alcances, aunque los dueños del dinero en los estados y las zonas indígenas estén un poco temerosos, pero si queremos tener paz en México vamos a tener que avanzar un poco más''.
En tanto, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso de Sonora, Jesús Avila Godoy, manifestó que el hecho de que un número importante de legislaturas estatales haya rechazado las reformas constitucionales debe constituir un llamado ''moral'' al Congreso de la Unión para que haga un replanteamiento sobre el particular.
Indicó que con la aprobación de los congresos de Michoacán y Nayarit suman 17 las entidades que han aprobado la ley, pero esto no significa que ya haya sido consumada, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver una controversia constitucional promovida por quienes se oponen a la reforma.
A su vez, el diputado del PRI Alfredo López Aceves manifestó que quienes votaron a favor de la ley ''son incongruentes con la dignidad indígena'', toda vez que el contenido de la reforma constituye una flagrante violación a los derechos y cultura de las etnias del país, condición que provocará un verdadero problema social en México.